Salamina entre la opacidad y la complacencia: Sin Gaceta no hay democracia

En Salamina, pueblo que presume de patrimonio cultural y tradición democrática, la política local atraviesa un momento de vergonzosa desnudez institucional. Lo ocurrido en el Concejo Municipal con la proposición del concejal Juan José Hurtado Cañón—orientada a crear una comisión accidental de seguimiento al contrato de pavimentación de la vía Salamina–La Merced— no es un episodio aislado, sino el síntoma de una enfermedad más profunda: la renuncia deliberada al control político y la complicidad con la opacidad administrativa.

La propuesta era elemental: conformar una comisión de veeduría para vigilar el uso de recursos provenientes de la Gobernación. No se trataba de un acto heroico ni de una cruzada revolucionaria, sino de cumplir con el deber mínimo de un concejo municipal: ejercer control político. Sin embargo, la mayoría de concejales votó en contra. Y lo hicieron con argumentos tan pobres que rozan la caricatura: “como la obra no ha empezado no hay nada que vigilar”, “tenemos plena confianza en la administración”, “no es necesario el control”.

Estas frases, más que razones, son confesiones. Confesiones de ignorancia, de complacencia y de miedo. Porque el control político no es opcional ni decorativo: es una obligación legal y ética. Negarse a ejercerlo equivale a abdicar de la función para la cual fueron elegidos. Y hacerlo con excusas infantiles revela una cultura política degradada, donde la lealtad al alcalde pesa más que la responsabilidad con el ciudadano.

La actitud del Concejo no puede entenderse sin mirar hacia la Alcaldía. El alcalde de Salamina ha convertido la Gaceta Municipal —instrumento legal de transparencia— en un tablero polvoriento donde de vez en cuando se pega un papel arrugado. Esa burla institucional es la raíz del problema: sin publicación oficial, las decisiones carecen de validez frente al ciudadano.

La Gaceta debería ser accesible, pública y constante. Allí tendrían que registrarse las proposiciones, las votaciones y los acuerdos. Si la proposición de veeduría hubiera quedado publicada, la comunidad sabría quién votó en contra y con qué argumentos. Pero como nada se publica, los concejales se esconden detrás de su mediocridad y el alcalde detrás de su silencio. La transparencia se sustituye por propaganda, y la ciudadanía queda a oscuras.

Resulta revelador que los concejales más votados sean también los más cercanos a la administración. Beneficiarios constantes de la agenda oficial, defensores espontáneos de cada decisión ejecutiva, protagonistas de la práctica política conocida como “tapen, tapen”: tapen errores, tapen sobrecostos, tapen silencios. El objetivo no es gobernar mejor, sino proteger al patrón.

La comisión accidental no se hundió por inútil, sino por peligrosa. Peligrosa para quienes entienden el control como amenaza y no como garantía. Peligrosa porque pone luz donde algunos prefieren penumbra. Peligrosa porque recuerda que el Concejo no es una oficina de aplausos, sino un órgano de vigilancia. Y esa luz, en Salamina, incomoda demasiado.

El episodio deja una enseñanza amarga: cuando el poder se administra con gratitud personal y no con responsabilidad pública, la democracia local se convierte en un trámite y el control político en un estorbo. El Concejo, en lugar de ser contrapeso, se transforma en coro. El alcalde, en lugar de ser garante de transparencia, se convierte en administrador del silencio.

Mientras tanto, la obra de pavimentación sigue sin empezar, y nadie pregunta demasiado. El pueblo patrimonio corre el riesgo de convertirse en pueblo fantasma, donde las instituciones se vacían de contenido y la política se reduce a circo barato.

La ley que obliga y la ilegalidad que se practica

No se trata solo de un problema ético o político: es un incumplimiento legal. La Gaceta Municipal está regulada por normas claras en Colombia:

• Código de Régimen Municipal, artículo 379: “La Nación, los Departamentos y los Municipios incluirán en sus diarios, gacetas o boletines oficiales todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión pública deba conocer para ejercer control sobre las autoridades”.

• Artículo 380 del mismo Código: “En asuntos departamentales y municipales se aplicarán las disposiciones del Decreto-ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), salvo cuando las ordenanzas o acuerdos dispongan lo contrario”.

• Decreto 1083 de 2015: fija lineamientos de transparencia y publicidad de los actos administrativos en entidades territoriales, reiterando la obligación de publicación oficial.
• Concepto 242821 de 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública: reafirma que la Gaceta Municipal es el medio oficial de publicación de actos administrativos de carácter general, y que sin publicación carecen de efectos jurídicos frente al ciudadano.

En otras palabras: sin Gaceta, no hay validez. Lo que hoy ocurre en Salamina no es solo una burla política, es una ilegalidad flagrante. Las decisiones del Concejo y del alcalde que no se publican en la Gaceta son jurídicamente nulas.

La normativa es clara y contundente: la Gaceta Municipal no es un favor, es un deber. Salamina está atrapada en un círculo de silencio oficial y complacencia política que erosiona la confianza ciudadana. La negativa a la comisión accidental y la inexistencia de una Gaceta transparente son dos caras de la misma moneda: un Concejo y una Alcaldía que prefieren la penumbra a la luz, la obediencia al patrón antes que la responsabilidad pública.

En política, como en los negocios, cuando nadie quiere revisar, casi siempre hay algo que no quiere ser visto. Y ahí radica el verdadero problema: no en la comisión que se hundió, sino en el miedo a que alguna vez flote.