La Sacudida Semanal de Majencio
Ayudas públicas convertidas en moneda electoral
En cada temporada electoral reaparece una vieja práctica que pareciera negarse a desaparecer del paisaje político colombiano: el uso de ayudas públicas como herramienta para presionar o influir en el voto ciudadano. Lo que debería ser una política social destinada a aliviar necesidades urgentes termina convertido, en algunos municipios, en un mecanismo de control político disfrazado de generosidad institucional.
En vísperas de elecciones parlamentarias, las denuncias suelen repetirse. Funcionarios locales, contratistas y líderes cercanos a las administraciones municipales recorren barrios y veredas entregando mercados, subsidios o promesas de programas sociales. Nada de esto sería cuestionable si respondiera exclusivamente a criterios técnicos o sociales. El problema surge cuando esas entregas vienen acompañadas de mensajes implícitos —o explícitos— sobre por quién “conviene” votar.
La línea entre la asistencia social legítima y el clientelismo electoral es, en estos casos, peligrosamente delgada. Cuando los recursos provienen del erario público, no pertenecen al alcalde, ni al concejal, ni a ningún movimiento político. Son recursos de todos los ciudadanos. Utilizarlos para inducir una preferencia electoral no solo distorsiona la competencia democrática, sino que además convierte la pobreza en instrumento político.
Las comunidades más vulnerables suelen ser las principales víctimas de estas prácticas. Personas que enfrentan necesidades reales terminan atrapadas en una lógica perversa: aceptar la ayuda puede implicar una presión moral o social para corresponder en las urnas. Así, el voto deja de ser un acto libre para convertirse en una transacción silenciosa.
Esta dinámica erosiona la confianza en las instituciones y debilita la legitimidad del sistema democrático. Cuando la política se reduce a la entrega de favores financiados con dinero público, el debate sobre ideas, programas y proyectos de país queda relegado a un segundo plano.
La democracia exige algo más que urnas abiertas y ciudadanos convocados a votar. Requiere condiciones de equidad, transparencia y libertad real para elegir. Mientras las ayudas públicas sigan siendo utilizadas como fichas en el tablero electoral, esa libertad continuará bajo sospecha. Combatir estas prácticas no es solo una tarea de los organismos de control; es también una responsabilidad colectiva para proteger la dignidad del voto y la integridad de lo público.
Catastro actualizado, advertencias que nunca llegaron
Durante el periodo 2020–2023, la Alcaldía de Salamina estuvo liderada por Juan Pablo Ospina Rosas, con la misma Secretaria de Hacienda que hoy continúa en el cargo. En ese contexto administrativo, el 28 de julio de 2023 entró en vigencia la Ley 2294, mediante la cual el Gobierno Nacional ordenó la actualización de los catastros rezagados en todo el país, proceso asignado al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
La disposición no era sorpresiva ni improvisada. Implicaba tareas claras para la administración municipal: hacer seguimiento técnico al proceso, informar oportunamente al Concejo y a la comunidad, preparar posibles alivios tributarios y diseñar estrategias para proteger a los propietarios ante el impacto fiscal que podría derivarse de los nuevos avalúos.
Sin embargo, no se conocieron campañas pedagógicas amplias, ni anuncios preventivos, ni propuestas de alivio fiscal anticipado. Hoy, numerosos propietarios enfrentan incrementos abruptos en sus obligaciones tributarias, situación que pudo ser gestionada con mayor previsión institucional.
La gestión pública exige anticipación y planificación. Cuando la ley advierte cambios estructurales, la responsabilidad local no es esperar la reacción ciudadana, sino actuar con información, medidas preventivas y claridad administrativa.
Alcalde en campaña permanente digital
Majencio, desde San Félix, lo dice sin rodeos: mientras Salamina espera soluciones concretas, el alcalde parece más concentrado en su ángulo que en su agenda. Rodeado de asesores de imagen y cámaras siempre listas, posa como influencer en campaña eterna, sonríe para la selfie y administra pensando en métricas. Cada publicación suma reacciones, pero resta tiempo para enfrentar los problemas que siguen creciendo en los barrios y en el campo. La política convertida en espectáculo puede entretener, pero no reemplaza la gestión seria ni la presencia institucional donde más se necesita.
Las redes sociales no pavimentan calles, no mejoran el hospital, no garantizan agua constante ni generan empleo. Gobernar no es actuar frente a un lente ni medir popularidad en comentarios. La administración municipal no puede transformarse en estudio de grabación mientras la comunidad exige respuestas urgentes y decisiones firmes. Salamina no necesita más transmisiones en vivo ni discursos editados con filtros; necesita planificación, ejecución y resultados verificables. La ciudadanía votó por un gerente público, no por un creador de contenido.
Majencio, voz incómoda del pueblo
Dicen que se le ve por el Alto, donde alguna vez estuvo Toriles, con un morral viejo lleno de libros y una botella de aguardiente que no se sabe si es compañía o símbolo. Barba desordenada, sombrero gastado y mirada profunda. Pero Majencio no es solo un hombre: es una necesidad. Cuando los pueblos callan demasiado, inventan voces. Salamina, con su mezcla de tradición, orgullo y resignación, encontró en él una figura que no pide permiso ni busca aplausos. Su tono es directo, a veces brusco, malhablado con intención. No insulta por deporte: sacude. Y en cada sacudida deja flotando una pregunta incómoda: ¿en qué momento nos acostumbramos a todo?
Majencio nace cuando el silencio se vuelve rutina y la política espectáculo. Cuando la indignación dura lo que una historia de Instagram y el ciudadano prefiere murmurar antes que exigir. No es líder ni candidato; su terreno es la conciencia pública. Figura satírica y espejo social, recuerda que el poder necesita vigilancia ciudadana. En su exageración hay verdad. Incomoda porque cuestiona. Y en pueblos pequeños, cuestionar duele. Pero callar, muchas veces, resulta más peligroso.
