Bienvenidos al Rincón de Timoteo, ese tugurio literario donde la ironía se sirve en totuma y la crítica se reparte como aguardiente barato en fiesta patronal. Esta semana, queridos parroquianos, debemos ser más ordinarios que nunca, porque la realidad nos exige hablar sin corbata y sin maquillaje, con la lengua suelta y el humor picante que caracteriza al pueblo cuando se cansa de tanta pantomima oficial. Aquí no hay espacio para discursos perfumados ni promesas de campaña recicladas: lo que hay es hambre, inflación y un desfile de funcionarios que creen que la comunidad se alimenta de discursos, selfies y videos por Instagram. Así que prepárense, porque vamos a despellejar con gracia y sin misericordia a quienes se creen dueños del destino colectivo. El pueblo no necesita adornos, necesita verdades dichas con picardía, sarcasmo y la risa amarga que nos salva de la desesperanza.
En Salamina ya no tenemos alcalde, tenemos influencer. Manuel Fermín Giraldo, abogado de profesión y ahora graduado en la universidad de Instagram, decidió que gobernar es posar, que administrar es subir historias y que rendir cuentas es publicar selfies con filtro. Y claro, como la ley obliga a informar sobre las labores de la administración, él y sus amigos de la oficina de publicidad creen que cumplir es llenar las redes de propaganda institucional, financiada con la plata de nosotros, los contribuyentes, los mismos que pagamos predial hasta por el ranchito en la calle del Hipódromo.
Pero ojo, porque esa oficina no es de comunicaciones de un ente estatal, es un circo de soberbia. Los comunicados de prensa que deberían aparecer en la Gaceta del Municipio, publicación obligatoria, brillan por su ausencia. La web oficial, que debería ser el canal serio y transparente, está más muerta que la campana vieja de la parroquia. La famosa Gaceta, que en teoría es un tablero público dentro de la alcaldía, apenas sirve para pegar de vez en cuando un papel arrugado, como si la transparencia fuera un favor y no un deber.
Por eso le voy a pedir a Don Mercurio, que se las sabe todas en leyes, que nos explique cómo es el asunto legal de esa Gaceta, porque aquí lo que vemos es un show digital pagado con impuestos, mientras la información oficial se esconde en cajones. Influencer sí, alcalde poco.
Dicen que la primera impresión nunca se olvida, y en Salamina esa impresión empieza en la galería, justo donde arranca la calle real, única entrada desde Manizales. Allí el turista se topa con bares abiertos de par en par, música atronadora y un ambiente que más parece verbena permanente que puerta de bienvenida a un pueblo patrimonio. Entre el bullicio, lo que se percibe es un desorden que no invita a la cultura, sino a la parranda sin control.
Mercurio lo dijo con elegancia: la carretera es estrecha, destapada y sin señalización, y cuando por fin aparece el pueblo, la panorámica es bonita, con techos uniformes y torres blancas que enmarcan el paisaje. Pero apenas se mete uno por la calle principal, ¡zas!, parqueadero de motos, bares con música atronadora y ambiente pesado. Y si la noche avanza, el parque se convierte en cantina: caballos atravesando las calles, botellas rodando por las bancas y un ruido que no deja dormir ni a los santos de la iglesia.
El visitante que llega con ilusión se encuentra con un espectáculo que desanima. No somos mojigatos, pero un pueblo patrimonio debería tener reglamentación estricta en sus áreas de conservación. Aquí, en cambio, lo que reina es la improvisación y la soberbia de quienes creen que gobernar es posar en Instagram. Porque al influencer de turno le encanta el amarillito en la chiflada, mientras el pueblo se hunde en ruido, licor y desorden.
Y lo más triste es que la información oficial, la que debería estar en la Gaceta del Municipio o en la web institucional, brilla por su ausencia. Los comunicados se esconden, los turistas se desaniman y la comunidad se acostumbra a que la plaza sea más cantina que patrimonio. Así, el tesoro de la Samaria brilla, sí, pero el pueblo queda como vitrina rota.
Ayer me puse a ver el “en vivo” del Concejo en la instalación de sesiones y, francamente, da grima. La mayoría de concejales parecen no saber qué están haciendo allí, con raras excepciones que apenas salvan la vergüenza. Uno, que se confiesa ignorante, entiende perfectamente que una obra comienza con la adjudicación del contrato, la firma y el pago del anticipo. Pues bien, esa obra contratada con dineros de la Gobernación se inició en noviembre y ya vamos para tres meses sin que se mueva una sola piedra en la carretera.
Un concejal, con buena intención, presentó una proposición para nombrar una comisión incidental de veeduría. No fue la mejor presentación, cierto, pero la idea era clara: vigilar que esos recursos ajenos al municipio se inviertan bien. La mayoría votó en contra, y lo peor vino después: argumentos tan pobres que un niño de segundo grado los habría expresado mejor. Decir que “como la obra no ha empezado no hay nada que vigilar” es la excusa más fatuosa que se ha escuchado. Precisamente porque no ha empezado es que hay que preguntar por qué y cuándo.
