En la «Ciudad Luz» de Colombia, una sombra se pasea por las redes sociales, pero no lleva nombre propio ni rostro conocido. Se esconde tras el apellido de un veedor respetado de San Félix para convertir el debate público en un linchamiento mediático. El perfil anónimo «Mutis San Félix» ha dejado de ser una fuente de opinión para transformarse en un paredón digital donde se fusila la reputación de todo aquel que se atreva a cuestionar la gestión del alcalde de turno.
El modus operandi es tan sofisticado como perverso. No son insultos al aire; son comunicados estructurados con citas de leyes y decretos, diseñados para parecer oficiales. Sin embargo, su objetivo es único: la coacción. Cuando los concejales Rocío Marulanda y Wilson Gil decidieron, en uso de su autonomía, no avalar un millonario endeudamiento para el municipio, la «máquina de lodo» se encendió. Se les acusó de «darle la espalda a Salamina», ignorando que su voto protegía las finanzas de un pueblo que ya carga con deudas históricas.
El caso del concejal Luis Alberto Patiño García es el ejemplo más claro de la persecución política en la era digital. Patiño, quien ha mantenido una postura de independencia, cometió el «pecado» de negar el permiso de salida del alcalde a República Dominicana y de oponerse a un empréstito de $3.300 millones que elevaría la deuda pública a niveles alarmantes.
La respuesta no fue un debate técnico, sino un ataque visceral. Se le señaló de tráfico de influencias por un hotel del cual es administrador, sacando a relucir procesos administrativos sin fallos en firme. Como bien dice el concejal en su valiente descargo: «Comienzan a circular panfletos… después de haber ejercido mi deber con independencia». Es la clásica estrategia de distracción: si no puedes refutar el argumento (la deuda), destruye al argumentador.
Recientemente, la tensión subió de tono con la aparición de otras voces, como la de «Isaac Montalcini», quien puso el dedo en la llaga al cuestionar el destino de los recursos del Bicentenario y la falta de obras de impacto tras meses de «fiesta, fanfarria y foto». La reacción de «Mutis San Félix» no se hizo esperar, recurriendo a la ironía de exigir «transparencia» y «nombres propios», mientras ellos mismos siguen operando desde la clandestinidad de un seudónimo usurpado.
Es un juego de espejos peligroso. Mientras el perfil anónimo insta a los concejales, como Juan José Hurtado Cañón, a acudir a la Fiscalía y a la Contraloría, olvida que la labor del concejal es precisamente el control político público. Exigir que las denuncias se queden solo en los despachos judiciales es una forma elegante de pedir que el pueblo no se entere de lo que pasa con su dinero.
Lo más doloroso para la democracia salamineña es el uso del nombre «Mutis». Al apoderarse de la identidad de un hombre que ha dedicado años a acciones de cumplimiento reales ante la justicia, el administrador de este perfil falso comete un acto de vampirismo civil. Roba el prestigio de uno para perseguir a otros.
Mientras la web oficial del municipio permanece en la opacidad, sin publicar contratos desde agosto de 2025 y ocultando la Gaceta Municipal en una cartelera física de difícil acceso, estos perfiles «bodega» operan con una eficiencia sospechosa. Parecen tener una agenda que coincide milimétricamente con los intereses del figurín de turno, agachando la cabeza ante el derroche y atacando ferozmente a los «fletados» que no se dejan comprar.
Salamina no puede permitir que su destino se dicte desde perfiles sin rostro. La libertad de prensa y el control político de los concejales son los últimos diques que contienen la improvisación y el ego.
La justicia colombiana, a través de la Sentencia T-015 de 2022, ya ha advertido que el bloqueo y el hostigamiento digital desde el poder son ilegales. Hoy, el «Mutis» falso trata de silenciar a quienes cuidan el bolsillo de los salamineños. Pero el silencio no es opción. Como ciudadanos, debemos exigir que la política se haga de frente, con nombre y apellido, y no desde la alcantarilla de un perfil falso que hoy mancha la luz de nuestro amado terruño.
La seguridad de un pueblo empieza por la verdad, y la verdad no necesita esconderse tras un seudónimo.
La jurisprudencia colombiana ha sido clara:
• La Sentencia T-015 de 2022 de la Corte Constitucional advierte que el hostigamiento digital, el bloqueo informativo y la persecución mediática desde posiciones de poder o influencia vulneran los derechos a la participación política, la honra y el debido proceso.
• La Ley 1755 de 2015 y el Decreto 103 de 2016 obligan a los municipios a publicar actos administrativos, contratos y gacetas en plataformas digitales accesibles y actualizadas.
• La Ley 2169 de 2022 (Marco de Protección de Datos y Servicios Digitales) establece deberes de diligencia para las plataformas frente a contenidos que atenten contra la integridad o la democracia local.
Ante esto, el camino no es la resignación, sino la acción institucional coordinada:
1. Denuncias penales por suplantación, injuria calumniosa y hostigamiento digital ante la Fiscalía.
2. Acciones de tutela o quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por violación al derecho de acceso a la información pública.
3. Reportes documentados a las plataformas digitales, invocando sus políticas contra la suplantación y el acoso coordinado.
4. Activación de veedurías ciudadanas y medios independientes que contrasten la narrativa de redes con los datos oficiales, rompiendo el monopolio del rumor.
Salamina no necesita más profetas del anonimato. La democracia local se fortalece cuando el debate se sostiene en datos verificables, en nombres que responden por sus palabras, y en instituciones que cumplen con publicar lo que hacen. El control político no es un acto de guerra, es un ejercicio de cuidado cívico. Quienes lo ejercen con independencia merecen respaldo, no linchamiento.
La luz de Salamina no se apaga por falta de obras, sino por exceso de sombras.
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Quiero dirigirme a ustedes con total claridad y responsabilidad frente al debate que hoy se quiere desviar con videos y ataques que buscan confundir a la opinión pública.
Mi voto negativo al empréstito no significa que me oponga a las necesidades de nuestra gente. Por el contrario, siempre he defendido las obras y las inversiones que verdaderamente mejoren la calidad de vida de las comunidades. Mi posición es firme porque considero irresponsable comprometer al municipio y a las futuras generaciones con una deuda cercana a los 7 mil millones de pesos, cuando después de casi tres años de gobierno aún no vemos grandes obras que respalden semejante endeudamiento.
La pregunta que hoy debemos hacernos es clara: ¿dónde está la inversión real para las comunidades?, ¿dónde está el compromiso con Salamina, con nuestros campesinos y con nuestro corregimiento de San Félix? ¿Dónde están las obras de impacto que justifiquen llevar al municipio a una deuda histórica?
Las pequeñas obras que hoy quieren mostrar como gestión del señor alcalde no son recursos conseguidos por eficiencia administrativa; son recursos prestados que entre todos los ciudadanos tendremos que pagar durante años.
Como concejal, la gente me eligió para cuidar los recursos de todos. Porque antes que político y concejal, también soy ciudadano, y cualquier decisión mal tomada termina afectando directamente a las familias que confiaron en mí para representarlas.
No nos dejemos engañar. Las cosas no están bien y señalarlo no es hacer oposición destructiva; es cumplir con la responsabilidad de defender los intereses de la comunidad.
Gobernar no es endeudar al pueblo para aparentar gestión. Gobernar es administrar bien, priorizar las necesidades de la gente y ejecutar con responsabilidad los recursos públicos.
Seguiré defendiendo los intereses de la comunidad con independencia, transparencia y carácter, porque mi compromiso siempre será con la gente y no con los aplausos políticos.