El otoño en la Patagonia tiene una manera particular de instalarse en el alma. No llega con estridencia, ni con el dramatismo de otras estaciones. Llega lento, casi en silencio, como si no quisiera incomodar. El viento se vuelve más frío, los colores se apagan en tonos ocres, y la luz del día parece más corta, más distante. Es en ese clima —entre la brisa helada y la soledad de los paisajes abiertos— donde la memoria empieza a hacer su trabajo. Y entonces aparece Colombia.
Aparece no como postal, sino como herida.
Porque la nostalgia, cuando se está lejos de la patria, no es solo el recuerdo de la comida, de la música o del calor humano. Es también la conciencia aguda de lo que está ocurriendo allá, de lo que se siente cada vez más fracturado, más dividido, más ajeno a la idea de nación que alguna vez se soñó.
Hoy Colombia no solo enfrenta sus problemas históricos —la desigualdad, la violencia, la corrupción—, sino algo quizás más profundo y más peligroso: una polarización emocional y política que ha terminado por romper los puentes entre ciudadanos. Ya no se trata únicamente de diferencias ideológicas. Se trata de una incapacidad creciente para reconocerse en el otro, para aceptar que en la diversidad también habita la posibilidad de construir.
El país parece partido en dos mitades irreconciliables. Pero lo más inquietante no es esa división visible, ruidosa, constante. Lo más inquietante es la otra mitad: la silenciosa.
Ese 50% de colombianos que decide no participar, que opta por no votar, por anular su voto o por marcar en blanco, no es un dato menor ni un simple fenómeno estadístico. Es, en realidad, una declaración profunda de desencanto. Es el síntoma de una ciudadanía que ha dejado de creer.
Y ahí es donde el problema se vuelve estructural.
Porque mientras unos gritan, otros callan. Y ese silencio también decide.
La democracia, en su esencia más básica, se sostiene en la participación. Cuando la mitad del país se ausenta del proceso electoral, lo que queda no es una democracia robusta, sino una democracia disminuida, frágil, incompleta. Y entonces ocurre lo inevitable: ese otro 50% —el que sí participa— termina definiendo el rumbo de todos, incluyendo de aquellos que eligieron no elegir.
Pero la pregunta incómoda es otra: ¿hasta qué punto esa abstención es realmente indiferencia, y no más bien desesperanza?
Porque es fácil señalar al que no vota, culparlo de los males del país, acusarlo de apatía. Pero tal vez habría que preguntarse qué condiciones llevaron a millones de ciudadanos a sentir que su voto no cambia nada. Qué tipo de sistema político produce ese nivel de desconexión entre el ciudadano y el poder.
Y ahí aparece otro fenómeno igualmente preocupante: la proliferación de candidaturas sin destino.
Cada proceso electoral en Colombia parece convertirse en una especie de desfile interminable de aspirantes a la presidencia. Nombres que surgen, discursos que se repiten, promesas que se multiplican. Pero detrás de esa aparente diversidad democrática, hay una realidad difícil de ignorar: muchos de esos candidatos no tienen ninguna posibilidad real de llegar a una segunda vuelta.
Entonces surge la sospecha. Y no es una sospecha menor.
¿Participan por convicción o por cálculo?
El sistema de reposición de votos —pensado originalmente como un mecanismo para fortalecer la democracia y garantizar cierta equidad en la competencia— termina siendo, en algunos casos, un incentivo perverso. Un estímulo económico que convierte la participación electoral en un negocio. En una inversión.
Y cuando la política se convierte en negocio, pierde su esencia.
Es inevitable pensar que, para algunos, la campaña no es un proyecto de país, sino una estrategia financiera. Un camino para acceder a recursos públicos bajo la apariencia de ejercicio democrático. Dinero que, en un país con tantas necesidades urgentes, podría estar destinado a resolver problemas reales: educación, salud, infraestructura, empleo.
Pero en cambio, se diluye en campañas sin destino.
Esa es la tragedia silenciosa de la politiquería.
Una palabra que en Colombia ya no necesita explicación, porque todos la entienden, todos la reconocen, todos la han padecido. La politiquería no es solo corrupción. Es también simulación. Es el arte de hacer política sin vocación de servicio. Es el espectáculo vacío que reemplaza el debate serio. Es la promesa fácil que sustituye la propuesta estructural.
Y en medio de todo eso, el ciudadano queda atrapado.
Entre la desconfianza y la resignación. Entre el ruido de los extremos y el silencio de los indiferentes. Entre la sobreoferta de candidatos y la escasez de proyectos creíbles.
Desde la distancia —desde este otoño patagónico que invita a pensar más de la cuenta— Colombia se percibe como un país en permanente tensión consigo mismo. Como una nación que aún no logra reconciliar sus diferencias, que sigue buscando una identidad común en medio de tantas fracturas.
Pero también, y esto es importante decirlo, como un país que todavía tiene la posibilidad de corregir el rumbo.
Porque la historia no está escrita.
La participación, aunque golpeada, no está perdida. La ciudadanía, aunque cansada, no está extinguida. Y la política, aunque desprestigiada, sigue siendo el único camino posible para transformar la realidad.
Lo que sí parece urgente es un cambio de actitud colectiva.
Un reconocimiento de que la indiferencia también tiene consecuencias. De que no votar no es una posición neutral. De que anular el voto o marcar en blanco puede ser una forma de protesta válida, pero también puede terminar reforzando aquello que se pretende cuestionar.
Y del otro lado, un llamado igualmente necesario a quienes aspiran a gobernar: la política no puede seguir siendo un ejercicio de oportunismo. No puede reducirse a cálculos electorales ni a estrategias de corto plazo. No puede seguir alimentándose de la desconfianza ciudadana.
Colombia necesita menos candidatos y más líderes.
Menos discursos y más ideas.
Menos cálculos y más convicciones.
El otoño, con su carga de melancolía, tiene algo de espejo. Obliga a mirar hacia adentro. A hacer balance. A reconocer lo que se ha perdido, pero también lo que aún queda por salvar.
Quizás esa sea la tarea pendiente.
Recuperar el sentido de lo común. Volver a creer —no ingenuamente, sino críticamente— en la posibilidad de un país distinto. Entender que la democracia no es un evento cada cuatro años, sino una construcción diaria que requiere participación, responsabilidad y conciencia.
Porque al final, más allá de la distancia, más allá del frío del sur o del calor de la patria, hay una certeza que no cambia: Colombia no es solo un territorio. Es una responsabilidad compartida.
Y esa responsabilidad no admite indiferencia.
