En San Félix, corregimiento de Salamina, las calles no solo se llenan de pasos y pregones campesinos: también se inundan de aguas negras que emergen como fantasmas de un sistema de alcantarillado obsoleto. El olor ácido se mezcla con la humedad de las paredes, y los niños, que deberían jugar en la plaza, esquivan charcos pestilentes como si fueran trampas invisibles. La comunidad lo sabe: cada aguacero es una amenaza, cada rebosamiento un recordatorio de que la alcaldía ha preferido mirar hacia otro lado.
El expediente judicial que hoy nos convoca no es un frío documento: es la radiografía de un abandono institucional. Allí se lee, con la sequedad de las sentencias, lo que los habitantes sienten en carne propia: el alcantarillado de San Félix no tiene capacidad, no tiene mantenimiento, no tiene futuro. Y sin embargo, la administración municipal insiste en que “funciona estable”.
La acción popular interpuesta por Enrique Arbeláez Mutis buscaba proteger derechos colectivos tan básicos como la salubridad pública y la prevención de desastres. El juez, en su sentencia, expone con claridad que el sistema de alcantarillado es insuficiente, que las aguas residuales se mezclan con las lluvias y que las calles se convierten en canales improvisados.
El Municipio de Salamina, en su defensa, se escuda en tecnicismos: que la operación corresponde a la Asociación de Usuarios de Servicios Colectivos “Aguas El Paraíso”, que ellos no son responsables directos, que no hay quejas recientes. Pero la comunidad sabe que esas palabras son un disfraz. El propio expediente revela que la alcaldía nunca entregó formalmente la infraestructura a un operador, lo que dejó al sistema sin mantenimiento garantizado ni tarifa que lo sostuviera.
La paradoja es brutal: el municipio reconoce la necesidad de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, pero lo mantiene en el limbo de las “proyecciones”. Mientras tanto, las aguas siguen desbordándose, y los habitantes siguen expuestos a enfermedades y pérdidas materiales.
La crónica no puede quedarse en el papel. Debe mostrar lo que significa para una familia que su casa se inunde con aguas residuales. Significa perder muebles, perder salud, perder dignidad. Significa que los niños crecen con bronquitis recurrentes, que los ancianos deben convivir con infecciones cutáneas, que la comunidad entera se siente olvidada.
El expediente judicial habla de “prevención de desastres técnicamente previsibles”. En San Félix, el desastre no es una hipótesis: es una rutina. Cada aguacero es un ensayo de tragedia. Y la alcaldía, en lugar de asumir su responsabilidad, se refugia en la burocracia.
El alcalde Manuel Fermín Giraldo aparece en esta crónica como símbolo de una administración que se niega a escuchar. Su defensa institucional repite que “no hay diagnóstico técnico ni financiero”, como si la ausencia de estudios fuera excusa para la ausencia de acción. La sentencia judicial, sin embargo, recuerda que el municipio es el garante de los servicios públicos, que la Ley 142 de 1994 lo obliga a garantizar la adecuada prestación, que la Ley 715 de 2001 le asigna funciones claras en materia de saneamiento.
La alcaldía no puede seguir escondiéndose detrás de asociaciones comunitarias ni de corporaciones ambientales. El expediente es contundente: la responsabilidad es municipal. Y la comunidad exige más que promesas: exige obras, exige dignidad.
San Félix no es solo un corregimiento. Es metáfora de tantos pueblos que ven cómo sus derechos colectivos se diluyen en aguas negras. Es símbolo de la distancia entre los discursos institucionales y la realidad cotidiana. Es espejo de una Colombia donde la prevención de desastres se convierte en discurso vacío, y la salubridad pública en promesa incumplida.
La crónica debe conmover, debe provocar reflexión. Por eso, más allá de los tecnicismos, lo que queda es la imagen de una comunidad que resiste. Los habitantes de San Félix no se resignan: interponen acciones populares, denuncian, exigen. Y aunque la alcaldía insista en que “todo funciona”, la realidad se impone con olor y humedad.
La sentencia judicial es apenas un paso. La verdadera pregunta es: ¿qué futuro queremos para San Félix? ¿Uno donde los niños sigan jugando entre aguas negras, o uno donde la alcaldía asuma su responsabilidad y construya un sistema digno?
La crónica no puede dar respuestas definitivas. Solo puede dejar un eco: la certeza de que la dignidad no se negocia, que la salubridad no es un lujo, que la prevención de desastres no es un trámite. San Félix merece más que promesas. Merece acción.
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