Damos el Crédito a la persona que se firma Vladimir Ilich Ulianov, por que de su editorial del domingo anterior tomamos la idea de publicar nuestro comentario, aunque la semana anterior ya habiamos tocado el tema. Gracias señor Editor Vladimir.
En Colombia, y particularmente en los territorios donde la geografía es difícil y la institucionalidad frágil, las obras públicas no solo revelan la capacidad técnica del Estado, sino —sobre todo— su estatura ética. La vía Salamina–La Merced se ha convertido hoy en algo más que un proyecto vial: es un espejo incómodo donde se reflejan las prácticas del poder local, el silencio cómplice del control político y la peligrosa resignación ciudadana frente al manejo de los recursos públicos. Aquí no estamos hablando de una obra menor, ni de una inversión simbólica. Estamos hablando de cifras concretas, de miles de millones de pesos y de decisiones que marcarán el futuro de una región históricamente olvidada.
Solo en los últimos años, este corredor vial ha absorbido sumas que cualquier municipio pequeño apenas alcanza a imaginar. Primero, los $17.800 millones invertidos en 2004 bajo el rótulo de la “Transversal de Caldas”, de los cuales apenas sobrevivieron unos ocho kilómetros hoy deteriorados, mal mantenidos y prácticamente olvidados. Luego, en 2019, otros $13.000 millones destinados a la pavimentación de 7,5 kilómetros más, ejecutados entre tropiezos administrativos, cesiones contractuales y retrasos que nadie terminó de explicar con claridad. Y ahora, el capítulo más reciente y preocupante: un contrato por $19.640 millones para pavimentar apenas cuatro kilómetros adicionales. Cuatro kilómetros. Casi veinte mil millones de pesos. La cifra, por sí sola, exige vigilancia extrema.
Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio riguroso de transparencia se ha manejado como un acto de fe, casi como una liturgia donde al ciudadano solo se le pide creer. Un proceso licitatorio ganado con un puntaje perfecto de 100 sobre 100 —estadísticamente excepcional en cualquier evaluación técnica seria—, la presencia de un contratista externo con antecedentes polémicos en otras regiones del país y un silencio institucional prolongado configuran un escenario que, por sí solo, amerita explicaciones detalladas. A más de dos meses de la adjudicación, la comunidad no conoce quién ejerce la interventoría, cuáles son los avances reales ni bajo qué mecanismos se está haciendo seguimiento al contrato. Ese vacío informativo abre la puerta a preguntas incómodas que no nacen de la malicia, sino de la experiencia histórica del país: ¿estamos ante una simple negligencia administrativa o ante la operación silenciosa de estructuras políticas tradicionales que se mueven en la penumbra? En los corrillos ciudadanos reaparecen nombres y apellidos conocidos —figuras con largo historial de influencia local, como Olga Constanza y su esposo Iván Darío— asociados a viejas prácticas de intermediación política, hoy recicladas alrededor de proyectos electorales que orbitan el Partido Liberal y que aún cargan la sombra del entramado clientelar que encarnó Mario Castaño y sus “marionetas”. No se trata de afirmar hechos, sino de advertir que el silencio oficial, lejos de despejar dudas, las multiplica. No hay informes públicos, no hay rendición de cuentas clara, no hay pedagogía administrativa. Solo hay anuncios, videos breves y una narrativa de confianza obligatoria, mientras la propaganda intenta ocupar el lugar que deberían ocupar las explicaciones.
En este contexto, el papel del Concejo Municipal resulta, por decir lo menos, decepcionante. El Concejo no es un adorno institucional ni un apéndice del alcalde de turno. Es, por mandato legal y ético, el órgano llamado a ejercer control político, a incomodar cuando es necesario y a poner los intereses de la comunidad por encima de la comodidad personal o los cálculos electorales. Por eso, la negativa a conformar una comisión accidental para vigilar el contrato de la vía no puede interpretarse como un simple desacuerdo procedimental. Es una renuncia explícita a la función para la cual fueron elegidos.
