El cielo enrejado de Salamina: El millonario olvido que duerme en el Ministerio de Cultura
Quien llega a Salamina por primera vez y levanta la mirada buscando el fulgor que le dio el apodo de «Ciudad Luz», se tropieza de frente con una telaraña negra y caótica. No es una sombra de la neblina andina ni el humo de alguna molienda lejana; es un enrejado de plástico, cobre y fibra óptica que cuelga, pesado y perezoso, de los aleros tallados por Eliseo Tangarife. En la tierra de la carpintería suntuosa, donde cada balcón de cedro y cada calado de madera es un poema a la paciencia de la colonización, el siglo XXI decidió instalar su monumento más feo: la impune contaminación visual de las empresas de servicios públicos.
Caminar por la Calle Real o detenerse en la esquina de la licorera es un ejercicio de contradicciones. Abajo, la arquitectura de bahareque resiste el tiempo con la dignidad de sus dos pisos rigurosos; arriba, los cables de telefonía, televisión e internet forman nudos ciegos que se descuelgan como lianas negras, rozando las cabezas de los transeúntes y asfixiando las fachadas declaradas Monumento Nacional. Sin embargo, lo más trágico de este paisaje no es su fealdad evidente, ni el riesgo latente de que un cortocircuito convierta una casona centenaria en cenizas en cuestión de minutos. Lo verdaderamente doloroso es saber que este laberinto aéreo hace casi una década tiene una orden de demolición firmada, aprobada y engavetada en los escritorios de la desidia oficial.
El decreto que duerme el sueño de los justos
Para entender la dimensión del descaro, hay que viajar en el tiempo hasta el año 2017. En ese entonces, tras años de ruegos y estudios técnicos, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución 127 de 2017, mediante la cual se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para Salamina. Aquello no fue un saludo a la bandera ni un catálogo de buenas intenciones decorativas. El PEMP es la ley máxima de protección para un bien de interés cultural, y en su corazón financiero y técnico quedó consignado, con recursos y viabilidad, el proyecto de soterramiento —o subterranización— de las redes de servicios públicos del centro histórico.
La lógica era impecable: enterrar los cables para salvar el paisaje, devolverle al pueblo su cielo limpio, potenciar el turismo patrimonial y, sobre todo, blindar las estructuras de madera contra la amenaza de incendios. El dinero estaba allí, la bendición jurídica estaba dada y el Ministerio de Cultura había puesto el sello definitivo. Solo faltaba una cosa, un pequeño detalle que en la política de nuestra provincia suele ser el más escaso de los recursos: la voluntad de un gobernante que quisiera trabajar por el futuro del pueblo y no por el beneficio de su propio ego.
Desde que se firmó esa resolución en 2017, la alcaldía de Salamina ha visto desfilar mandatarios de todos los pelambres y promesas. Pasó el alcalde de la época, pasaron los secretarios de planeación con sus discursos de tecnócratas, pasó luego la polémica administración de Juan Pablo Ospina Rosas —más ocupado en mover los hilos de la burocracia que en limpiar el espacio público—, y finalmente aterrizamos en el presente, bajo el mandato de Manuel Fermín, a quien en las calles ya apodan con sorna el «alcalde modelo de Instagram».
Cuatro administraciones. Cuatro hombres sentados en el sillón principal del despacho municipal, justo al frente de la plaza de Bolívar, viendo todos los días por la ventana el mismo enredo de cables sin que a ninguno se le moviera un pelo de la ceja por rescatar el proyecto. Ninguno ha tenido los pantalones, ni el interés, ni la decencia de viajar a Bogotá a desempolvar la Resolución 127, exigir los recursos y coordinar con los operadores de telefonía el desmonte de esa basura aérea.
La estética del abandono
«Es que eso es muy caro y romper las calles da mucha lidia», dicen los lambones de turno en los cafés, justificando la inacción del gobierno local con la misma mediocridad con la que justifican que el parque principal se haya convertido en una cantina a cielo abierto y un estacionamiento de motos. Claro que es complejo; enterrar la infraestructura de un pueblo colonial requiere ingeniería, concertación y carácter para pararse firme frente a las multinacionales de las telecomunicaciones que tiran cable por el aire porque les sale más barato dejar el viejo muerto que mandar una cuadrilla a retirarlo. Pero para eso se elige un alcalde, no para que actúe como un agente viajero o un relacionista público que solo busca la foto sonriente para las redes sociales mientras el pueblo se cae a pedazos arquitectónicos.
