Protección y Vida | Comprender el riesgo para proteger la vida
La tierra tiembla, los ríos crecen y los volcanes despiertan, pero la magnitud de la tragedia depende de dónde construimos, cómo lo hacemos y qué tan preparados estamos. De Armero a Mocoa, la historia muestra que el riesgo se fabrica mucho antes del evento.
Dos temblores, dos destinos
Un terremoto sacude una región deshabitada. La tierra se abre, algunas rocas se desprenden de las montañas y durante varios segundos el suelo se mueve con violencia. Pasado el susto, no hay muertos, ni heridos, ni viviendas destruidas. Nadie necesita ser evacuado, y la noticia, si llega a darse, ocupa un par de líneas en la prensa.
A cientos de kilómetros, un movimiento sísmico de menor magnitud sacude una ciudad. Los edificios se desploman, las calles quedan bloqueadas, los hospitales dejan de funcionar justo cuando más se necesitan y centenares de familias pierden sus hogares en cuestión de segundos.
Los dos fueron fenómenos naturales y, sin embargo, sus consecuencias no se parecen en nada. ¿Qué ocurrió? La respuesta nos lleva a uno de los principios más importantes de la gestión del riesgo, un principio incómodo para quienes llevamos generaciones oyendo otra cosa: los desastres no son naturales.
Un error que repetimos en los titulares
Así aparece en los periódicos, en los noticieros, en los discursos oficiales y hasta en documentos de instituciones que deberían proteger a las comunidades: «desastre natural». Cuando un río se desborda y destruye un barrio, decimos que fue un desastre natural. Cuando un terremoto derrumba edificios, usamos la misma expresión. Cuando una montaña se desliza sobre una población, le atribuimos la tragedia a la naturaleza y seguimos adelante.
Hay un error en esa manera de contar los hechos. La naturaleza produce terremotos, lluvias, erupciones volcánicas, huracanes y crecientes. Son procesos que forman parte del funcionamiento del planeta, y algunos existen desde mucho antes de que apareciera el primer ser humano. Lo que convierte esos acontecimientos en desastres depende, en buena medida, de las condiciones en que vivimos, de las decisiones que tomamos y de nuestra capacidad para anticipar las consecuencias.
No es una discusión sobre palabras. Entender esta diferencia puede cambiar la manera como construimos las viviendas, administramos el territorio y protegemos a nuestras familias. Para entenderla hay que desarmar el problema en sus piezas, y la primera de ellas se llama amenaza.
Primero, la amenaza
Imaginemos una montaña de pendientes pronunciadas. Durante años las lluvias han penetrado en sus suelos, y las raíces de los árboles han ayudado a sostener el terreno. Aun así, por sus condiciones geológicas, existe la posibilidad de que una parte de esa montaña se desprenda. Esa posibilidad es una amenaza.
Una amenaza es un fenómeno, proceso o actividad con capacidad de causar daños a las personas, a sus bienes, a sus actividades o al ambiente. Puede ser de origen natural, como un terremoto, una erupción o un ciclón. Puede provenir de la actividad humana, como una explosión industrial, un derrame de sustancias peligrosas o un incendio. Y existe un tercer grupo, las amenazas socionaturales, en las que los procesos de la naturaleza se mezclan con acciones humanas que aumentan su frecuencia o su intensidad: la degradación de los suelos o ciertas inundaciones son ejemplos de esa mezcla.
La amenaza, por sí sola, no es un desastre. Un volcán activo en una región deshabitada representa una amenaza potencial; si entra en erupción, ocurre un evento natural, pero si no afecta a ninguna comunidad ni altera gravemente sus actividades, no estamos necesariamente ante un desastre. Lo mismo vale para una tormenta en alta mar o para un sismo profundo cuyos efectos apenas se perciben en la superficie. La amenaza existe con independencia de nuestra presencia. El riesgo aparece cuando hay personas, viviendas o actividades en su camino.
El evento: cuando la amenaza se manifiesta
Hay una distinción que conviene tener clara. La amenaza es la posibilidad de que ocurra un fenómeno capaz de producir daños, y el evento es su manifestación. Una falla geológica activa constituye una amenaza sísmica; cuando se produce la ruptura y se libera energía, ocurre el terremoto. Un volcán activo es una amenaza; cuando expulsa ceniza, gases y material incandescente, tenemos una erupción. Un río que puede crecer hasta salirse de su cauce es una amenaza para las zonas inundables; cuando el agua las ocupa, ocurre la inundación.
