En Pácora una finca es mucho más que un pedazo de tierra: es el cafetal que sembró el abuelo, el potrero donde pastan las vacas, la mata de plátano junto a la casa y la quebrada que baja de la montaña para regar los cultivos y llenar los tanques de los acueductos rurales. En esas veredas, donde el oficio del campo se hereda de padres a hijos, el oro vuelve a quitarle el sueño a más de uno.
La noticia no es nueva. Hace cinco años que los habitantes de este municipio del norte de Caldas saben de empresas y particulares interesados en explorar su subsuelo, y lo que parecía una controversia de 2021 regresó con nuevos expedientes y una actuación reciente de la Agencia Nacional de Minería. El 3 de noviembre de 2026 la entidad publicó un aviso sobre una reunión de coordinación y concurrencia con las autoridades municipales, cuyo propósito es examinar áreas relacionadas con propuestas que podrían terminar en títulos mineros. Según explica la propia Agencia, se trata de una reunión técnica entre representantes institucionales, no de una asamblea abierta a la comunidad. Ahí está el nudo del asunto: mientras en las oficinas se revisan coordenadas, hectáreas y papeles, en las veredas hay familias que quieren saber qué será de las tierras donde han trabajado toda la vida.
Lo que dicen los expedientes
Una base de datos de Guardianes del Río, construida con información de la Agencia Nacional de Minería, registra 61 expedientes asociados con el municipio: 58 son solicitudes y tres son títulos. Conviene leer esas cifras con cuidado, porque una solicitud no equivale a una autorización para explotar minerales, y tampoco todos los expedientes están en la misma etapa ni corresponden únicamente a terrenos de Pácora.
Entre los registros recientes aparecen solicitudes presentadas en 2026 por Collective Mining Limited Sucursal Colombia. Una de ellas, la número 512293, fechada el 6 de febrero, cubre un área registrada de 1.581 hectáreas para oro, plata y cobre, y hay otras de junio y septiembre relacionadas con distintos metales. Eso demuestra un interés empresarial concreto, aunque por sí solo no prueba que vaya a levantarse una explotación de gran escala.
En medio de la polémica se ha dicho que nueve títulos y solicitudes podrían comprometer cerca del 70 % del territorio municipal. Es una afirmación demasiado grave para dejarla a la deriva y exige comprobación oficial: mapas actualizados, polígonos identificados y una cuenta honesta de cuánto terreno es realmente de Pácora, sin sumar áreas superpuestas ni confundir solicitudes con concesiones vigentes. Lo que sí está claro es que el municipio necesita la información completa, y la necesita antes de que los trámites avancen hacia decisiones difíciles de revertir.
Cuando Pácora levantó la voz
En 2021 el tema ya había sacado a la gente a la calle. Una investigación de UNIMINUTO Radio, publicada el 25 de octubre de ese año, recordó que la Agencia había identificado 22 propuestas de contrato de concesión relacionadas con el municipio, cinco de ellas en una etapa más avanzada. De esa inquietud nació Pácora Libre de Minería, una iniciativa ciudadana de personas decididas a defender el territorio frente a proyectos extractivos de gran escala. Entre ellas estaba Manuela Mejía Ángel, una joven pacoreña vinculada entonces a la Universidad Nacional, sede Manizales, que cuestionaba que tierras fértiles y productivas terminaran destinadas a la minería. Su testimonio dice lo que las estadísticas no alcanzan a decir: el miedo a perder una forma de vida construida alrededor del campo.
No era la única voz. LA PATRIA recogió ese año las quejas de habitantes de varios municipios caldenses sobre la manera como se convocaban las audiencias públicas mineras. Wilson López, dirigente cafetero de Pácora, pidió más publicidad y reclamó que las solicitudes se estudiaran una por una, con participación de quienes vivían en las áreas involucradas. Su razón era sencilla: no es lo mismo enterarse de una decisión cuando todavía se puede discutir que cuando el trámite ya está prácticamente cerrado. Cinco años después, la queja sigue vigente.
El agua, lo que más preocupa
En las montañas del norte de Caldas el agua vale algo que no aparece en las cotizaciones internacionales del oro. No necesita compradores extranjeros ni grandes inversiones para demostrar su importancia, basta con que falte. Un nacimiento abastece varias casas, una quebrada sostiene cultivos, animales y pequeños acueductos, y alterar una fuente puede golpear actividades que las familias han mantenido por generaciones. De ahí el temor de que la minería intervenga zonas de recarga hídrica o modifique las fuentes de abastecimiento.
Dicho esto, tampoco sería justo afirmar que toda solicitud minera traerá contaminación o destrucción. Los riesgos dependen del proyecto, del método de extracción, de los materiales empleados y de la geología de cada lugar, y por eso la discusión necesita estudios técnicos y no simples promesas.
