Como consecuencia de las últimas disposiciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, han surgido diversas voces de protesta, descontento e inconformidad por los altos porcentajes que aplica a la actualización de los avalúos catastrales, en especial en el sector rural de más de la mitad de los municipios del país.
En Salamina, diferentes actores han hecho lo mismo; la reacción ciudadana no se ha hecho esperar, porque apareció una razón más de intranquilidad, una vez superado el intento de los incrementos con la fallida reforma tributaria de los meses anteriores. Con este panorama conviene hacer algo de historia sobre la forma como se ha manejado este tema por parte de las diferentes administraciones locales.
Según los registros del IGAC, desde el año 2009 no se hizo la actualización catastral de los predios urbanos y rurales del municipio, sin entender el motivo o tal vez, para no incomodar a los futuros electores en las elecciones y no correr el riesgo de romper la línea de sucesión, pero con efectos negativos sobre las finanzas públicas del territorio y transfiriendo las consecuencias a la ciudadanía, por un lado por la escasez de recursos para obras prioritarias y por el otro, disfrazando la realidad impositiva creando un limbo para el contribuyente. Sofismas que al final alguien debe pagar. Eso ocurre cuando se gobierna para un partido y no para la comunidad.
Los fundamentos jurídicos que soportan el acto administrativo comentado tienen un compendio de normas anteriores que han buscado, en diferentes momentos, que se actualicen los avalúos. En muchos municipios se hizo tanto oídos sordos como ojos ciegos a esas disposiciones y como una avalancha llega esta resolución inundando de inconformidad a todos los involucrados. Se dice que “Las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles”.
Y además “que la Resolución 1040 de 2023 en el artículo 7.1. Actualización masiva de los avalúos catastrales rezagados, señala que “de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, el IGAC adoptará metodologías y modelos de actualización masiva de avalúos catastrales rezagados. Estas herramientas permitirán realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios con catastro en el país, por una sola y única vez, con excepción de aquellos que hayan sido objeto de formación o actualización catastral durante los últimos cinco (5) años anteriores a la expedición de la mencionada ley, o cuyo proceso de formación o actualización catastral esté en curso a la fecha de expedición”. Esta disposición tampoco se aplicó localmente.
Los datos que entrega la entidad estatal son los siguientes:
SALAMINA- CALDAS
– Area geográfica urbana: 156,62 hectáreas
– Area geográfica rural: 38639,27 hectáreas
– Area capa geográfica total: 38795,90 hectáreas
– Vigencias urbanas y rurales desactualizadas desde 2009.
–
Como se evidencia, el área total pendiente por actualizar impacta al área rural en grado sumo.
Con el beneficio de la duda, pero, si por lo menos se hubiesen actualizado los avalúos de los predios de acuerdo con la inflación, desde el año mencionado (2009), el impacto de la nueva disposición no sería tan gravoso. Al indexar con el IPC acumulado hasta el 2025, los valores actualizados vegetativos tendrían un incremento del 118,1% y no los valores superiores al mil por ciento (1.000%) que contiene la resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 del IGAC.
El documento del debate contiene la clasificación de unas zonas geoeconómicas clasificadas según características uniformes “que agrupan predios con características físicas, normativas y de mercado similares. Se utilizan para determinar valores de terreno uniformes y realizar avalúos comerciales masivos, basándose en el uso del suelo, infraestructura y actividad económica”. En Salamina (Caldas) se identificaron once zonas geoeconómicas a las que se aplican diversas tasas de incremento en los avalúos, así:
Tres de las zonas identificadas tienen incrementos superiores al 1000%, es decir, un predio con un avalúo de $1 en el 2009, quedaría en más de $1000 en 2026 y al aplicar la tasa vigente del impuesto predial, el valor a tributar supera cualquier presupuesto, por previsivo que sea el contribuyente. Es más que justificada cualquier reclamación.
En la siguiente imagen se identifican sobre el mapa del municipio, cada una de las zonas geoeconómicas objeto de la actualización catastral, para que el lector identifique las de su interés.
Ante esta realidad se convierte en un imperativo que, al lado de las acciones legales a las que se acuda para aplazar o anular la resolución del conflicto, las autoridades administrativas no deben bajar la guardia para estudiar e implementar medidas de alivio para los contribuyentes, como ya en ocasión anterior lo sugerimos. Lo primero es conocer la realidad económica con los resultados de los sectores productivos locales, por ejemplo, los reportes de Bloomberg, (fuente de economistas) dicen que “En 2025 el agro colombiano creció la mitad de lo que registró en 2024: ¿qué le pasó al sector? El café tuvo una cosecha récord en 2024 y en 2025 no tuvo el mismo comportamiento con un decrecimiento del 2,2% mientras que cultivos permanentes, como el aguacate, enfrentó retos en exportaciones, pero le fue bien en producción por volumen.”
Los resultados que reporta el turismo, en su contribución positiva al PIB nacional, también son de injerencia para todos los considerandos.
Es una somera muestra de algunos datos a considerar porque no se debe olvidar que “los impuestos tienen propósitos no solamente fiscales, sino que también constituyen un instrumento de primera importancia para influir sobre las políticas económicas y sociales.” Los actores productivos salamineños extrañan políticas que incentiven sus actividades, que les permita generar réditos, tanto desde el punto de vista económico, como de bienestar en la población por el derrame directo e indirecto inherentes.
Una lectura inversa del tema en estudio nos permite sugerir que esta coyuntura puede aprovecharse, para que, una vez se logre la actualización catastral en términos equitativos, venga el subsecuente aumento en el recaudo del impuesto predial, encontrando beneficio en el rezago citado. El reto es buscar la justa medida para recuperar la confianza del contribuyente.
