La pobreza no puede ser una tarima
Hay escenas que deberían incomodarnos, cualquiera que sea nuestro partido, nuestra simpatía política o el nombre de quien aparezca en ellas. Un dirigente llega hasta la casa de una familia humilde. Lleva un mercado, un colchón, unas tejas, unos zapatos, una ayuda económica o cualquier otra cosa que esa familia necesita. Hasta ahí, nada que reprochar: ayudar a otro ser humano siempre será un gesto digno cuando nace de la solidaridad.
El problema comienza cuando detrás de la bolsa aparece una cámara, cuando alguien ordena acomodarse para la foto, cuando la persona que recibe la ayuda termina convertida en protagonista involuntaria de un video que después circula por Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp. Y se degrada por completo cuando al beneficiario se le pone a decir, frente a un teléfono celular, que fulano o fulana «sí se preocupa por los pobres», que «es la persona que necesitamos», que «merece llegar a determinado cargo» o que «ojalá fuera nuestro próximo alcalde», concejal o diputado.
Ahí ya no estamos hablando de solidaridad. Estamos hablando de politiquería en su forma más rastrera: el aprovechamiento sistemático de la necesidad ajena para construir un capital electoral. Y sobre eso hay que hablar, aunque moleste, aunque aparezcan de inmediato quienes respondan que criticar estas prácticas equivale a estar en contra de que se ayude a la gente.
No. Eso es darle la vuelta a la discusión, y es exactamente la maniobra que usa siempre la politiquería para blindarse: disfrazar de generosidad lo que en realidad es cálculo. Este comunicador jamás estará en contra de que alguien ayude a una familia que pasa hambre, a un anciano abandonado, a una madre que no tiene con qué alimentar a sus hijos o a un campesino golpeado por una tragedia. Ojalá hubiera mucha más solidaridad. Lo que cuestionamos, y lo que denunciamos, es que la necesidad humana sea convertida en escenario para fabricar una imagen política, porque el pobre también tiene dignidad.
La pobreza no le quita a nadie el derecho a conservar su intimidad. Recibir un mercado no debería obligar a sonreír frente a una cámara. Recibir una ayuda no debería generar una deuda política. Necesitar un colchón, unas tejas o unos alimentos no convierte a nadie en figurante de una campaña, y mucho menos debería convertirlo en propagandista de quien puso el dinero.
Ayudar sin cámaras también es ayudar
Existe una pregunta muy sencilla que sirve para diferenciar la solidaridad genuina de la politiquería disfrazada: ¿la ayuda se entregaría de la misma manera si no existieran Facebook, TikTok, Instagram ni ninguna cámara cerca? Si la respuesta es sí, magnífico. Pero si la cámara resulta indispensable —si hay que grabar la entrega, editar el video, poner música, publicar fotografías, escribir frases emotivas y mostrar una y otra vez el rostro agradecido del beneficiario— entonces ya no hay duda de dónde termina la solidaridad y dónde comienza la maquinaria de propaganda.
No decimos que toda fotografía de una actividad social sea incorrecta: las instituciones, las organizaciones sociales, las fundaciones e incluso los dirigentes públicos necesitan en muchas ocasiones documentar lo que hacen. El asunto está en cómo se hace, con qué propósito se hace y, sobre todo, en qué posición queda la persona que recibe la ayuda. Porque existe una enorme diferencia entre informar que hoy fueron entregados treinta mercados a familias afectadas por determinada emergencia, y construir un video alrededor del rostro de una mujer humilde diciendo que gracias a fulanita, porque ella sí piensa en nosotros, merece ser nuestra próxima autoridad. Eso ya merece una discusión pública. No sobre la mujer que recibió el mercado —ella no tiene nada que explicar—, sino sobre quien puso la cámara. Ese es el que debe rendir cuentas.
