Hablar de educación en la ruralidad de modo historiográfico y en clave de presente, como punto de partida, para la reflexión, se precisa con urgencia enunciar lo consagrado en la normatividad fundamentada a través de la Ley 115 de 1994, Artículos 64 – 67, por medio de los cuales se estructura las bases que establecen la educación campesina instituida por la legislación y el Gobierno Nacional e implementadas por las entidades territoriales quienes determinaron al tenor de lo dispuesto en esta ordenanza […] se deberá promover un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal e informal con sujeción a los planes de desarrollo respectivos, en tanto entonces dicho servicio educativo comprenderá y hará énfasis especial a la “formación técnica” en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción de alimento en el país. (Congreso de La República, 1994).
En consecuencia, desde esta configuración reglamentaria se hace alusión a una educación inequitativa, toda vez que los programas y planes de estudio para este sector del territorio colombiano son estructurados para formar hombres y mujeres para el trabajo técnico propio del campo, en forma generalizada propia de una escuela tradicional instrucción-alista, automatizada y estigmatizan-te.
De acuerdo con esta ordenanza ministerial en la apuesta por la educación escolar campesina, a mi ver, esta ecuación entorpece con potencia y significativamente el derecho a elegir según las expectativas individuales en la ruta de conocimiento trazada según los intereses y necesidades del sujeto que estudia, no obstante, se anula la probabilidad de gestionar una educación intelectual, académica y científica, para las artes e investigativa, sustentada en los nuevos desarrollos científicos, de suerte que permita la emancipación del aprendiente a partir del pensamiento crítico, creativo, práctico y emprendimiento, vertida en una educación planteada desde la inteligencia colectiva y trabajo colaborativo, con habilidades sociales y ciudadanas, entre otros y, teniendo en cuenta por una parte las necesidades de la comunidad y el territorio, y de otro lado que puedan aportar a la transformación social en igualdad de condiciones, formados bajo los mismos estándares de calidad y oportunidad de sus pares en las mejores instituciones educativas ubicadas en los territorios urbanos. Asimismo, y en concordancia con lo esclarecido, no se tiene estructurado dentro del proyecto educativo institucional una estrategia pedagógica que impacte de forma directa la educación para la cultura de la paz, la convivencia y la democracia solidaria.
En otro orden de ideas, además de la afectación remitida por la esencia misma de la estructura del sistema educativo que impacta de forma particular estos territorios campesinos, emerge así mismo inherentemente el abandono estatal, en tal sentido que acrecienta exponencialmente el cumulo de necesidades normalizadoras del caos en estos territorios. Frente a esta realidad, se evidencia que la ocurrencia de la pobreza monetaria y multidimensional afecta directamente el entorno educativo, en tanto disuade la presencia de los maestros mejor calificados, procrastina la inversión en infraestructura, impide el desarrollo de programas y proyectos para mejorar la calidad de vida, y, aumenta las tasas de fracaso académico y deserción escolar, entre otras realidades.
De todo esto se desprende en atención a esta realidad, características que impiden, además, el cumplimiento de lo regulado en la Ley 115 de 1994, Art. 66 (Congreso de La República, 1994), donde se decreta que “los estudiantes de establecimientos de educación formal en programas de carácter agropecuario, agroindustrial o ecológico, deberán prestar el servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población campesina de la región”. Propuesta desde la cual se propicia como resultado que se normalice la involución en el avance de la formación de la comunidad, incrementando así las brechas de analfabetismo y desesperanza de la población (Parra, Mateus, & Mora, 2018).
Dentro de este orden de ideas, habrá que decir del mismo modo, que una de las mayores problemáticas en materia de educación en las comunidades rurales de Colombia es la dispersión poblacional. Según indica el (IGAC, 2015), el área geográfica del país es de 114 millones de hectáreas, de las cuales el 99.6 % es decir 101.2 millones de hectáreas está conformado por la ruralidad, caracterizado por tener una muy baja concentración de población, sumergidos, la gran mayoría, además de otros padecimientos, en la pobreza extrema y multidimensional, tal como ya se ha insinuado, determinado por la configuración de una muy baja calidad de vida, mínimas oportunidades y reducida probabilidad de acceso al nuevo desarrollo tecnológico e interconectividad, indispensables en la formación del educando postmoderno sea del campo, las cabeceras municipales o de la ciudad.
Cabe considerar, por otra parte, lo explicitado por el DANE (2019), organización que en este sentido reporta que el 15.8% de la población de Colombia vive en zona rural dispersa. Situación que describe un contexto educativo campesino desposeído de oportunidades, en razón del distanciamiento y difícil acceso hacia los centros urbanos desarrollados, de allí que, debido a estas circunstancias por consiguiente se perciba una mínima inversión en infraestructura, vías de acceso y transporte, servicios públicos básicos y Tics., entre otros. En efecto, la afectación y deterioro en virtud de estas y otras particularidades generadoras de inequidad y promotoras de sendas brechas sociales, culturales y económicas de gran incidencia en el deterioro del tejido social que en palabras de Hernández et al (201 7), quienes refieren que en el marco de la evolución y desarrollo educativo “es evidenciada la desigualdad, en los años de oportunidad de escolaridad que obtienen los estudiantes del sector urbano representado en 9.6 años, frente a 5.5 años alcanzados por los estudiantes del sector rural”.
A modo de conclusión, se precisa decir que, no obstante, de forma simultánea, frente a esta realidad, además y según el DANE (2018), el 13.8% de los (NNA) niñas, niños y adolescentes entre 12 – 15 años no asiste a la escuela por diferentes causas, tales como asumir labores y trabajos propios del campo para contribuir a la subsistencia familiar, la falta de oferta educativa de calidad en los niveles preescolar y media, incredibilidad de la comunidad en el futuro de la educación para sus hijas e hijos. Además de la ausencia de docentes bien cualificados con vocación, pasión y convicción para ejercer su labor en las zonas rurales, sobre todo en las más alejadas y dispersas. En clave de cierre, diré que, estos son algunos, entre otros, factores promocionados y potenciados por la orfandad del sistema educativo en estos territorios en los cuales por tales circunstancias perviven educandos en estado de extra edad escolar, ausentismo y deserción estudiantil continuada, analfabetismo en la comunidad campesina, tanto joven como adulta del territorio colombiano.
