Hay alcaldes que gobiernan desde el territorio y hay alcaldes que gobiernan desde las redes sociales. Los primeros recorren las obras, revisan presupuestos, firman contratos y rinden cuentas con resultados verificables que la comunidad puede tocar, medir y comparar. Los segundos hacen algo más sencillo y más cómodo: publican fotografías, anuncian proyectos con entusiasmo, repiten promesas con la cadencia de un locutor de radio y convierten la gestión pública en una sucesión de titulares que rara vez se traducen en hechos concretos. En Salamina, lamentablemente, parece haberse instalado ese segundo modelo con una comodidad que debería alarmar a cualquier ciudadano que todavía crea que gobernar es algo más que producir contenido para Instagram o Facebok.
Esta no es una afirmación ligera ni una opinión construida sobre rumores. Basta leer con cuidado la respuesta oficial que la administración municipal entregó a un derecho de petición sobre varios anuncios hechos para el corregimiento de San Félix para que la realidad aparezca con una claridad que ningún comunicado oficial puede disfrazar. Lo que allí aparece no es la defensa sólida de una gestión en marcha ni la demostración de que los proyectos anunciados tienen respaldo administrativo real. Lo que aparece es algo mucho más inquietante: la confirmación de que muchos de los anuncios que se venden ante la comunidad como logros o proyectos avanzados no tienen aún ni siquiera los estudios, contratos ni viabilidad administrativa verificable. En otras palabras, lo que se anuncia con fanfarria en discurso y redes sociales todavía no existe en la vida real del municipio. Existe en el discurso. Existe en la fotografía. Existe en el titular. Pero no existe en ningún expediente, en ningún contrato, en ninguna obra que alguien pueda ver desde la ventana de su casa.
Y como si eso no fuera suficiente, el propio documento con el que la Alcaldía intentó responder al derecho de petición revela, sin quererlo, otra dimensión del problema. Porque un derecho de petición no es un comentario de Facebook ni una publicación que se redacta en cinco minutos entre reunión y reunión. Es un acto administrativo que exige rigor, claridad, orden y precisión técnica, el tipo de documento que debería reflejar la seriedad de una institución que tiene la responsabilidad de gestionar los recursos y el bienestar de una comunidad entera. Sin embargo, el documento presentado por la administración parece más un texto improvisado a última hora que una respuesta seria de una entidad pública. La estructura es caótica, los puntos aparecen mezclados y mal numerados, algunos temas se repiten sin coherencia y otros se abandonan a mitad sin explicación, como si el documento hubiera sido armado con fragmentos pegados sin ninguna revisión técnica. Incluso la numeración pierde coherencia en varios apartados, algo que en cualquier documento administrativo básico sería motivo de vergüenza institucional. Cuando un gobierno no es capaz de presentar una respuesta oficial ordenada y técnicamente sólida, está enviando un mensaje involuntario y devastador sobre su propia forma de gestión: un gobierno que comunica desorden suele administrar exactamente de la misma manera.
Pero el problema no se detiene en la forma. El fondo del documento es aún más preocupante, porque en lugar de responder con claridad qué proyectos existen realmente, cuáles están financiados con fuentes concretas, cuáles tienen estudios aprobados y cuáles fueron simplemente anuncios políticos lanzados al aire para alimentar la narrativa de una administración activa, la Alcaldía se dedica a construir una defensa burocrática del discurso vacío. La administración prácticamente admite que muchos de los anuncios difundidos públicamente no tienen respaldo administrativo todavía, pero intenta convertir esa debilidad en una explicación aceptable llamando a esos anuncios «iniciativas», «gestiones» o «decisiones estratégicas», como si el cambio de nombre pudiera transformar una promesa en una realidad. Traducido al lenguaje simple que la ciudadanía merece: promesas. Nada más que promesas envueltas en tecnicismo administrativo para que suenen a algo más serio de lo que son.
El caso de la pavimentación hacia la llamada mansión del abuelo es un ejemplo que ilustra este patrón con una precisión que incomoda. En el discurso público el proyecto fue presentado como algo encaminado, como una gestión en marcha que la comunidad podía esperar con confianza. Pero cuando se revisa la respuesta oficial con atención, lo que aparece es que todo depende de un eventual empréstito que todavía no está aprobado y de autorizaciones futuras que todavía no se han tramitado. El proyecto ni siquiera ha entrado en fase real de ejecución. Sin embargo, el anuncio ya realizo en discursos, circuló en redes sociales, la fotografía ya se publicó, el discurso del progreso ya fue contado y la comunidad ya aplaudió algo que en la realidad administrativa del municipio todavía no existe. Ese es el modelo: anunciar primero, ejecutar después, y rezar para que nadie haga las preguntas correctas en el momento correcto. El mismo patrón se repite en otros anuncios relacionados con infraestructura y obras en San Félix, donde los soportes administrativos revelan gestiones preliminares, ideas iniciales o estudios que apenas comienzan, sin que nada se parezca todavía a las obras que el discurso político sugería con tanta seguridad.
