Quien ha parado bajo los tres palos sabe que lo peor de un gol no es el gol, sino la costumbre. El primero duele, el segundo indigna y al tercero uno ya saca el balón de la red sin mirar a nadie, sin gritarle a la defensa, sin preguntarse cómo se coló. Ahí el arquero se rinde, aunque siga parado bajo el arco. Algo parecido le está pasando a Salamina con la corrupción, y no lo digo desde la rabia sino desde la tristeza de ver cómo un pueblo con tanta historia empieza a encogerse de hombros.
Aquí la cosa funciona así. Sale la noticia de un contrato que nadie entiende, de una obra anunciada con bombos que se quedó a medias, de una entidad que no rinde cuentas. Durante tres días arde el pueblo: en las mesas del parque, en las tiendas de la Calle Real, en los grupos de WhatsApp de la familia, todo el mundo tiene una opinión y una indignación. Al cuarto día alguien dice «eso ya se sabía», al quinto «eso nunca va a pasar nada» y al sexto ya estamos hablando del partido del domingo, de la lluvia o de quién se casó. La coima pasa a ser «cosas de la política», el desfalco «un enredo administrativo» y el contrato amañado «una diferencia de criterios». Con palabras suaves se vuelve paisaje lo que debería ser escándalo.
Hay un agravante propio de los pueblos chicos: aquí todos nos conocemos. El señalado no es un nombre perdido en un titular de Bogotá, es el compadre, el vecino de enfrente, el primo de la señora que nos fía en la tienda, el que bautizó al hijo de un amigo. Entonces la denuncia incomoda más a quien la escucha que a quien la merece, y preferimos el silencio cortés a la conversación necesaria. Nos educaron para no «meternos en problemas» y para no «dañarle la vida a nadie», y en esa ternura mal entendida terminamos protegiendo a quien le dañó la vida a todos. La lealtad de pueblo es una virtud hasta el día en que sirve de escudo a quien se sirve del pueblo.
Tampoco ayuda la camiseta. En Salamina la política se hereda como el apellido y como la afición al equipo: hay quienes nacieron azules o rojos y de ahí en adelante todo se mira desde la trinchera. Si el señalado es de los nuestros, «hay que esperar a ver qué dice la justicia»; si es de los otros, «¡por fin se les cayó la máscara!». Con esa vara doble no hay manera de defender lo que es de todos. Un contrato torcido es torcido, lo firme quien lo firme, y la plata del municipio no tiene color, ni partido, ni dueño: es de la señora que vende arepas, del arriero jubilado, del muchacho que estudia en el colegio. A ellos se la roban, no a un gobierno ni a un partido.
Aquí me toca mirar hacia mi propio oficio, porque he pasado buena parte de la vida frente a una computadora y sé de qué hablo. Los medios grandes tienen su cuota de culpa: convirtieron el debate en pelea de gallos, y los pequeños —emisoras, páginas, grupos de redes— aprendimos a imitarlos con menos recursos pero con el mismo vicio. Que qué dijo fulano de zutano, que qué le respondió zutano a fulano, que si usted qué opina de lo que dijo aquel de usted. La controversia se volvió contenido y la indignación, un formato que rinde clics. Mientras tanto nadie abre el expediente, nadie pide el contrato, nadie pregunta cuánto costó la obra, quién la ejecutó, quién la vigiló y si lo que se pagó fue lo que se hizo.
Y no se trata solo de qué se cuenta, sino de cómo se cuenta. La forma de dar una noticia le fija a esa noticia el lugar que va a ocupar en la cabeza del oyente. Si una denuncia por manejo de recursos públicos se despacha en veinte segundos, con el mismo tono con que se lee el marcador del domingo, y enseguida vienen los saludos de cumpleaños y la canción dedicada, el mensaje que llega al pueblo es que aquello no era tan grave. Se entrega la información como quien cumple un trámite, y la noticia sobre corrupción dura exactamente lo que dura la indignación. Eso, repetido mil veces, también educa.
Con justicia hay que decir que no todo es mala fe. El periodista de pueblo trabaja con poco presupuesto, con una pauta que muchas veces depende de la misma administración que debería fiscalizar, con el miedo a la represalia y con un público que premia el chisme y castiga la letra menuda. Entiendo esas razones porque las conozco por dentro. Pero entenderlas no es lo mismo que absolverlas. Cuando la pauta oficial compra el silencio, aunque nadie lo diga en voz alta, la prensa deja de ser vigilante y se vuelve vitrina. Y un pueblo sin quien le incomode al poder termina con un poder sin quien lo incomode.
Porque el mayor triunfo de la corrupción quizá no es quedarse con la plata, sino lograr que ya nadie se sorprenda. Que cuando se habla del hospital, de las vías veredales o del acueducto alguien responda «otra vez lo mismo», que cuando se anuncia una investigación la reacción sea «a eso nunca le pasa nada», que la denuncia termine en chiste de café antes de terminar en un despacho judicial. Que el ciudadano se convenza de que todos roban, todos mienten y nada cambia, y que el día en que llegue el cambio lo reciba con la desconfianza de quien ya vio la misma película con otros actores. Ahí la impunidad deja de ser un problema de quienes delinquen y se vuelve un problema nuestro, de cultura, de carácter, de pueblo.
Y viene el tiempo de los aspirantes, de las sonrisas en la plaza, de los saludos a quienes durante años ni miraban. Es el momento exacto para preguntar, y para que la respuesta no se quede en el discurso. ¿Publicarán cada contrato en el SECOP, completo y a tiempo, o solo cuando alguien lo reclame? ¿Dejarán que las veedurías ciudadanas miren de frente, con documentos en la mano y sin tener que pedir permiso? ¿Respetarán el derecho de petición o lo contestarán con evasivas y plazos vencidos? ¿Qué harán el día en que el amigo, el copartidario o el que financió la campaña resulte señalado? Quien aspira a manejar la plata de todos debe estar dispuesto a que todos la miren.
A los ciudadanos también nos toca lo nuestro. Asistir a las sesiones del Concejo, leer lo que se aprueba, preguntar en voz alta, firmar el derecho de petición cuando no nos responden, apoyar a quien se atreve a denunciar y no dejarlo solo cuando lo señalen de «aguafiestas» o de «enemigo del pueblo». No hace falta ser abogado ni contador, hace falta ser dueño. Porque eso somos: dueños de un municipio que no es propiedad de quien ocupa el despacho ni de quien lo financió, y los dueños que no revisan las cuentas terminan pagando las de otros.
A mis colegas de la palabra, los de micrófono, teclado y cámara, les digo con respeto y de frente: menos «¿qué dijo este de aquel?» y más «¿qué dicen los documentos?». Menos pelea prefabricada y más expediente. Menos adjetivo y más evidencia. Menos indignación de ocasión y más principios que no cambien según el color del acusado. Hay que llamar cada cosa por su nombre, sin condenar de antemano y sin maquillar los hechos para que nadie se moleste, como si el pueblo no tuviera derecho a entender lo que le pasa.
Un soborno es un soborno, un desfalco es un desfalco y una mentira sigue siendo mentira, aunque la diga el político de nuestras simpatías. Quien roba lo público es un corrupto; quien lo encubre, su cómplice; y quien lo justifica por fanatismo pierde la autoridad para exigir honestidad. Al arquero que se resigna ya le ganó el partido, y a Salamina no le toca esa suerte. Que no se nos vuelva paisaje lo que nos quita el pan.
