La Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ha encendido las alarmas en municipios como Salamina, donde la vida campesina se sostiene con esfuerzo y dignidad, pero ahora enfrenta un nuevo verdugo: el incremento en los avalúos catastrales rurales. Esta medida, que se traduce directamente en mayores pagos del impuesto predial, golpea con fuerza a familias que ya sobreviven con ingresos mínimos y que dependen de la agricultura de subsistencia, del café, de la panela y de cultivos que apenas alcanzan para sostener la vida diaria.
El campo salamineño, que debería ser protegido y fortalecido, se ve castigado por una normativa diseñada desde un escritorio en Bogotá, sin medir la realidad de la economía rural. Los campesinos denuncian que el Estado les exige más dinero mientras les ofrece menos apoyo, y que la actualización catastral se convierte en un mecanismo de presión que amenaza con el despojo y el endeudamiento. La indignación es legítima: se sienten traicionados por un sistema que debería garantizar justicia fiscal y que, en cambio, los condena a pagar más por lo que apenas les da para sobrevivir.
La Resolución 2057 no distingue entre grandes propietarios y pequeños campesinos. El incremento en los avalúos se aplica de manera general, sin reconocer que la mayoría de las tierras en Salamina son minifundios trabajados por familias que dependen de cada cosecha para subsistir. El resultado es perverso: quienes menos tienen son los más afectados. El impuesto predial, que debería ser un instrumento de equidad, se convierte en una carga desproporcionada que amenaza con expulsar a los campesinos de sus tierras.
La comunidad rural exige que la alcaldía gestione ante el IGAC y el Gobierno Nacional una revisión de la medida. Se piden alivios tributarios, escalas diferenciadas que reconozcan la realidad de los pequeños productores y mecanismos de protección para evitar que el impuesto predial se convierta en un instrumento de despojo. Los campesinos no reclaman favores, reclaman derechos: el derecho a permanecer en sus tierras, a producir alimentos, a sostener la vida comunitaria que ha sido el corazón de Salamina durante generaciones.
La indignación se extiende más allá del campo. Los líderes comunitarios, las juntas de acción comunal y los defensores de derechos ciudadanos señalan que la Resolución 2057 es un golpe directo a la economía local. El incremento en los avalúos no solo afecta a los campesinos, sino que repercute en toda la cadena productiva: encarece los costos, reduce la capacidad de inversión y amenaza con profundizar la pobreza rural. La medida, lejos de fortalecer la economía, la debilita.
La alcaldía de Salamina no puede seguir en silencio. La comunidad exige que el municipio asuma su papel de mediador y defensor, que presione con firmeza al IGAC y al Gobierno Nacional para que se reconozca la realidad rural. El impuesto predial no puede convertirse en un verdugo de la economía campesina. La salud fiscal del municipio no puede sostenerse sobre el sacrificio desmedido de quienes producen la tierra.
La Resolución 2057 es un recordatorio de la distancia entre las decisiones del Estado y la vida real de las comunidades. Es un acto administrativo que desconoce la fragilidad de la agricultura familiar y que amenaza con despojar a los campesinos de lo poco que tienen. La indignación es legítima, la resistencia es necesaria y la exigencia de justicia fiscal es urgente.
Salamina necesita que se escuche su voz, que se reconozca la dignidad de su gente y que se construya un sistema tributario justo, que no castigue al campesino por el simple hecho de existir. El impuesto predial debe ser un instrumento de equidad, no un mecanismo de opresión. La Resolución 2057, tal como está planteada, es un golpe directo a la vida rural, y la comunidad no está dispuesta a aceptarlo en silencio.
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