En 2021, Arnaldo González Jaime, entonces presidente del acueducto de San Bartolomé y Castilla, le dijo a LA PATRIA que la minería podía traer recursos para el desarrollo municipal siempre que no afectara los ecosistemas estratégicos ni desestabilizara el Paisaje Cultural Cafetero. Su opinión muestra que el debate tiene matices: hay habitantes que no rechazan cualquier actividad minera y creen en oportunidades económicas bajo condiciones estrictas de protección ambiental, y otros que consideran los riesgos demasiado altos para un territorio que vive de la agricultura. Las dos posiciones merecen ser escuchadas. Lo que ninguna debería aceptar es una decisión tomada sin información suficiente.
Un antecedente que pesa
La preocupación tampoco se alimenta solo de lo que podría pasar. En una operación que divulgó el Ejército Nacional en 2026, las autoridades reportaron la intervención de una explotación ilícita de oro en la vereda Estación Pácora, con participación de unidades militares, la Policía y Corpocaldas. Fueron intervenidos retroexcavadoras, motobombas y una draga, y el Ejército advirtió sobre los daños ambientales de esa actividad.
Se trata de un asunto distinto al de las solicitudes legales de concesión, y no hay fundamento para atribuir a quienes piden títulos las conductas investigadas en aquel operativo. Pero el episodio deja ver que la minería no es algo ajeno al territorio, y que los controles ambientales tienen que funcionar de verdad.
¿Quién decide lo que pasa en Pácora?
La Constitución colombiana dice que el subsuelo y los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado, y a la vez reconoce a los municipios competencias para ordenar su territorio. De ese reparto de responsabilidades surgió una disputa jurídica que lleva años enfrentando al Gobierno nacional con autoridades y comunidades locales. La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-095 de 2018, resolvió que una consulta popular municipal no puede usarse para prohibir por sí sola la exploración o explotación del subsuelo, pero exigió que las decisiones se tomen con coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales, y reconoció además las fallas en los mecanismos de participación de las comunidades afectadas. Dicho en cristiano: el Gobierno nacional manda sobre el subsuelo, pero no puede hacerse el sordo ante las condiciones ambientales, sociales y económicas de los municipios.
Para Pácora esa distinción lo es todo. La administración del alcalde Juan Camilo Isaza González debe llevar a los espacios institucionales información precisa sobre las áreas solicitadas y las características del territorio. Corpocaldas tiene que aportar lo que le corresponde en materia ambiental, y la Agencia Nacional de Minería debe explicar qué solicitudes están en trámite, cuáles cumplen requisitos y qué decisiones están pendientes. A la ciudadanía, por su parte, hay que darle espacios para conocer los documentos y presentar sus observaciones. Una reunión técnica puede ser necesaria, pero no sustituye la participación de la comunidad.
El vecino que lleva siglos buscando oro
Muy cerca de Pácora está Marmato, también en Caldas, con una tradición aurífera de varios siglos. Su economía, su historia y buena parte de sus conflictos han girado alrededor del oro, y allí han convivido distintas formas de minería, con disputas por concesiones, condiciones laborales y modelos de explotación. Esa experiencia no se puede trasladar sin más a Pácora, porque son municipios de trayectorias distintas: la minería hace parte de la identidad histórica de Marmato, mientras que Pácora ha construido su vida alrededor del café y de otras actividades del campo. Una actividad económica puede encajar en un territorio y generar conflictos profundos en otro, y esa diferencia hay que pesarla al evaluar el desarrollo.
El dilema de los campesinos
Suele plantearse la discusión minera como un pleito entre progreso y conservación ambiental, y es una manera demasiado simple de verla. Los campesinos también necesitan progreso: carreteras transitables para sacar sus productos, precios que permitan sostener las fincas, oportunidades para los hijos, servicios públicos que funcionen e ingresos suficientes para no abandonar el campo. Por eso las promesas de empleo, inversión y regalías encuentran oídos en algunos sectores.
La pregunta es cuánto de esos beneficios llegaría de verdad a Pácora, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Y también quién pagaría el costo de prevenir, controlar y reparar los posibles impactos ambientales. Una explotación minera, si llegara a autorizarse, tendría un periodo de actividad limitado, mientras que las fuentes de agua y los suelos agrícolas deben seguir produciendo mucho después. Esa diferencia obliga a mirar las decisiones con lupa.
Lo que falta por saber
Pácora ya vivió en 2021 una controversia que dejó preguntas sin responder. Lo averiguado hasta ahora confirma que el interés minero continúa, que hay nuevos trámites administrativos y que la comunidad tiene antecedentes de organización y participación. Falta conocer con precisión la situación de cada expediente y las áreas realmente comprometidas. Por eso la tarea inmediata no es anunciar una catástrofe ni celebrar de antemano una bonanza, sino exigir información verificable: que se conozcan los polígonos, que se identifiquen las veredas, que se examinen las fuentes de agua, que se expliquen los beneficios y los riesgos y que las autoridades respondan en público. Y, sobre todo, que los campesinos puedan opinar antes de que todo esté decidido.
En Pácora hay oro debajo de algunas montañas, o al menos indicios geológicos que han despertado el interés de quienes piden explorarlas. Sobre esas mismas montañas hay cafetales, casas, caminos, cultivos y familias. El oro todavía está por buscarse. El campo lleva generaciones produciendo, y esa diferencia debería pesar en cualquier decisión sobre el futuro de Pácora.
