El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia de Bogotá. Su objetivo: someter a juicio político al presidente Belisario Betancur. Su método: tomar rehenes, atrincherarse, provocar una confrontación armada en pleno centro de la capital. Lo que siguió fue una retoma militar desbordada, caótica, marcada por fuego cruzado, decisiones improvisadas y una respuesta estatal que dejó más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema.
Las imágenes del Palacio en llamas, los tanques frente a la justicia, los cuerpos calcinados, los desaparecidos, estremecieron al país. Pero también lo dividieron. Porque mientras unos condenaban la barbarie del M-19, otros justificaban la acción como parte de una lucha política. Mientras unos exigían verdad, otros pactaban silencio. Mientras unos lloraban a los magistrados, otros negociaban amnistías.
El M-19 no actuó solo. Su ofensiva estuvo marcada por alianzas oscuras, por intereses cruzados, por el eco del narcotráfico que ya comenzaba a infiltrar la política. La Corte Suprema estaba estudiando la exequibilidad del tratado de extradición con Estados Unidos. El ataque no fue solo simbólico. Fue estratégico. Fue un mensaje. Fue una advertencia.
Siete días después, el 13 de noviembre, el Nevado del Ruiz erupcionó. Las señales estaban desde meses antes: temblores, emisiones de gases, cambios en la temperatura del cráter. Los expertos alertaron sobre el riesgo de lahares —avalanchas de lodo y escombros— que podrían arrasar los pueblos aguas abajo. Pero nadie escuchó.
Armero, con más de 30.000 habitantes, siguió su curso cotidiano. No hubo evacuación. No hubo decisión política. No hubo coordinación. El país estaba distraído. El Palacio de Justicia aún ardía en la memoria. La atención mediática, institucional y emocional estaba centrada en Bogotá. El volcán quedó en segundo plano.
A las 11:30 p.m., una masa de lodo, rocas y árboles de más de 30 metros de altura arrasó Armero. En menos de 15 minutos, el pueblo fue borrado del mapa. Más de 23.000 personas murieron. Miles quedaron heridas, huérfanas, desplazadas. Las cifras oficiales nunca lograron abarcar el dolor.
La toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero no fueron hechos aislados. Fueron consecuencias de un mismo contexto: un Estado débil, una institucionalidad fracturada, una sociedad anestesiada por el ruido de la guerra y el poder. Fueron el resultado de decisiones tardías, de omisiones imperdonables, de una política que prefirió el espectáculo a la prevención.
El M-19, con su discurso de justicia popular, terminó asesinando a quienes representaban la justicia constitucional. El Estado, con su discurso de orden, terminó desapareciendo a civiles inocentes. Y mientras ambos se enfrentaban, el volcán gritaba. Pero nadie lo oyó.
La negligencia no fue técnica. Fue ética. Fue política. Fue humana.
Omayra y los magistrados: dos rostros de la misma indiferencia
Omayra Sánchez, atrapada entre los escombros de su casa en Armero, se convirtió en símbolo mundial del desastre. Su rostro sereno, sus palabras lúcidas, su muerte lenta y digna, conmovieron al planeta. Pero también denunciaron. Mostraron la precariedad de la respuesta estatal, la falta de equipos, la improvisación, el abandono.
Los magistrados de la Corte Suprema, atrapados en el Palacio, también murieron lentamente. Algunos fueron ejecutados. Otros calcinados. Otros desaparecidos. Su muerte no solo fue física. Fue institucional. Fue simbólica. La justicia fue arrasada. La memoria fue silenciada.
Ambos rostros —el de Omayra y el de los magistrados— son testimonio de un país que no supo cuidar a sus hijos. Que no supo escuchar. Que no supo prevenir. Que no supo proteger.
A 40 años, Colombia recuerda. Pero también debe condenar. Porque el M-19 no fue un grupo romántico. Fue una organización armada que asesinó, secuestró, desapareció. Su toma del Palacio de Justicia fue un acto de barbarie, impulsado por intereses oscuros, por alianzas con el narcotráfico, por una lógica de guerra que despreciaba la vida.
Y el Estado, en su respuesta, también falló. La retoma fue desproporcionada. La gestión del riesgo fue inexistente. La prevención fue ignorada. La vida fue negociada.
Hoy, cuando uno de los exintegrantes del M-19 gobierna el país, la memoria se vuelve más urgente. No para revivir odios, sino para exigir verdad. No para dividir, sino para sanar. Pero sanar no es olvidar. Sanar es recordar con justicia.
Esta crónica no busca revictimizar. Busca recordar. Busca interpelar. Porque el dolor de noviembre de 1985 no es solo de quienes lo vivieron. Es de todos. Es del país que no escuchó. Es del Estado que no actuó. Es de la sociedad que normalizó la negligencia.
Sería fácil decir que fueron desastres naturales o consecuencias de la guerra. Pero sería injusto. Porque ambas tragedias fueron posibles por la misma indiferencia. Por el mismo abandono. Por la misma ceguera.
Hoy, cuando se habla de paz, de reconciliación, de gestión del riesgo, noviembre debe ser el punto de partida. No como símbolo de dolor, sino como llamado a la acción. Porque cada volcán, cada corte, cada pueblo, puede hablar. Y cuando lo haga, debemos estar listos para escuchar.
