Majencio anda con la pulga brincándole de una oreja a la otra, y esta vez no es por un hueco, una obra demorada ni una foto de funcionario sonriente en un evento pagado con plata pública. Es por algo más viejo y más peligroso: esa costumbre de algunos grupos políticos de comportarse como si la Alcaldía de Salamina fuera una herencia familiar que puede entregarse de mano en mano cada cuatro años, mientras el resto del municipio —el Salamina de las calles rectas, pero también el San Félix de la neblina y las palmas de cera, y las veredas que ni siquiera aparecen en las fotos turísticas— observa desde afuera, esperando su turno, sin que nadie le explique nunca cuándo llegará.
Dándome una caminadita virtual por la Calle Real me llegó un mensaje por whats app, y este contenia una sola imagen Uns rosas en la cabecera de un marco rojo y un texto que decía entre cosas, que ya lo había hecho y lo había hecho bien, vaya que puto descaro…veamos lo que se me ocurrió:
Uno ayuda al otro. El otro llega al poder. Después viene la gratitud. Más tarde aparece una nueva candidatura. Y entonces comienza otra vez el carrusel, con la diferencia de que este carrusel no gira en la plaza para diversión de los niños: gira sobre nóminas, contratos, subsidios y favores que terminan pagándose, tarde o temprano, con el silencio de quien no puede reclamar porque depende de esa misma administración para sobrevivir.
Bonito negocio sería ese. Porque si la política municipal termina reducida a «tú me ayudas hoy y yo te devuelvo mañana», ya no estamos hablando de un proyecto de ciudad. Estamos hablando de una cadena de favores, y las cadenas, hay que decirlo con toda la crudeza que merece, no se rompen solas: se rompen cuando alguien tiene el valor de señalarlas antes de que se conviertan en costumbre.
Juan Pablo Ospina Rosas gobernó Salamina entre 2020 y 2023. Manuel Fermín Giraldo Gutiérrez ocupa actualmente la Alcaldía después de resultar elegido en 2023. Esos son hechos comprobables. Lo que corresponde ahora es vigilar algo elemental: que la administración pública no se convierta en maquinaria de ninguna candidatura, ni en el casco urbano donde todo se ve, ni mucho menos en San Félix y en las veredas donde casi nada se ve, porque allá la vigilancia ciudadana llega tarde, si es que llega.
Majencio lo dice sin rodeos: los empleados de la Alcaldía no fueron nombrados para conseguir votos. Fueron contratados para atender ciudadanos, administrar recursos públicos, cumplir funciones, ejecutar programas y responderle a toda Salamina, incluida la señora que sube desde una vereda de San Félix con el niño enfermo esperando una remisión, incluido el campesino que necesita que le arreglen el camino destapado antes de que llegue el invierno, incluidos, sobre todo, aquellos que jamás votarían por el grupo político que gobierna y que por eso mismo tienen todavía más derecho a ser atendidos con la misma prontitud que el más fervoroso de los militantes.
Si un funcionario quiere participar en política dentro de los límites que establezca la ley, tendrá que responder individualmente por sus actos. Pero una cosa es la preferencia personal de alguien y otra muy distinta que desde una administración se cree un ambiente en el que conservar el puesto dependa de acompañar a determinado candidato. Ese es precisamente el terreno donde comienza el clientelismo, y ese terreno, en un municipio como el nuestro, no se mide solamente en las oficinas del Palacio Municipal: se mide también en la vereda donde el presidente de la Junta de Acción Comunal siente que si no lleva gente a la caravana del alcalde, el año entrante no habrá recursos para terminar el acueducto veredal que llevan años pidiendo.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿está Salamina construyendo nuevos liderazgos, o simplemente preparando relevos dentro del mismo círculo, mientras San Félix y sus veredas siguen sirviendo, elección tras elección, apenas de reserva de votos y nunca de cantera de dirigentes propios? Porque si el libreto fuera que un alcalde ayuda a elegir a su sucesor, ese sucesor devuelve posteriormente el respaldo y después aparece otro miembro de la misma corriente, lo que tendríamos no sería alternancia democrática sino una especie de administración por turnos: hoy usted, mañana yo, pasado mañana alguien de la casa, y mientras tanto, en los altos de San Félix, las mismas familias campesinas de siempre esperando que algún día el turno también sea suyo.
Salamina tiene abogados, ingenieros, administradores, empresarios, docentes, profesionales jóvenes, dirigentes comunitarios, campesinos y personas con experiencia pública suficientes —en el casco urbano y en cada rincón de San Félix— para que la Alcaldía no tenga que circular eternamente entre los mismos apellidos, amigos y grupos. Ese es el problema de fondo. Nadie debería sentirse propietario del Palacio Municipal: ni un exalcalde porque ya gobernó, ni un alcalde porque está gobernando, ni un concejal porque tenga votos, ni un secretario porque maneje una dependencia, ni una familia porque lleve años participando en política. La Alcaldía pertenece institucionalmente al municipio y políticamente a los ciudadanos, y esos ciudadanos no son solamente los que se cruzan todos los días con el alcalde en la plaza principal: son también los que solo bajan del corregimiento una vez al mes a hacer un trámite, y a quienes nadie debería exigirles simpatía política a cambio de un servicio que ya les pertenece por derecho.
