1.- ¿INDIFERENCIA? ¿TEMOR? Profunda preocupación vive la ciudadanía salamineña por los crímenes ocurridos en el año que transcurre: primero fue el asesinato de una adolescente; luego el encuentro de un cadáver descuartizado, sin identificación aún y el caso más reciente, la muerte a cuchilladas de un hombre joven a pocas cuadras de la sede de la alcaldía municipal. Esta cadena de sucesos puede ir creando deterioro en la relación comunidad-autoridad y aparece la desconfianza institucional por la lentitud en el esclarecimiento de los hechos y amenaza a la seguridad ciudadana. Esa desconfianza se construye con cada denuncia que no tiene respuesta, con cada autor que permanece impune, con cada promesa de seguridad que no se traduce en protección efectiva. Cuando los hechos violentos ocurren cerca del corazón del municipio, la comunidad no solo ve el delito: ve también la distancia entre el poder público y su deber de protegerla. Así, el silencio deja de ser simple indiferencia y se convierte en la huella de una relación rota. El resultado es un círculo vicioso: la inseguridad y la impunidad reducen la confianza; la menor confianza disminuye la denuncia y la cooperación; y esa cooperación ausente dificulta aún más la prevención, investigación y sanción del delito.
Esta reflexión busca llamar la atención a todos los actores sociales para que, desde cada orilla, reaccionemos ante los hechos y no dejemos que esto quede como una anécdota más en la historia local. Dicen los expertos que la indiferencia de los habitantes ante crímenes cada vez más violentos, puede describirse como una normalización colectiva de la violencia acompañada de apatía. No se trata necesariamente de complicidad: es la respuesta social en la que el delito deja de producir alarma, se vuelve parte del paisaje cotidiano y la comunidad asume que “alguien más” reaccionará. Riesgo alto de que la repetición de hechos graves reduzca la capacidad de sorpresa moral; lo que antes era excepcional pasa a percibirse como inevitable o cotidiano y si la comunidad percibe que denunciar no produce protección, investigación ni castigo, el silencio se convierte en estrategia de autoprotección.
El suceso reciente preocupa en grado sumo porque ya los hechos violentos no ocurren en zonas periféricas o invisibles, sino frente al espacio simbólico del poder local. Allí, la indiferencia revela no solo miedo, sino también una posible crisis de autoridad, de cohesión comunitaria y de eficacia del control social.
Aún estamos a tiempo de reaccionar para que el poder de la violencia no amilane la solidaridad.
2.- Por considerarlo de interés general damos cabida a concepto emitido por un colega, profesor universitario, sobre el reciente decreto expedido por la Presidencia de la República que se refiere al tema del “control” de la protesta social en el país.
“El Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, expedido por el presidente Abelardo de la Espriella, modifica el Decreto 003 de 2021 y reordena la actuación estatal frente a manifestaciones: mantiene el diálogo como regla general, pero permite omitir las etapas de facilitación, diálogo y mediación ante ciertos actos violentos, define nuevas conductas de violencia y establece cinco niveles de reacción institucional.
El decreto busca separar la manifestación pacífica —protegida por los artículos 37 y 38 de la Constitución— de conductas como agresiones, uso de explosivos, retención de personas, ataques a periodistas o destrucción de infraestructura. Eso puede dar mayor seguridad jurídica a la Fuerza Pública y a los manifestantes pacíficos. Pero plantea un problema central de reserva de ley: el decreto regula restricciones a derechos fundamentales —reunión, expresión, circulación y debido proceso— mediante decreto presidencial, al modificar un protocolo que originalmente se expidió con fuerza de ley en el contexto de la emergencia de 2021. La Corte ha sostenido que las limitaciones a la protesta requieren reserva de ley y condiciones estrictas de necesidad y gravedad.
Por lo tanto, el decreto es constitucionalmente vulnerable no porque pretenda proteger la vida, la movilidad o los servicios esenciales —objetivos legítimos—, sino porque lo hace mediante una norma reglamentaria que amplía las hipótesis de intervención policial y debilita el diálogo como garantía previa. La clave no es si el Estado puede reaccionar ante violencia real, sino quién define la violencia, con qué estándares, y si el ciudadano conserva una protección judicial efectiva antes de que la fuerza pública disuelva una marcha.”
Hasta acá el concepto.
