El Monumento al Farol, bautizado por muchos como “monumento a la chanchullería”, volvió a abrir sus puertas tras años de cierre. Más allá de quién lo administra —un conocido salamineño cercano al alcalde— lo que realmente importa es que se trata de una obra levantada con dinero público. Si fue construida con los impuestos de los habitantes de Salamina, ¿por qué ahora se les cobra a ellos mismos por ingresar? Ese cobro debería recaer en los visitantes, no en quienes ya aportaron para su construcción. El patrimonio colectivo no puede convertirse en un peaje para los propios contribuyentes.

El problema es aún más grave: los recursos generados parecen terminar en bolsillos privados, sin claridad sobre seguros obligatorios para accidentes, como exige la ley. Una obra que costó al municipio más de mil millones de pesos, marcada por sobrecostos, hoy se explota como negocio particular. El Farol debería enaltecer la memoria y la cultura de Salamina, no convertirse en símbolo de privatización disfrazada de turismo. La comunidad merece transparencia y garantías, no un patrimonio convertido en negocio de amigos.
Redacción La Revista de Caldas