Majencio tampoco va a cometer la irresponsabilidad de llamar corrupción a todo aquello que huela mal. Para afirmar corrupción hacen falta documentos, decisiones judiciales, investigaciones o pruebas concretas. Pero el amiguismo y el clientelismo también merecen vigilancia antes de que lleguen a convertirse en expedientes, y sobre todo antes de que se conviertan en esa normalidad silenciosa que termina aceptando el campesino de una vereda apartada cuando le explican, con toda naturalidad, que su solicitud «va a demorarse un poco más» porque en su casa no acompañaron la última campaña.
Por eso sería saludable que la actual administración despejara cualquier duda. ¿Hay funcionarios municipales participando activamente en actividades de una eventual candidatura? ¿Lo hacen por iniciativa propia? ¿Existe algún tipo de orientación política desde cargos públicos? ¿Se están utilizando vehículos, horarios, bases de datos, contratos, programas sociales, reuniones oficiales o recursos institucionales para beneficiar a alguien, ya sea en el centro de Salamina o en el corregimiento y veredas? Esas preguntas tienen respuesta sencilla cuando todo está funcionando correctamente: documentos, transparencia y reglas claras.
Y aquí Majencio levanta otra ceja, porque una administración que está segura de su conducta no debería molestarse porque le pregunten. Al contrario: debería publicar reglas internas claras sobre participación política de funcionarios y garantizar que ningún contratista o empleado —tampoco el promotor de salud que sube semanalmente a San Félix, tampoco el operador del carro que recoge la leche en las veredas, tampoco la docente que enseña en una escuela rural— sienta que debe demostrar fidelidad electoral para conservar su puesto. Eso protege al alcalde, protege a los funcionarios y, sobre todo, protege al municipio entero, con su casco urbano de balcones tallados y su zona rural de niebla y trocha destapada por igual.
Lo peligroso aparece cuando el empleo público empieza a confundirse con militancia. «Yo le conseguí el puesto.» «Usted sabe con quién estamos.» «Necesitamos que nos ayude.» «Hay que acompañar al doctor.» Frases pequeñas, dichas casi en tono de favor entre paisanos, que repetidas durante décadas en muchos municipios colombianos —y Salamina no es una excepción, ni San Félix una isla aparte— terminan construyendo enormes maquinarias electorales que ya nadie sabe cómo desarmar. Y luego nos preguntamos por qué resulta tan difícil renovar la política, por qué los mismos apellidos siguen circulando generación tras generación mientras tantos jóvenes talentosos de nuestras veredas terminan yéndose a Manizales o a Medellín convencidos de que aquí nunca habrá espacio para ellos si no nacieron en la familia correcta.
La democracia no consiste solamente en que haya elecciones cada cuatro años. También exige que quienes están fuera del poder puedan competir sin enfrentarse a una estructura oficial puesta al servicio de quienes están adentro. Porque cuando el funcionario depende del político, el contratista depende del funcionario y el ciudadano depende del contrato o de una ayuda, la libertad electoral empieza a encogerse, y se encoge más rápido todavía en las veredas más alejadas, donde una sola llamada de un secretario de despacho puede pesar más que la voluntad de una familia entera.
Majencio no sabe quién será el próximo alcalde de Salamina, y mejor que no lo sepa nadie todavía. Eso deben decidirlo los ciudadanos, los del centro y los de la periferia por igual. Pero sí sabe algo: Salamina merece una elección en la que los candidatos compitan con ideas, trayectoria, equipos, programas y capacidad para administrar, no con nóminas prestadas, compromisos heredados o facturas políticas de administraciones anteriores. Y si Juan Pablo Ospina Rosas decide aspirar nuevamente, tendrá todo el derecho de presentar sus propuestas, explicar su gestión anterior y pedir el respaldo de los ciudadanos. Lo mismo cualquier otro aspirante. Lo que ninguno debería tener es una Alcaldía funcionando como comité electoral, porque entonces ya no habría candidatos enfrentándose en igualdad de condiciones: habría candidatos enfrentándose al Estado municipal, y eso sería otra cosa.
Majencio termina haciendo cuentas con los dedos y no quiere que dentro de cuatro años tenga que volver a escribir la misma columna cambiando únicamente los nombres, ni que dentro de ocho años algún salamineño de San Félix, ya cansado de esperar su turno, tenga que explicarle a sus hijos por qué en su tierra el poder siempre parece heredarse entre los mismos. Primero uno ayuda al otro. Después el otro devuelve el favor. Luego aparece el siguiente heredero político. Y así, de mano en mano, mientras Salamina entera —la de la plaza y la del corregimiento, la del pueblo patrimonio y la de las fincas cafeteras más apartadas— sigue observando, cada vez con menos paciencia.
No, señores. La Alcaldía no es una posta. El poder municipal no se hereda, no se presta y no se devuelve como un favor entre amigos de toda la vida. Se recibe temporalmente de los ciudadanos y, cuatro años después, se les devuelve para que vuelvan a decidir, sin distinguir entre el que vive a media cuadra del Palacio Municipal y el que tiene que bajar tres horas desde su vereda solo para poder votar. Ese es el único relevo que debería estar garantizado.