Estos acontecimientos pueden tener consecuencias muy distintas según el lugar donde caen. Una creciente puede depositar sedimentos fértiles sobre un terreno agrícola sin causar pérdidas importantes. La misma creciente, al atravesar un barrio levantado dentro de la zona inundable, puede destruir viviendas y cobrar vidas. El agua se comporta igual en los dos casos, de acuerdo con las condiciones físicas del territorio. Lo que cambió es nuestra relación con el río.
Aquí aparece una pregunta que deberían hacerse las autoridades antes de autorizar cualquier construcción: ¿estamos ocupando un lugar donde un fenómeno conocido puede poner en peligro la vida?
Exposición: quién y qué está en el camino
El segundo concepto es la exposición, y casi siempre se olvida. Se refiere a las personas, las viviendas, las escuelas, los comercios, los cultivos y los servicios que están ubicados donde el fenómeno puede golpear. Sin exposición no hay riesgo: el volcán de la región deshabitada no mata a nadie porque nadie vive en su camino.
La exposición es, en gran parte, una decisión territorial. Se expone una comunidad cuando se permite urbanizar un cauce, cuando se levanta un barrio al pie de un talud, cuando una escuela se construye sobre un terreno que nadie estudió. A veces esa decisión la toma una autoridad que firma una licencia; otras veces la toma una familia sin alternativas que ocupa el único lote que puede pagar. Por eso conviene mirar con cuidado quién decide y quién carga con las consecuencias.
Vulnerabilidad: lo que sí podemos cambiar
En gestión del riesgo hay una palabra que merece atención especial: vulnerabilidad. Es el conjunto de condiciones que hacen que una persona, una vivienda o una comunidad sufran mayores daños cuando ocurre un evento peligroso.
Para entenderla pensemos en dos casas situadas en la misma zona sísmica. La primera fue construida siguiendo las normas de diseño sismorresistente, con materiales adecuados, una estructura pensada para soportar el movimiento del suelo y supervisión técnica. La segunda se levantó sin estudios, con materiales deficientes, columnas improvisadas y reformas que debilitaron la estructura. Las dos enfrentan la misma amenaza, pero no tienen la misma vulnerabilidad. Si llega un terremoto fuerte, la primera tiene muchas más posibilidades de mantenerse en pie, y la segunda corre un riesgo muy alto de sufrir daños graves o de colapsar.
Ninguna construcción es invulnerable, y la intensidad del movimiento, el tipo de suelo y las características del edificio también pesan en el resultado. La diferencia está en que buena parte de la vulnerabilidad se puede reducir con decisiones técnicas, sociales y administrativas, y eso la convierte en el verdadero campo de trabajo de la prevención.
Tampoco depende solo de paredes y techos. Una familia que vive en una zona peligrosa porque no tiene con qué mudarse es vulnerable. También lo son los adultos mayores que necesitan ayuda para evacuar, las personas con discapacidad que encuentran barreras en las rutas de salida y las comunidades que carecen de sistemas de alerta. Una escuela sin plan de emergencia puede ser vulnerable aunque su edificio esté bien construido, y un hospital sin planta eléctrica de respaldo ni reservas de agua puede quedar fuera de servicio precisamente cuando más se necesita. La vulnerabilidad tiene muchas caras: algunas se ven a simple vista y otras permanecen ocultas hasta que llega la emergencia.
Amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo: cuatro palabras, una sola historia
Pensemos en un pueblo situado junto a un río. La amenaza es la posibilidad de una inundación. La exposición son las personas, viviendas, escuelas, comercios y servicios que están en los terrenos que podrían inundarse. La vulnerabilidad depende del estado de esas construcciones, de la capacidad de respuesta de sus habitantes y de las medidas de protección disponibles. Y el riesgo es la posibilidad de sufrir pérdidas como resultado de la interacción entre todo lo anterior.
No basta, entonces, con conocer la amenaza. Necesitamos saber quiénes están expuestos, qué tan vulnerables son y con qué capacidades cuentan para enfrentar un evento. Una misma creciente puede causar daños menores en un municipio preparado, con alertas, rutas de evacuación y restricciones para construir en zonas peligrosas, y puede producir una tragedia en otro donde se permitió levantar barrios sobre las rondas de los ríos y nunca se elaboró un plan de evacuación. Por eso, cuando hablamos de prevenir desastres hablamos, ante todo, de reducir la exposición, disminuir la vulnerabilidad y fortalecer las capacidades de protección y respuesta.