No conviertan al pobre en escenografía
Hay algo particularmente cínico cuando quienes aparecen en esas publicaciones pertenecen precisamente a los sectores más vulnerables de la población: personas para quienes un mercado significa mucho, personas que pueden estar atravesando desempleo, enfermedad, pobreza, abandono o una emergencia familiar. Allí existe una relación profundamente desigual. De un lado está quien tiene dinero, capacidad de gestión, contactos, exposición pública y eventualmente aspiraciones políticas. Del otro está quien necesita comer. Y esa desigualdad es exactamente lo que la politiquería explota: sabe que nadie, en esa posición, se atreve a decirle a la cámara «muchas gracias por el mercado, pero yo no voy a votar por usted». Por eso la política tiene que mantener una distancia prudente frente a la necesidad económica de las personas, porque una democracia sana necesita ciudadanos libres, no ciudadanos agradecidos por obligación.
El voto, la simpatía política y el respaldo a una persona deben surgir de sus propuestas, de sus actuaciones, de su trayectoria y de la confianza que inspire. No del contenido de una bolsa de mercado. Quien reduce la política a eso no está haciendo gestión social: está comprando lealtades con la necesidad ajena, y eso tiene un nombre que no debería suavizarse: clientelismo.
Y aparece otra pregunta: ¿quién paga?
Existe además un asunto que no debe convertirse en pecado mencionar: el dinero. Cuando una actividad política o de promoción personal comienza a adquirir dimensiones importantes, cualquier ciudadano puede preguntar cómo se financia. No es una acusación, es una pregunta, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas.
En Colombia los concejales reciben honorarios por su asistencia a las sesiones, bajo un régimen establecido por la ley; jurídicamente no se trata simplemente de un salario común. Por eso, cuando alrededor de cualquier figura política se observa una actividad permanente que incluye ayudas, desplazamientos, mercados, materiales, producción de videos, fotografías, edición profesional, publicidad y manejo de redes sociales —todo lo cual cuesta dinero—, resulta perfectamente razonable preguntar de dónde salen los recursos.
¿Son recursos personales? ¿Hay empresarios que colaboran? ¿Existen amigos financiando las actividades? ¿Hay donaciones? ¿Quién paga al camarógrafo, al editor, la publicidad, las ayudas? ¿Se llevan registros? No estamos diciendo que exista una irregularidad. Estamos diciendo algo más elemental: cuando el dinero y la política empiezan a caminar juntos, la transparencia protege tanto al ciudadano como al propio dirigente, y quien se niega a responder esas preguntas ya está diciendo algo sobre sí mismo.
La financiación política no es un asunto menor. En Colombia existe el sistema Cuentas Claras, administrado por el Consejo Nacional Electoral, para la rendición oficial de ingresos y gastos de las campañas cuando estas se encuentran sometidas a esas obligaciones, y la legislación electoral contempla distintas fuentes legales de financiación y exige reportes en los casos correspondientes. Eso no significa que toda actividad social de una persona que participa en política constituya automáticamente una campaña electoral ni que deba calificarse, sin pruebas, como una irregularidad. Significa algo más sencillo: el origen del dinero importa, y cuanto más visible, costosa y permanente sea una estructura de promoción política, más natural será que la ciudadanía pregunte quién la está pagando. Callar esa pregunta, o tratarla como una ofensa, es ya una forma de politiquería.
La respuesta no puede ser hacerse la víctima
Existe además un recurso demasiado conocido y demasiado barato. Alguien cuestiona la exposición de personas humildes en redes sociales y enseguida aparece la respuesta: «mis opositores están molestos porque yo ayudo a los pobres». No. No cambien la pregunta. Nadie está preguntando por qué ayudan; la pregunta es por qué hay que filmar al pobre recibiendo la ayuda, por qué su agradecimiento termina convertido en publicidad, por qué aparece diciendo que quien le entregó determinada cosa merece ocupar un cargo público, y quién paga toda la estructura que permite convertir esos actos en piezas cuidadosamente producidas para las redes sociales.