En medio de este panorama gris, es justo —y necesario— destacar a quienes sí entendieron la gravedad del asunto. El concejal Juan José Hurtado Cañón tuvo la valentía política de hacer una proposición incómoda pero pertinente: crear una comisión accidental que realizara un seguimiento detallado, técnico y transparente del contrato. No pidió aplausos, no buscó protagonismo, no montó un espectáculo mediático. Hizo lo que cualquier concejal responsable debería hacer frente a una obra de casi veinte mil millones de pesos: preguntar, vigilar y exigir cuentas. A su iniciativa se sumaron José Fabián López y Andrés Felipe Arias, quienes entendieron que el control político no es un ataque personal contra el alcalde, sino una obligación con la ciudadanía.
El problema es que fueron solo tres. Diez concejales decidieron votar en contra, algunos con argumentos tan frágiles que rozan el insulto a la inteligencia colectiva. Que no hay tiempo, que no son técnicos, que hay que confiar en la buena fe de la administración. Como si la historia reciente de Colombia nos hubiera enseñado que la buena fe basta para proteger el erario. Como si la falta de conocimientos técnicos eximiera de la responsabilidad política. Como si el control fuera opcional y no un deber. Ese tipo de respuestas no solo revelan desconocimiento; revelan una peligrosa comodidad con la opacidad.
Mientras tanto, el alcalde parece más concentrado en sostener su narrativa digital que en despejar las dudas legítimas de la comunidad. Vivimos tiempos donde la política se confunde con el espectáculo y la gestión se mide en “likes”, historias de Instagram y publicaciones cuidadosamente editadas. Hay mandatarios que gobiernan más para la cámara que para el territorio, que creen que una selfie en obra reemplaza un informe técnico y que una fiesta popular puede anestesiar cualquier crítica. El problema no es que haya cultura, música o celebraciones; el problema es cuando el entretenimiento se convierte en cortina de humo y la administración pública en un set de grabación permanente.
La ciudadanía también tiene una responsabilidad en este escenario. Aplaudir menos y preguntar más. Exigir menos tarimas y más informes. Menos artistas importados y más claridad sobre quién ejecuta, quién vigila y quién responde. El desarrollo no se construye con fuegos artificiales ni con discursos vacíos, sino con obras bien hechas, contratos transparentes y funcionarios que entiendan que el poder no es un premio, sino una carga. Cada peso invertido en esta vía sale del bolsillo colectivo, y cada omisión en el control es una deuda que se hereda.
La historia de la infraestructura en Colombia está plagada de ejemplos que deberían habernos vacunado contra la ingenuidad: puentes que tardan décadas, ferrocarriles eternos, aeropuertos que existen más en la propaganda que en la realidad. Caldas no es ajeno a esa historia, y Salamina no puede darse el lujo de repetirla. Por eso resulta tan grave que, teniendo herramientas legales claras —como las comisiones accidentales previstas en la ley—, el Concejo decida no usarlas. No por imposibilidad jurídica, sino por falta de voluntad política.
Al final, la pregunta no es técnica ni presupuestal. Es profundamente ética: ¿para quién gobiernan nuestros representantes? ¿Para la comunidad que los eligió o para no incomodar al Ejecutivo? ¿Para garantizar transparencia o para conservar cuotas de poder y favores burocráticos? Cuando el Concejo evita “estar donde las papas queman”, deja de ser un contrapeso y se convierte en un decorado institucional.
Reconocer a quienes sí dieron la pelea es importante, pero no suficiente. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, activa y crítica. Porque el verdadero control político no ocurre solo en el recinto del Concejo, sino en la mirada atenta de una comunidad que ya no se conforma con discursos ni con videos bien editados. El futuro de esa carretera —y de muchas otras decisiones— dependerá de si seguimos aceptando la política como espectáculo o si empezamos a exigirla como lo que debe ser: un ejercicio serio, transparente y al servicio del bien común.
Un comentario
Puede pasar lo mismo como la Ruta del Sol y esta muy bién por los Honorables Concejales debe de existir un estricto control no más coimas a los Corporados el pueblo los eligio entonces actuen como debe de ser como se va a permitir que quienes ya gobernaron sigan desde la clandestinidad acompañando una Administración todo por cuotas burocráticas nada que ver Contratistas de B/quilla y Córdoba