Haití y Chile: dos terremotos que dejaron una lección
En 2010, dos países de nuestra región sufrieron terremotos devastadores con apenas mes y medio de diferencia. El 12 de enero, Haití fue sacudido por un sismo de magnitud 7,0 cuyo epicentro quedó muy cerca de Puerto Príncipe. La capital y otras poblaciones del entorno se vinieron abajo. Las estimaciones de víctimas varían mucho según la fuente, entre unas 200.000 y más de 300.000 personas, pero todas describen una catástrofe de dimensiones casi imposibles de comprender.
El 27 de febrero, Chile fue golpeado por un terremoto de magnitud 8,8, que liberó varios cientos de veces más energía que el haitiano. El sismo y el tsunami que lo acompañó causaron daños inmensos, y sin embargo el balance de víctimas fue de alrededor de quinientas personas, buena parte de ellas por el maremoto. Un sismo cientos de veces más fuerte dejó cientos de veces menos muertos. ¿Cómo se explica?
Los estudios posteriores señalan varios factores. En Haití pesaron la pobreza, la fragilidad de muchas construcciones, la concentración de población y las limitaciones de la infraestructura; además, el país llevaba cerca de 240 años sin un terremoto de esa gravedad, y esa memoria perdida también cuenta. Chile, en cambio, es un país acostumbrado a temblar, con una larga historia de sismos, normas de construcción más desarrolladas y una proporción importante de estructuras diseñadas para resistirlos. Un sismólogo del Servicio Geológico Británico lo dijo sin rodeos: la calidad de la construcción y de los códigos de edificación no era comparable.
Hubo, desde luego, otras diferencias. El sismo haitiano fue muy superficial, a unos quince kilómetros de profundidad y junto a la capital, mientras que el chileno ocurrió mar adentro y más profundo, a unos treinta y cinco. Por eso no sería honesto atribuirlo todo a los edificios. Pero la comparación deja una verdad difícil de discutir: la magnitud de un terremoto no determina por sí sola la magnitud del desastre. La geología explica cómo se mueve la tierra; las condiciones sociales y constructivas ayudan a explicar por qué mueren tantas personas.
Armero: cuando el peligro era conocido
Colombia guarda una de las historias más dolorosas de la gestión del riesgo en el mundo. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción. Fue una erupción relativamente pequeña, pero el calor de los materiales volcánicos derritió parte del hielo y la nieve de su cumbre, y esa agua bajó por las cuencas arrastrando ceniza, rocas, lodo y troncos. Esas masas de lodo volcánico, llamadas lahares, recorrieron cerca de cien kilómetros en un par de horas por los cañones de los ríos que nacen en el volcán.
Uno de ellos descendió por el río Lagunillas y alcanzó a Armero cerca de las once y media de la noche. La población, de unos 29.000 habitantes, estaba construida a unos cuarenta y cinco kilómetros del volcán sobre antiguos depósitos de lahares, es decir, sobre las huellas de lo que ya había pasado. Más de veinte mil de sus habitantes murieron en cuestión de minutos. Sumando otras poblaciones afectadas, entre ellas Chinchiná, en Caldas, el balance más citado supera las 23.000 víctimas, y algunas fuentes científicas lo elevan hasta unas 25.000. Fue la peor tragedia natural de la historia de Colombia y una de las erupciones más mortíferas del siglo XX.
La erupción fue un fenómeno natural, y los lahares fueron procesos físicos asociados a esa actividad. Pero la tragedia no se entiende sin examinar lo que pasó antes. El volcán llevaba cerca de un año dando señales de reactivación, científicos colombianos y extranjeros habían advertido del peligro desde 1984, y existían estudios y mapas que señalaban la posibilidad de flujos destructivos en esos valles. Aun así, esa noche las autoridades locales y hasta el párroco tranquilizaron a la gente, y la advertencia nunca se convirtió en una evacuación.
Un investigador del Servicio Geológico Colombiano ha resumido las fallas en cuatro: no existía un sistema de gestión del riesgo en el país, el conocimiento sobre la amenaza no estaba difundido, muchos habitantes no creyeron en las advertencias y hubo demasiada desinformación. Armero dejó una enseñanza que Colombia no debería olvidar: conocer una amenaza no sirve de mucho si ese conocimiento no se convierte en decisiones capaces de proteger a las personas. Un mapa de riesgo guardado en una oficina no evacúa a nadie, y una advertencia que no llega a las familias no salva vidas.