La contradicción más reveladora del documento aparece precisamente cuando se comparan las respuestas que sí tienen sustento con las que no lo tienen. Cuando la administración cuenta con proyectos que tienen soporte real, estudios contratados o diseños técnicos verificables, los menciona con datos concretos y referencias precisas. Eso demuestra que cuando hay pruebas, la administración puede mostrarlas. Pero cuando no las hay, se refugia en la narrativa de la gestión futura, en el lenguaje de lo que viene, de lo que se está gestionando, de lo que será posible si se aprueban los empréstitos y si el Concejo autoriza y si los estudios resultan favorables. Es la diferencia entre gobernar y prometer, y esa diferencia no debería necesitar explicación ante una comunidad que lleva meses escuchando anuncios y esperando resultados.
El tema del corregidor de San Félix es otro ejemplo de la misma lógica evasiva. La comunidad ha señalado con razón la ausencia de una designación formal para ese cargo, una ausencia que tiene consecuencias reales en la vida cotidiana del corregimiento. La respuesta de la administración no explica por qué no se ha hecho el nombramiento, no ofrece ninguna justificación de fondo ni ningún plazo concreto para resolver la situación. Simplemente se limita a recordar que el alcalde tiene la facultad legal de hacerlo, como si señalar una atribución fuera equivalente a ejercerla. Es una evasión tan transparente que resulta difícil no leerla como un insulto a la inteligencia de quienes formularon la pregunta, porque la comunidad no preguntó si el alcalde puede nombrar un corregidor. Preguntó por qué no lo ha hecho. Y esa pregunta, que es la que importa, sigue sin respuesta.
Mientras tanto, en redes sociales la historia es radicalmente distinta. Allí el gobierno municipal aparece como una administración hiperactiva: reuniones permanentes, anuncios constantes, promesas de desarrollo, fotografías de recorridos por el territorio, apretones de mano a la gente y discursos optimistas sobre el futuro de Salamina que se suceden con una regularidad que ninguna obra real podría sostener. Es una narrativa de gestión permanente construida con la precisión de una campaña publicitaria, y ese es exactamente el problema, porque gobernar no es producir contenido para Instagram o Facebook, gobernar no es gestionar la percepción, gobernar no es construir una imagen de eficiencia en pantallas mientras el territorio espera resultados que no llegan. Gobernar es ejecutar. Es firmar contratos que se cumplen, inaugurar obras que existen, resolver problemas que tienen solución y rendir cuentas ante una comunidad que tiene todo el derecho de exigir que sus impuestos se conviertan en algo tangible.
El deterioro más grave que produce este modelo de política basada en anuncios no es administrativo sino democrático, porque cuando las promesas se acumulan sin convertirse en obras, cuando el discurso político se parece demasiado a la publicidad y cuando los documentos oficiales revelan más confusión que certeza, lo que se erosiona es la confianza ciudadana, ese vínculo frágil e imprescindible sin el cual ninguna democracia local puede funcionar de verdad. Las comunidades no viven de anuncios, no se alimentan de titulares y no pueden pavimentar sus calles con fotografías de redes sociales. Viven de resultados concretos, de carreteras terminadas, de infraestructura funcional, de servicios públicos eficientes y de instituciones presentes que respondan cuando se les pregunta con la seriedad y la claridad que el cargo exige.
Salamina merece una administración donde las redes sociales no sustituyan la gestión real, donde los anuncios se hagan cuando las obras están efectivamente encaminadas, donde los documentos oficiales reflejen la seriedad de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y donde la rendición de cuentas no sea un ejercicio de evasión burocrática sino un acto de honestidad con la comunidad que confió su voto. Porque gobernar no es prometer. Gobernar es cumplir. Y mientras esa diferencia no se entienda en la Alcaldía de Salamina, los ciudadanos tendrán todo el derecho de seguir preguntando, de seguir exigiendo y de seguir recordando que las promesas, por muy bien fotografiadas que estén, no construyen un municipio.