La falta de autoridad es galopante y el soterramiento es la prueba reina. Mientras el proyecto duerme en el Ministerio, la invasión del espacio visual avanza a pasos de gigante. Hoy en día, los cables ya no solo cruzan de poste a poste; se amarran de las barandas de los balcones patrimoniales, se empotran con tornillos ordinarios sobre los tapiales antiguos y cuelgan sobre los andenes comerciales, como ocurre en la Calle Real, combinándose de forma grotesca con los comercios que se han tomado las aceras. Salamina parece una finca sin mayordomo donde cada operador privado hace lo que le da la gana con la fachada ajena porque sabe que en la alcaldía nadie vigila, nadie sanciona y nadie se atreve a incomodar a los poderosos del cable.
La mirada de los guardianes de la memoria
Si uno se sienta en una de las bancas del Parque de Bolívar, esquivando los carros mal parqueados y el ruido de los bafles de los puestos de dulces, puede escuchar el murmullo de los viejos que sí recuerdan cuando Salamina tenía rumbo. Personajes de nuestra cotidianidad, hombres de la talla de Majencio —ese viejo robusto que con su metro y cincuenta de estatura conoció la dignidad del trabajo de la tierra— miran hacia los techos de la alcaldía y menean la cabeza con amargura.
—»Mire esa telaraña, patrón», sabotea Majencio mientras se acomoda la ruana. «Esos de la alcaldía se la pasan hablando de proyectos modernos y tecnología, pero les quedó grande enterrar unos cables que nos van a quemar el pueblo un día de estos. Mucho viaje a Bogotá para pasear, pero ninguno trae el bendito papel para limpiar el cielo».
Y la razón le sobra al viejo. Mientras el ciudadano de a pie madruga a ganarse el sustento y cuida su fachada con pintura y esmero para mantener el título de pueblo patrimonio, los de arriba siguen sumidos en el letargo de la burocracia. Prefieren la política del «tilín tilín», la de inaugurar una baldosa o tomarse un tinto con un ministro para la foto de la semana, que meterse las manos al barro y ejecutar una reforma estructural que cambiaría la historia estética y económica de Salamina para los próximos cincuenta años.
El progresismo estatal y la desidia de los gobernantes de turno nos han querido acostumbrar a que el desorden es inevitable, a que la contaminación visual es el precio del progreso y a que los proyectos archivados son la norma. Nos quieren ciudadanos resignados, mudos, que miren al suelo para no ver cómo nos enrejan el horizonte. Pero la memoria sin ruido de este pueblo no se apaga tan fácil.
La Resolución 127 de 2017 de Mincultura sigue allí, como un fantasma jurídico que acusa la incompetencia de los alcaldes que hemos tenido. Los recursos existieron, el aval legal permanece y la necesidad es un grito diario en cada esquina invadida. Enterrar los cables en Salamina no es un capricho estético para complacer a los fotógrafos de turismo; es un acto de supervivencia patrimonial, una deuda histórica con los fundadores y la única forma de demostrar que la «Ciudad Luz» merece seguir llamándose así, y no la «Ciudad de la Sombra y el Cable».
El soterramiento de las redes es, en el fondo, la metáfora de nuestro propio letargo: dejamos que nos enrejaran el panorama por no exigirle carácter a los de arriba. Por eso, la verdadera sacudida debe ocurrir en las urnas. Dejar el destino del municipio en manos del progresismo burocrático o de mandatarios ausentes es condenar a Salamina al desmoronamiento estético y moral. Este pueblo cafetero, libre y laborioso, necesita líderes que crean en el esfuerzo de su gente y que tengan la decencia de desempolvar los recursos que duermen en Bogotá. Menos discursos de corbata, menos complacencia con el desorden y mucha más gestión real.
Es por esto que la tarea no da espera hasta el día de la votación; desde ahora mismo, la ciudadanía consciente tiene el deber de perfilar y buscar a las personas idóneas, capaces y con los pantalones bien puestos para la próxima alcaldía. Quien asuma el cargo recibirá un municipio profundamente desordenado en sus calles, financieramente endeudado y socialmente desmoralizado por la desidia. Necesitamos rescatar a Salamina con gerencia, honestidad y un compromiso inquebrantable con el capital humano. Nos lo deben los que ya se fueron y se lo debemos a los que vienen detrás: el derecho inalienable a contemplar, sin cables de por medio ni ruina institucional, el milagro de nuestra propia tierra.
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Da lástima de los administradores que ha tenido nuestr Pueblo Patrimonio. La Ciudad Luz, pero las administraciones siempre brillan por su ausencia. Porque el patrimonio no les da plata. Entonces lo que sea fuera del cemento no les sirve. Por eso estamos cada vez peor. Nos falta mucho sentido de pertenencia y amor por lo nuestro