Esa lección se pagó con un costo enorme, pero no fue en vano. De aquella tragedia nació buena parte de la institucionalidad que hoy tiene el país para vigilar los volcanes y gestionar el riesgo. Y el Ruiz sigue ahí: se calcula que cientos de miles de personas viven todavía en los valles por donde bajaron los lahares de 1985, incluido el del río Chinchiná. Para los caldenses no es historia ajena.
Mocoa: la lluvia no explica toda la tragedia
Entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, lluvias intensas desencadenaron una avenida torrencial sobre Mocoa, la capital del Putumayo. Los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, junto con varias quebradas, se desbordaron y bajaron cargados de agua, lodo, piedras y material vegetal. Según los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en esa sola noche cayó cerca de la tercera parte de la lluvia que suele registrarse en todo el mes.
Las cifras oficiales hablan de unos 330 muertos, más de 400 heridos, entre 70 y 77 desaparecidos, 48 barrios afectados y más de 22.000 damnificados. Un tercio de los fallecidos que se contaban en uno de los primeros balances eran niños. Ocho años después, en 2025, la Procuraduría todavía convocaba mesas técnicas para acelerar proyectos de vivienda y de mitigación que seguían pendientes, una muestra de lo largo que puede ser el camino de la reconstrucción.
Las lluvias fueron el detonante, pero para dimensionar la tragedia hay que estudiar también la ocupación de zonas expuestas, el estado de las cuencas, la vulnerabilidad de las construcciones y la capacidad de respuesta. En terrenos de montaña, una lluvia extrema puede desencadenar deslizamientos incluso donde hay bosques bien conservados. La deforestación y las intervenciones inadecuadas pueden agravar las condiciones de inestabilidad, pero no explican por sí solas todos los movimientos de tierra, y por eso hay que investigar cada territorio antes de repartir causas y responsabilidades.
En Mocoa, como en tantas ciudades colombianas, la pregunta de fondo es por qué hay barrios enteros en lugares donde una avenida torrencial tiene consecuencias devastadoras. Las respuestas incluyen la pobreza, la falta de alternativas de vivienda, el crecimiento urbano desordenado y la dificultad para hacer cumplir las normas de uso del suelo. Esa misma temporada de lluvias dejó muertos en otros puntos del país, y pocas semanas después los deslizamientos de Manizales costaron la vida a diecisiete personas. La montaña andina nos recuerda cada invierno que el problema no es de una sola región.
Cuando construimos el riesgo alrededor de nuestras casas
No hace falta viajar a Haití, a Chile o al Putumayo para encontrar ejemplos. Basta mirar lo que sucede en muchos municipios colombianos. Una familia levanta su vivienda al pie de un talud inestable y, para ampliar el patio, corta parte de la montaña y construye un muro sin drenajes adecuados. Durante varios años no pasa nada. Con el tiempo, el agua empieza a acumularse dentro del terreno, aparecen grietas, surgen pequeñas filtraciones. Una temporada de lluvias intensas termina por desencadenar el deslizamiento. La noticia dirá que un derrumbe destruyó una vivienda, pero el desastre se venía preparando desde mucho antes.
Algo parecido ocurre cuando una comunidad arroja basuras a las alcantarillas. En la primera tormenta fuerte los sumideros se obstruyen y el agua entra a las casas. La lluvia es natural; la acumulación de residuos y el mantenimiento deficiente del drenaje son problemas humanos. Conviene reconocer, eso sí, que existen lluvias capaces de superar incluso sistemas bien diseñados y bien mantenidos.
Otro ejemplo aparece en el campo. Un camino atraviesa una ladera y sus cunetas permanecen tapadas durante meses. El agua, en lugar de correr por los drenajes, penetra en el terreno y puede contribuir a desestabilizarlo. Cuando por fin ocurre el deslizamiento, suele culparse al invierno, y pocas veces se pregunta quién debía mantener las cunetas, revisar los taludes o intervenir los puntos críticos. Las pequeñas decisiones cotidianas, sumadas durante años, también construyen riesgo.
El desastre comienza mucho antes del evento
Esta es, quizás, la idea más importante de todas: un desastre puede empezar a construirse muchos años antes de que ocurra el fenómeno que lo desencadena. Empieza cuando se autoriza una urbanización en una zona inundable, cuando se levanta una escuela sin considerar las amenazas del territorio, cuando un hospital funciona en una edificación frágil y nadie toma medidas para mejorar su seguridad. Empieza cuando se permiten viviendas sin estudios del suelo, cuando se destruye la vegetación protectora de una ladera sin evaluar las consecuencias, cuando los organismos de socorro carecen de vehículos, equipos, comunicaciones o personal suficiente. Y empieza cuando los planes de emergencia existen solo para cumplir un requisito administrativo y las comunidades jamás reciben formación para reconocer los peligros que las rodean.