Responder a esas preguntas diciendo que «hay gente que no quiere que ayudemos» puede producir aplausos en la tarima, pero no responde absolutamente nada. Es una manera cómoda —y deshonesta— de eludir el asunto. Incluso termina invirtiendo los papeles de manera grotesca: quien pide transparencia aparece convertido en enemigo de los pobres, mientras quien utiliza la imagen del pobre queda presentado como su defensor. Así no funciona una discusión seria, y quien recurre a ese truco ya perdió el argumento antes de empezar.
Haga la prueba
Hay una manera muy sencilla de demostrar que la solidaridad es genuina: ayude mañana, pero deje la cámara en la casa. Compre el mercado, entréguelo, salude a la señora, pregúntele cómo está, escuche sus problemas y váyase. Sin fotografía, sin video, sin música emotiva, sin publicación, sin pedirle que diga quién la ayudó ni que recomiende a nadie para ningún cargo público. Quizás nadie en Facebook se entere, quizás no llegue ningún «me gusta», quizás el algoritmo no premie la acción. Pero esa ayuda tendrá un valor humano muchísimo mayor, porque habrá llegado adonde tenía que llegar —a la mesa de una familia— y no a una campaña de imagen.
La ayuda no puede tener factura electoral
Los pueblos pequeños tienen memoria. La gente sabe quién estuvo presente cuando no había elecciones cerca y quién apareció cuando comenzó a oler a campaña; sabe quién ayudó durante años sin tomar una fotografía y quién descubrió súbitamente la pobreza cuando encontró en ella una oportunidad para producir contenido. Y también distingue —aunque algunos políticos crean que no— entre generosidad y propaganda. No subestimemos a la gente, pero tampoco sigamos normalizando estas prácticas, porque cuando empezamos a aceptar que una bolsa de comida venga acompañada de una declaración política, estamos entrando en un terreno peligroso.
Hoy puede ser un mercado, mañana unas tejas, después un medicamento, luego un transporte. Y poco a poco se instala una cultura en la cual el ciudadano más pobre comienza a sentir que aquello que debería recibir como solidaridad, como política social o como simple apoyo humano, tiene detrás un nombre propio al cual debe gratitud. Eso no es gestión: es la vieja politiquería de siempre, reciclada con teléfono celular y redes sociales, y sigue siendo tan indigna como cuando se hacía con megáfono desde una tarima de plaza. Daña la democracia y humilla al beneficiario.
Quien tiene hambre no debería tener que pagar con su imagen. Quien necesita ayuda no debería pagar con un elogio. Quien recibe un mercado no debe entregar a cambio su dignidad política. Por eso seguiremos defendiendo la ayuda —toda la que sea posible—, más manos tendidas, más empresarios ayudando, más ciudadanos compartiendo, más dirigentes recorriendo los sectores olvidados. Pero que se haga respetando a la gente, y que cuando detrás de esas actividades exista una figura política que aspira a crecer electoralmente, haya todavía más transparencia: que explique quién paga, quién aporta, cuánto cuestan esas actividades, y que no se moleste cuando se lo pregunten, porque hacer política implica también aceptar el escrutinio público. Quien no lo acepta no está haciendo política: está haciendo politiquería, y la politiquería no tolera preguntas porque no sobrevive a ellas.
No estamos en contra de ayudar a los pobres. Estamos en contra de usar al pobre como telón de fondo. No estamos cuestionando el mercado que llega a una casa donde hace falta; estamos cuestionando la cámara que llega detrás, y al político que necesita esa cámara para sentirse dirigente.
Porque hay una diferencia enorme entre tender una mano y montar una escena, y esa diferencia comienza exactamente en el instante en que la necesidad de un ser humano deja de ser un asunto privado para convertirse en mercancía política.
La pobreza merece soluciones. No reflectores. Y mucho menos merece servirle de tarima a quien no tiene con qué pararse solo.
