Hay algo que las pantallas no muestran la noche de las elecciones. Los periodistas hablan, los analistas gesticulan frente a mapas de colores, los candidatos celebran o guardan silencio con esa dignidad forzada de quien perdió pero no quiere que se note. Los números suben y bajan en tiempo real, las redes sociales arden con euforia o con indignación, y en algún lugar de ese ruido ensordecedor se pierde lo más importante: el sonido de veinte millones de personas que ese día decidieron quedarse en casa. No hubo cámara que los enfocara. No hubo micrófono que recogiera su silencio. Pero ese silencio, enorme y pesado como una piedra en el centro de la plaza, dijo más que muchos de los discursos que llenaron el aire esa jornada.
De 41.287.084 colombianos habilitados para votar, apenas 20.900.614 acudieron a las urnas. La participación se ubicó en el 50,6 por ciento, una cifra que suena técnica y distante hasta que uno se detiene a imaginarla en términos humanos. Significa que de cada dos colombianos con derecho a votar, uno se quedó en su casa, en su trabajo, en su cotidianidad, sin acercarse a una urna, sin marcar un tarjetón, sin dejar ninguna huella en el registro oficial de la jornada. Más de veinte millones de personas que existen en los padrones electorales pero que ese día eligieron, por las razones que fueran, no elegir. Y esa decisión, aunque parezca una ausencia, también es un acto. También habla. También tiene significado. El problema es que nadie sabe muy bien cómo escucharla.
Las democracias modernas descansan sobre un principio que parece sencillo pero que en la práctica resulta extraordinariamente frágil: la legitimidad del poder nace del consentimiento de los gobernados. Es una idea que viene de siglos atrás, que costó revoluciones y sangre y largas noches de debate filosófico, y que en su forma más básica dice que quien gobierna lo hace porque la gente lo autorizó. Pero cuando la mitad de esa gente decide no participar en el acto de autorizar, la pregunta que queda flotando en el aire es incómoda y necesaria al mismo tiempo: ¿qué tan sólido puede ser ese consentimiento cuando fue expresado por solo uno de cada dos ciudadanos? No se trata de cuestionar la legalidad del proceso. Las instituciones funcionaron, los resultados fueron auditados, quienes ganaron tienen la autoridad que la ley les confiere. Pero la legalidad y la legitimidad no son exactamente la misma cosa. La legalidad se mide en normas cumplidas. La legitimidad se mide en algo más difícil de cuantificar: en confianza, en pertenencia, en la sensación de que el sistema político te representa y que tu vida tiene algo que ver con lo que ocurre dentro de él.
Y ahí es donde los números empiezan a contar una historia diferente, más incómoda y más honesta que la de los ganadores y los perdedores.
Porque entre los que sí votaron también había gente que no quería elegir a nadie. Ciudadanos que hicieron el esfuerzo de salir, de buscar su puesto de votación, de hacer fila bajo el sol o bajo la lluvia, y que al final marcaron su tarjetón con una X en el cuadro del voto en blanco, o lo dejaron sin marcar, o lo rayaron de una manera que los jurados declararon nulo. En total, 615.638 votos en blanco, 571.892 votos nulos y 493.073 tarjetas no marcadas. Un millón seiscientas ochenta mil personas que participaron en la democracia para decirle a la democracia que ninguna de sus opciones les convencía. Es un gesto que tiene algo de paradoja hermosa y algo de grito contenido. Porque esas personas creyeron lo suficiente en el sistema como para acercarse a él, pero no encontraron dentro de él nada que mereciera su respaldo. Fueron a votar para no votar por nadie. Fueron a decir presente para decir al mismo tiempo que ninguna de las opciones presentes era suficiente.
El voto en blanco, en particular, tiene una dignidad especial en ese universo. No es un error ni una confusión. Es una postura. Es la manera institucional de ejercer el derecho al rechazo, de decir con toda claridad que se entiende el juego pero que las fichas disponibles no alcanzan para hacer una buena jugada. Quien vota en blanco conoce las reglas, respeta el proceso y aun así se niega a avalar ninguna de las opciones que el sistema le presenta. Es un voto que dice mucho sin decir un nombre. Y cuando se suman más de seiscientas mil personas haciendo ese gesto en una sola jornada electoral, el mensaje deja de ser individual y se convierte en algo colectivo, en una señal que el sistema político debería leer con mucha más atención de la que generalmente le dedica.