El terremoto, la lluvia o la erupción pueden ser el momento en que el desastre se manifiesta, pero muchas de las condiciones que determinan sus consecuencias ya estaban presentes. Esta realidad también obliga a distinguir responsabilidades. No es razonable culpar a una familia pobre por habitar una vivienda insegura cuando nunca tuvo otra alternativa, y la gestión del riesgo debe tener en cuenta esas desigualdades y ofrecer soluciones reales. Los gobiernos tienen responsabilidades en la planificación del territorio, la infraestructura, la vigilancia de las construcciones y la protección de la población. Los ciudadanos tenemos también deberes, dentro de nuestras posibilidades: cuidar el ambiente, atender las alertas, prepararnos y evitar prácticas que aumenten los peligros.
¿Podemos evitar todos los desastres?
Sería irresponsable prometerlo. No podemos detener el movimiento de las placas tectónicas, ni controlar las erupciones, ni impedir que se formen huracanes, y existen eventos de intensidad extraordinaria que pueden superar las medidas de protección disponibles, incluso en sociedades muy preparadas. Pero sí podemos reducir considerablemente las pérdidas. Un terremoto no tiene por qué derrumbar todas las viviendas de una ciudad. Una creciente no debería encontrar a miles de personas sin información sobre las zonas inundables. Una erupción no tendría que sorprender a poblaciones que conocen su amenaza.
Los datos respaldan esa esperanza. La Organización Meteorológica Mundial examinó más de once mil desastres por fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos entre 1970 y 2021, que dejaron más de dos millones de muertos y pérdidas económicas cercanas a 4,3 billones de dólares. Su balance es llamativo: las pérdidas económicas crecieron muchísimo, porque cada vez hay más gente y más bienes expuestos, pero las muertes bajaron de manera drástica. Entre los años setenta y la última década, el promedio diario de víctimas pasó de unas 170 a unas 40, un resultado que la OMM atribuye en buena parte a los sistemas de alerta temprana y a una mejor gestión de los desastres. El mismo informe advierte que más del 90 % de las muertes ocurrieron en países en desarrollo y que solo la mitad de los países miembros de la OMM contaba con sistemas de alerta temprana para varias amenazas.
Es la prueba de que la preparación funciona. No elimina los fenómenos naturales; ayuda a impedir que sus consecuencias se conviertan en pérdidas humanas evitables.
Yo fui arquero, y de esa posición se aprende algo que sirve para este tema. Ningún arquero decide cuándo patea el delantero ni con qué fuerza. Lo que sí decide es dónde se para, cuánto estudió al rival, cuánto entrenó y cómo ordenó su defensa. El gol puede llegar igual, pero lo que no se perdona es que encuentre al arquero mal parado.
Lo que dice la ley colombiana
Después de Armero, Colombia fue construyendo un sistema para no repetir la historia, y hoy la Ley 1523 de 2012 lo ordena. Esa norma define la gestión del riesgo como un proceso social y la organiza en tres tareas permanentes: conocer el riesgo, reducirlo y manejar los desastres cuando ocurren. Dispone además que esa gestión es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio, a quienes pide actuar con precaución, solidaridad y autoprotección. Cada municipio debe contar con su consejo y su plan de gestión del riesgo.
Es un buen marco, pero una ley no protege a nadie mientras se quede en el papel. La pregunta práctica para cada alcaldía, cada junta de acción comunal y cada vecino es si esos planes existen, si se conocen, si se actualizan y si se ensayan.
La prevención empieza en la familia y compromete a todo el Estado
Pensemos en una vivienda corriente. Sus habitantes conocen las habitaciones, los muebles y los lugares donde guardan sus pertenencias. Pero ¿saben cuáles son los puntos más seguros durante un temblor? ¿Han identificado los objetos pesados que podrían caer? ¿Saben cómo cerrar el gas cuando corresponde? ¿Tienen una ruta de evacuación y un lugar de encuentro, y han pensado cómo ayudarían a un familiar con dificultades para movilizarse? Responder esas preguntas es el comienzo de un plan familiar de emergencia.
