El aire en Colombia lleva hoy un peso más espeso que la simple incertidumbre electoral: está cargado de desorientación política, fatiga institucional y una creciente sensación de improvisación en el ejercicio del poder.
A pocas semanas de las elecciones parlamentarias del 8 de marzo y con el horizonte presidencial de mayo cada vez más cercano, el país no solo debate programas y nombres: cuestiona la coherencia misma de su conducción política. La democracia colombiana entra en 2026 tensionada no solo por la polarización histórica, sino por un gobierno que prometió cambio estructural y hoy enfrenta el escrutinio de sus propias contradicciones.
El Pacto Histórico, coalición que llevó a Gustavo Petro al poder con un discurso de ruptura y transformación, atraviesa su momento más frágil. Lo que nació como una convergencia de fuerzas progresistas hoy exhibe fisuras evidentes: disputas internas, choques entre el Ejecutivo y su bancada, renuncias estratégicas y una desconexión progresiva entre la retórica de justicia social y la gestión cotidiana del Estado. La incapacidad para consolidar mayorías estables en el Congreso ha obligado al gobierno a gobernar a golpe de decreto, tensionando el equilibrio de poderes que decía defender.
En ese escenario, figuras como el senador Iván Cepeda aparecen en algunas encuestas como herederos naturales del proyecto político del petrismo. Sin embargo, su ascenso no logra ocultar el desgaste del relato oficial. La continuidad del proyecto ya no se presenta como una promesa de profundización del cambio, sino como un intento de preservar una narrativa que ha perdido claridad estratégica y capacidad de ejecución.
La oposición, lejos de ofrecer una alternativa cohesionada, se fragmenta entre partidos tradicionales desacreditados y figuras emergentes que capitalizan el descontento social. El crecimiento de candidaturas independientes con discursos de confrontación directa, como la de Abelardo de la Espriella, no es una anomalía: es el síntoma de una ciudadanía que percibe un vacío de liderazgo y se inclina hacia respuestas simples frente a problemas complejos.
Pero el problema central no es electoral: es institucional. El gobierno Petro ha entrado en una dinámica de conflicto permanente, no solo con la oposición, sino con organismos de control, la justicia y sectores del propio Estado. El reciente enfrentamiento público entre el presidente y Laura Sarabia, a quien acusó de recomendar interventores corruptos para las EPS, expuso no solo un posible escándalo administrativo, sino algo más grave: la descomposición de la confianza dentro del círculo más cercano al poder. Las denuncias cruzadas, lanzadas desde la tribuna presidencial, revelan una preocupante tendencia a sustituir los canales institucionales por el juicio mediático.
En el terreno económico, las contradicciones se acumulan. Mientras el Gobierno insiste en presentar sus resultados como “históricos”, los indicadores muestran un panorama mucho más ambiguo: caída sostenida de la inversión, aumento del déficit fiscal y un clima de incertidumbre que frena decisiones empresariales y golpea el empleo. La declaración de emergencia económica a finales de 2025, posteriormente suspendida por la Corte Constitucional, fue leída por amplios sectores como una admisión implícita del fracaso de la estrategia fiscal del Ejecutivo. La reacción del presidente —acusando al alto tribunal de bloquear el cambio— profundizó la sensación de un poder que, cuando encuentra límites, los presenta como conspiraciones.
El discurso redistributivo, bandera del proyecto progresista, se ha visto erosionado por medidas contradictorias: alivios tributarios selectivos combinados con nuevos gravámenes, mensajes ambiguos al sector productivo y una falta de pedagogía clara sobre el modelo económico que se pretende construir. La pregunta ya no es solo qué modelo propone el Gobierno, sino si existe realmente uno coherente.
En materia de seguridad, la llamada “paz total” enfrenta su mayor crisis. La coexistencia de diálogos intermitentes con grupos armados y el recrudecimiento de la violencia en regiones rurales y fronterizas ha desdibujado la estrategia oficial.
Los anuncios de suspensión y reanudación de negociaciones, sin resultados tangibles para las comunidades afectadas, han alimentado la percepción de improvisación y debilitado la autoridad del Estado en territorios históricamente vulnerables.
A esto se suma un deterioro en las relaciones internacionales, marcado por tensiones comerciales con países vecinos y decisiones diplomáticas que han generado incertidumbre en materia de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. La política exterior, que aspiraba a reposicionar a Colombia como referente regional, parece atrapada entre gestos simbólicos y costos prácticos no siempre calculados.
La memoria de la violencia política sigue presente como una advertencia incómoda. Colombia no puede permitirse normalizar el deterioro del debate público ni la erosión de las instituciones. La historia reciente demuestra que cuando la política se vuelve un campo de confrontación permanente y deslegitimación mutua, los costos los paga la democracia misma.
Hoy, Colombia no espera solo unas elecciones: espera dirección, claridad y responsabilidad. Las urnas de 2026 no definirán únicamente un nuevo Congreso o un presidente, sino el rumbo de un país que enfrenta el riesgo de confundir transformación con confrontación y liderazgo con denuncia permanente.
La pregunta que resuena con más fuerza ya no es quién ganará, sino si el sistema político será capaz de corregir sus derivas antes de que la desconfianza se vuelva irreversible.
Entre la promesa incumplida y el cambio aún posible, Colombia se encuentra ante un punto de inflexión que exige menos épica y más Estado, menos discurso y más coherencia.