Aquí hay que sacar la cara por el concejal que presentó la proposición y por el presidente del Concejo, que mostró buena voluntad aunque poco manejo legal. Lo demás es pura improvisación y falta de cultura política.
Y aquí viene lo más grave: la obligación de la Gaceta Municipal. Por ley, todo acto administrativo, toda decisión del Concejo y del alcalde debe publicarse en la Gaceta, que es el medio oficial de comunicación con la ciudadanía. No es un favor, es un deber. Sin publicación en la Gaceta, los actos carecen de validez frente al ciudadano. Pero en Salamina la Gaceta es un tablero polvoriento en la alcaldía, donde de vez en cuando pegan un papel arrugado. Eso no es transparencia, eso es burla.
La Gaceta debería ser accesible, pública y constante, porque allí se registran las proposiciones, las votaciones y los acuerdos. Si la proposición de veeduría hubiera quedado en la Gaceta, el pueblo sabría quién votó en contra y con qué argumentos. Pero como no se publica nada, la comunidad queda a oscuras y los concejales se esconden detrás de su mediocridad.
En conclusión, Salamina no necesita influencers ni concejales improvisados. Necesita instituciones que cumplan la ley, que publiquen en la Gaceta y que ejerzan control sobre las obras. Porque si seguimos con el silencio oficial y el ruido de las redes, el pueblo patrimonio se convertirá en pueblo fantasma, donde la transparencia se cambia por propaganda y la cultura política por circo barato.
¡Ah, señores! Esta semana nos desayunamos con dos comunicados de prensa sobre la aprobación del presupuesto de rentas y gastos de Salamina para la vigencia 2026. Uno, firmado por la alcaldía, con cifras millonarias y la lista de concejales que votaron a favor y en contra, como si fuera un cuadro de honor o de deshonor. El otro, de la bancada verde, explicando las razones de su voto negativo. Y, la verdad, parece que tienen más sustento que los discursos oficiales.
El presupuesto aprobado suma $33.674 millones, un aumento del 7,5% frente al año pasado. Pero ojo: el 85% viene del gobierno nacional y apenas el 15% es esfuerzo propio. Eso se llama pereza fiscal, porque aquí nadie quiere meterse en el lío de recaudar más, no vaya a ser que se les acabe la popularidad.
Lo curioso es que el presupuesto se aprobó en noviembre y apenas en enero lo publican, con esa dosis de veneno de señalar quién votó qué. ¿Y las razones de los que aprobaron? Bien gracias, silencio total. Porque si los que negaron se tomaron el trabajo de explicar, los que aprobaron deberían también rendir cuentas al pueblo.
Ocho votos a favor y cinco en contra no es unanimidad, es señal de que algo huele raro. ¿Hubo condicionamientos? ¿Hubo exigencias bajo la mesa? Ante la falta de explicaciones, las especulaciones crecen como maleza.
En fin, señores concejales: recuerden que representan al constituyente primario, al pueblo. Y el pueblo no se alimenta de comunicados con veneno, sino de transparencia y razones claras.
¡Ay, Salamina! Mientras el modelito de Instagram anda feliz con sus filtros y sus historias de color amarillito, la realidad le cayó encima como baldado de agua sucia. Resulta que el ciudadano Enrique Arbeláez Mutis, curtido en acciones populares, le ganó un fallo al municipio por el alcantarillado de San Félix. Y no es cualquier cosa: el juzgado declaró que el municipio vulnera derechos colectivos tan básicos como la seguridad, la salubridad y la prestación eficiente de servicios públicos.
En otras palabras, el influencer de la alcaldía tendrá que dejar el celular y ponerse a trabajar en lo que le dejaron de herencia Ospina Rosas y doña Constanza: un alcantarillado colapsado, tuberías sin calidad técnica y aguas negras corriendo por las calles. El fallo ordena estudios técnicos completos, cronogramas claros y un plan de mejoramiento que no se resuelve con un “en vivo” ni con un reel de Instagram.
Lo más sabroso es que la sentencia obliga a conformar un comité de verificación con el Personero, la Procuraduría, Corpocaldas y el mismo accionante, para que cada seis meses rindan cuentas. O sea, aquí no hay espacio para maquillaje digital: habrá veeduría permanente y los habitantes de San Félix estarán vigilando que el municipio cumpla.
Así que, señor alcalde influencer, ya no basta con posar en la plaza ni con subir fotos de caballitos y faroles. Le toca enfrentar la realidad: arreglar el alcantarillado, garantizar salubridad y demostrar que gobierna más allá de las redes sociales. Porque el pueblo no necesita filtros, necesita agua limpia y calles sin contaminación.