Ampliemos ahora la mirada. En una vereda, los habitantes pueden señalar las quebradas que crecen de repente, los caminos expuestos a deslizamientos y las casas situadas en lugares peligrosos. En un barrio, la comunidad puede reconocer las edificaciones vulnerables, las rutas de evacuación obstruidas y las personas que necesitarían ayuda en una emergencia. En un municipio, esa información debe convertirse en planificación, obras de mitigación, sistemas de alerta y decisiones de inversión. Cada nivel tiene responsabilidades distintas, y todos forman parte de la misma cadena de protección.
Un plan familiar no reemplaza las obligaciones del municipio. Una comunidad organizada no puede sustituir los estudios geológicos ni las obras que corresponden a las instituciones. Y ningún simulacro garantiza la seguridad de una escuela construida sobre un terreno inestable. La prevención funciona cuando las responsabilidades se cumplen y las acciones se complementan.
Las palabras también pueden esconder responsabilidades
Volvamos a la expresión con que empezamos. «Desastre natural» parece inocente, la hemos oído tantas veces que casi nadie se pregunta qué significa. Pero cuando atribuimos una tragedia solo a la naturaleza corremos el riesgo de dar por inevitables sus consecuencias. La inundación se presenta como una desgracia caída del cielo, el edificio caído como el resultado fatal del terremoto, las muertes de una avenida torrencial como un asunto de la intensidad de la lluvia. Desaparecen de la conversación las decisiones sobre dónde construir, cómo hacerlo, qué amenazas se conocían y qué medidas de prevención estaban disponibles.
Por eso la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres promueve desde hace años una idea que debería entrar en el lenguaje cotidiano: los desastres no son naturales. No se trata de negar la fuerza de los fenómenos ni de buscar culpables sin investigación. Se trata de reconocer que la exposición y la vulnerabilidad son componentes esenciales del riesgo y que muchas de las condiciones que producen pérdidas pueden modificarse.
Para el periodismo hay también una enseñanza. No basta con informar cuántas personas murieron o cuántas casas quedaron destruidas; hay que preguntar qué ocurrió antes. ¿Se conocía la amenaza? ¿Existían estudios y advertencias? ¿Se cumplieron las normas de construcción? ¿Recibieron los habitantes información que pudieran entender? ¿Había alternativas para las familias expuestas? ¿Funcionaron las instituciones responsables? Con esas preguntas se puede explicar una tragedia sin convertir a la naturaleza en la única culpable.
La naturaleza no conoce nuestros límites municipales
Un río no sabe dónde termina una vereda y empieza otra. Una falla geológica no distingue entre municipios ricos y pobres. La lluvia no consulta los planes de ordenamiento territorial antes de caer. Los volcanes llevan miles de años funcionando según procesos físicos que no dependen de nuestras decisiones. Somos nosotros quienes levantamos pueblos y ciudades sobre ese territorio, y por eso mismo necesitamos conocerlo. No para vivir con miedo, sino para comprender sus condiciones y aprender a convivir con ellas.
En un país como Colombia, atravesado por cordilleras, fallas geológicas, volcanes activos y grandes cuencas, la gestión del riesgo debería formar parte de la educación desde la infancia. Los niños tendrían que aprender por qué tiembla la tierra, cómo se comportan los ríos y qué señales advierten sobre la inestabilidad de una ladera. Los adultos deberíamos conocer las amenazas de los lugares donde vivimos y las medidas para protegernos. Y los gobernantes tendrían que entender que invertir en prevención no es un gasto que pueda aplazarse hasta después de la próxima tragedia, porque cuando una comunidad pierde sus casas, sus escuelas o su hospital ya es tarde para lamentar lo que pudo hacerse.
La gestión del riesgo empieza mucho antes de las sirenas, de las ambulancias y de los equipos de rescate. Empieza cuando conocemos el territorio y tomamos decisiones para proteger la vida. Por eso conviene recordar esta frase cada vez que alguien hable de un supuesto desastre natural:
«La naturaleza pone los eventos naturales; nosotros ponemos los desastres cuando permitimos que la vulnerabilidad crezca».
No podemos exigirle a la Tierra que deje de moverse, a los volcanes que permanezcan dormidos ni a los ríos que renuncien a sus crecientes. Lo que sí podemos exigirnos es aprender a vivir en un planeta que nunca ha estado quieto.
Fuentes consultadas
Organización Meteorológica Mundial (Atlas de mortalidad y pérdidas económicas, 1970-2021); Servicio Geológico de Estados Unidos y Servicio Geológico Colombiano (Nevado del Ruiz y Armero); Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Medicina Legal y Procuraduría General de la Nación (Mocoa); British Geological Survey y estudios del BID sobre Haití y Chile 2010; Ley 1523 de 2012.
