El mal de la planificación: la soberbia de gobernar para el día a día

Existe una dolencia crónica que carcome los cimientos institucionales de nuestras administraciones locales. Es un mal recurrente que, para no pecar de soberbios ni generalizar más allá de lo que la evidencia permite, se manifiesta con alarmante nitidez en la geografía administrativa del departamento de Caldas. Hablamos de la preocupante, y por momentos descarada, ausencia de verdaderos procesos de planificación. Gobernantes van y vienen, los periodos se agotan en medio de un activismo estéril y el territorio, lejos de avanzar sobre una ruta clara, se estanca en la improvisación y el cortoplacismo.

La esencia misma de la administración pública radica en la capacidad de proyectar el futuro. Un plan de desarrollo no debería ser un requisito burocrático que se diligencia para cumplir con la ley y asegurar la aprobación de un presupuesto; debe ser la hoja de ruta técnica, evaluable y rigurosa de una sociedad. Sin embargo, la realidad que golpea a nuestros municipios es radicalmente distinta. Lo que hoy se presenta ante los concejos municipales son programas cargados de subjetividad, documentos etéreos y gaseosos que carecen de metas medibles y de un anclaje real con las necesidades de la población. Al ser construidos sobre el deseo político y no sobre el diagnóstico científico, la planeación termina brillando por su total ausencia.

En este escenario de vacuidad conceptual, las secretarías de planeación han sufrido una mutación funcional degradante. Quienes deberían ser los arquitectos del desarrollo territorial, los llamados a diseñar el crecimiento urbano, la infraestructura rural y la sostenibilidad ambiental para las próximas décadas, han sido reducidos a simples tramitadores de licencias. El secretario de planeación actual opera, en la gran mayoría de los casos, como un firmón de permisos de construcción y autorizaciones menores. Su labor es reactiva, no proactiva. Se ha perdido por completo la capacidad de planificar a cuatro años el rumbo de un municipio, de definir con claridad hacia dónde se expandirá el casco urbano, cómo se protegerán las fuentes hídricas o de qué manera se articulará la economía local.

El costo de vivir en el día a día

Al no existir una brújula de largo aliento, las administraciones municipales se limitan, en el mejor de los casos, a intentar tapar los huecos que van apareciendo en el camino. Se gobierna para la contingencia del lunes, para el reclamo comunitario del martes o para el escándalo mediático del miércoles. La gestión pública se transforma en un ejercicio de supervivencia diaria, donde los recursos públicos —siempre escasos— se dilapidan en mitigar las urgencias del momento, en lugar de invertirse en soluciones estructurales.

Este modelo de gestión de «bombero», que solo actúa cuando el incendio ya es incontrolable, es el directo responsable del estancamiento socioeconómico de la región. Cuando una alcaldía se limita a suplir las necesidades del día a día, solo cuando tiene la voluntad de hacerlo o cuando la presión social no le deja más opción, renuncia explícitamente a construir futuro. Un municipio no puede progresar si su máxima aspiración administrativa es el bacheo de una calle o la entrega de un subsidio asistencialista. El desarrollo requiere continuidad, infraestructura física y social de gran calado, y políticas públicas que sobrevivan a los vaivenes electorales de cada cuatro años.

El espejo de la planificación continua

La gran tragedia de nuestra región es que el subdesarrollo no es un mandato del destino, sino el resultado directo de nuestras decisiones políticas y administrativas. Para entender el tamaño de nuestro rezago, basta con mirar al otro lado de la frontera departamental. La gran diferencia histórica y el éxito de regiones como Antioquia radica en que allí se entendió, hace décadas, que la planeación es un proceso continuo que no pertenece a un alcalde o a un partido, sino al territorio.

Mientras en Caldas nos desgastamos rediseñando el municipio cada cuatro años según el capricho del mandatario de turno, en el departamento vecino se manejan agendas de planificación proyectadas a 25 años. Hoy, los planificadores antioqueños están ejecutando y desarrollando los proyectos que se pensaron y estructuraron una o dos décadas atrás. Existe una posta institucional donde el gobernante que llega respeta la herencia técnica de su antecesor y construye sobre lo construido.

En contraste, nuestro panorama es desolador. Nosotros nos encontramos hoy intentando planificar el presente con las herramientas, las visiones y las soluciones que debieron haberse implementado hace diez años. Estamos permanentemente desfasados en el tiempo, persiguiendo un progreso que se nos escapa porque caminamos mirando el suelo, cuidando de no tropezar con el siguiente bache, mientras otros corren con la mirada puesta en el horizonte.

Hacia una reforma de la cultura administrativa

Superar este fracaso colectivo y salir del subdesarrollo estructural nos exige transformar de raíz la cultura administrativa local. El control social y la veeduría ciudadana deben empezar a castigar la improvisación. No podemos seguir aplaudiendo al gobernante que inaugura obras menores sin conexión con un plan global, mientras ignoramos la ausencia de proyectos de gran envergadura que transformen la matriz productiva y la calidad de vida de la región.

Las secretarías de planeación deben recuperar su dignidad técnica. Deben ser asumidas por expertos en ordenamiento territorial y desarrollo económico, blindadas de las cuotas políticas que exigen resultados inmediatos para alimentar clientelas. Los planes de desarrollo deben ser sometidos a rigurosas evaluaciones de impacto, con indicadores financieros y sociales que no permitan la vaguedad ni la retórica gaseosa que hoy abunda.

El tiempo corre y la brecha con las regiones que sí planifican se ensancha cada día más. Seguir gobernando bajo la premisa del día a día, ignorando la ciencia de la planificación y limitando la acción del Estado a la contingencia inmediata, es una irresponsabilidad histórica que condena a las próximas generaciones. Es hora de exigirle a la clase dirigente que levante la mirada, que guarde los discursos subjetivos y empiece a trazar, con rigor técnico y visión de futuro, el mapa del territorio que merecemos habitar.