Si se suman todos estos números con la frialdad necesaria para entender su dimensión real, el panorama adquiere una profundidad que los titulares de la noche electoral no alcanzaron a mostrar. De los cuarenta y un millones de ciudadanos habilitados, más de veinte millones no votaron. Y de los que sí votaron, más de un millón seiscientos mil no respaldaron a ninguna fuerza política. Eso significa que el sistema político organiza el poder, distribuye las curules, define quién gobierna y quién hace oposición, con base en un universo electoral que representa apenas una fracción del total de ciudadanos. Las mayorías parlamentarias que se construyen sobre esa base son mayorías reales dentro del sistema, pero minoritarias si se miden contra el universo completo de quienes tienen derecho a participar. No es una anomalía colombiana. Es una tendencia que se repite en democracias de todo el mundo, en países ricos y pobres, en sistemas presidenciales y parlamentarios, en naciones con largas tradiciones democráticas y en otras donde la democracia todavía está aprendiendo a caminar. Pero que sea una tendencia generalizada no la convierte en algo aceptable sin más. La frecuencia de un problema no es su justificación.
La abstención, vista de cerca, es un fenómeno más complejo y más humano de lo que sugiere esa palabra fría y técnica. No siempre responde a las mismas razones. Hay quien no vota porque el puesto de votación queda lejos y no tiene cómo llegar. Hay quien no vota porque trabaja todo el día y no puede darse el lujo de perder horas en una fila. Hay quien no vota porque genuinamente no le importa, porque la política le parece un mundo ajeno y distante que ocurre en otro idioma y para beneficio de otras personas. Y hay quien no vota como un acto consciente de protesta, como una manera de decirle al sistema que no merece su participación, que ha fallado demasiadas veces, que ha prometido demasiado y cumplido demasiado poco, que los nombres cambian pero las decepciones se parecen. Todos estos abstencionistas conviven en ese número enorme de veinte millones de personas, y sería un error tratarlos como si fueran todos iguales, como si su silencio tuviera un solo significado. Pero también sería un error más grave aún ignorarlos, archivarlos como una estadística menor y continuar como si nada hubiera ocurrido.
Porque cuando millones de ciudadanos deciden sistemáticamente no participar, el mensaje que llega al sistema político no es neutro ni inocente. Es una señal de que existe una brecha, profunda y creciente, entre quienes aspiran a representar a la sociedad y la sociedad misma. Es una señal de cansancio acumulado, de promesas que no se cumplieron, de instituciones que funcionan para algunos pero no para todos, de una política que habla un idioma que muchos ciudadanos ya no entienden o ya no quieren escuchar. Y esa brecha no se cierra con campañas de pedagogía electoral ni con afiches que invitan a votar con entusiasmo. Se cierra, si es que se puede cerrar, con algo mucho más difícil y mucho más lento: con resultados concretos, con gestión honesta, con la sensación de que participar en la democracia tiene consecuencias reales en la vida de la gente.
Gobernar en ese escenario es una tarea que exige más que habilidad para armar coaliciones y negociar en los pasillos del Congreso. Exige reconstruir algo que se deteriora con cada promesa incumplida y con cada escándalo que confirma lo que muchos ya sospechaban: que el sistema existe para perpetuarse a sí mismo más que para servir a quienes dice representar. La confianza pública es un recurso extraordinariamente frágil. Se construye despacio, con consistencia y con hechos, y se destruye rápido, con una sola traición o con la acumulación silenciosa de pequeñas decepciones que con el tiempo se vuelven insoportables. Cuando esa confianza escasea, las decisiones del gobierno pueden ser perfectamente legales y al mismo tiempo enfrentar una resistencia social que las hace difíciles de sostener. Las reformas se vuelven más arduas, los acuerdos más costosos, y la gobernabilidad depende cada vez más de la fuerza y cada vez menos del convencimiento.
Las elecciones suelen leerse como una competencia con ganadores y perdedores, como un partido que termina cuando se apagan las pantallas y los candidatos dan sus discursos de victoria o de derrota. Pero la democracia no termina en la noche del escrutinio. Continúa al día siguiente, y al otro, y durante todos los años que dura el mandato de quienes ganaron. Y los números del domingo, leídos con honestidad, dejan algo más que una distribución de curules. Dejan una pregunta que nadie debería tener el lujo de ignorar: ¿por qué tantos colombianos sienten que este sistema no tiene nada que ver con ellos?
Mientras esa pregunta siga abierta y sin respuesta genuina, la democracia colombiana seguirá siendo una democracia incompleta. No porque sus instituciones no funcionen ni porque sus elecciones no sean libres, sino porque la mitad de sus ciudadanos la mira desde afuera, con indiferencia o con hartazgo, sin sentir que lo que ocurre dentro de ella les pertenece o les importa. Y una democracia que no logra convocar a la mitad de su gente no puede darse el lujo de llamarse plena. Puede llamarse funcional, puede llamarse legal, puede llamarse muchas cosas. Pero plena, todavía no.
El silencio de veinte millones de personas es la pregunta más grande que dejaron estas elecciones. Y merece, al menos, el esfuerzo honesto de intentar responderla.