3.- Con la publicación de la hoja de vida del exalcalde de Salamina, Ospina Rosas, como aspirante al cargo de Contralor Provincial de la Contraloría General de la República, donde ahora está al frente el copartidario de su jefe político, son muchas las inquietudes planteadas por algunos ciudadanos sobre la capacidad técnica e idoneidad del postulado para el efectivo ejercicio de las funciones delegadas. Ante esto revisamos los requisitos, naturaleza y características del cargo para dar luces sobre lo indagado y encontramos que, un Contralor Provincial es una autoridad de nivel directivo que representa al Contralor General en una circunscripción territorial —usualmente un departamento— y dirige, coordina y responde por la ejecución de la vigilancia fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal allí asignados. No es un “contralor territorial” independiente: actúa dentro de la estructura y bajo delegación de la CGR.
Se conoce que “la CGR ejerce el control fiscal como función pública, en forma posterior y selectiva, sobre la gestión fiscal de la administración y de particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación; excepcionalmente puede controlar cuentas de cualquier entidad territorial.” (funcionpublica.gov)
Lo siguiente es muy importante: en el nivel territorial, la CGR tiene competencia prevalente sobre la gestión de cualquier entidad territorial, mientras las contralorías departamentales, distritales y municipales ejercen control concurrente sobre los recursos endógenos y parafiscales de su jurisdicción. De allí surge la primera duda sobre la objetividad que le asistiría en caso de conocer indagaciones donde resulte comprometido el actual alcalde de Salamina, sucesor suyo y prohijado en la pasada campaña.
Conforme a la Resolución 173 de 2012 de la CGR, el Contralor Provincial cumple, entre otras, las siguientes funciones:
Participar en la definición de políticas, planes y programas para fortalecer el control fiscal institucional.
Configurar y trasladar hallazgos fiscales dentro de su competencia.
Resolver controversias derivadas del proceso auditor.
Asistir la etapa de investigación, consolidar resultados de los grupos de investigación y presentar los informes asignados por el Contralor General.
En la práctica, su labor se concentra en cuatro frentes:
Vigilancia fiscal: Dirigir auditorías, revisiones especiales, evaluaciones de gestión y controles selectivos sobre entidades y particulares que manejen recursos públicos.
Responsabilidad fiscal: Definir la procedencia de procesos, ordenar o avalar medidas cautelares, configurar hallazgos y asegurar el debido desarrollo de la investigación.
Dirección territorial: Coordinar auditores, jefes de auditoría y equipos de investigación; asegurar calidad, oportunidad y coherencia técnica de los productos.
Representación institucional: Actuar como autoridad delegada del Contralor General ante entidades territoriales, autoridades locales, ciudadanos y demás sujetos de control.
En cuanto a las calidades y perfil que debe acreditar, en la formación académica está dentro de los parámetros del manual de requisitos. No es clara la experiencia específica en planeación y ejecución de auditorías gubernamentales con enfoque financiero, legal, de gestión y de resultados, pero damos por sentado que el ente de control tendrá los mecanismos internos para las validaciones respectivas. Otras calidades se exigen para un cargo como el postulado, que se relacionan con la gerencia pública y probada capacidad directiva. En síntesis, el postulado debe reunir tres condiciones simultáneas: solvencia técnica en control fiscal, capacidad probada de dirección territorial y una trayectoria de independencia e integridad. El mejor indicador no es únicamente su título, sino la calidad, legalidad y resultados de los procesos de vigilancia y responsabilidad fiscal que dirija o intervenga.
Siendo coherentes con planteamientos anteriores, donde reclamábamos por la presencia de ciudadanos salamineños en cargos importantes a nivel regional y nacional, esperamos que el exalcalde Ospina Rosas, desde el momento de asumir su nuevo rol honre la confianza delegada y actúe apegado a los principios del buen gobierno, aún en labores de control como las que tendrá que afrontar, sobre todo con imparcialidad e independencia, sin asomos de favoritismo alguno.
4.- MERCURIOSIDADES: Se recogen acá inquietudes propias y de algunos lectores sobre temas de actualidad y de interés general.
– Reaparecen las quejas por la ausencia reiterada del alcalde de Salamina, pues su permanencia en el despacho es poca y el manido argumento de que se encuentra “gestionando” en otros territorios ya se agotó, porque los resultados no se ven. Tanto la cuenta de los gastos de viajes oficiales, como la paciencia de los ciudadanos, se están agotando.
– Los habitantes de los vecinos municipios de Aguadas y Pácora están complacidos con las cámaras de vigilancia instaladas en sus calles, lo que les transmite un parte de tranquilidad, porque sienten que las autoridades cuentan con ayudas que facilitan la tarea de vigilancia y control que les ha sido encomendada y como consecuencia, los indicadores de criminalidad tienden a la baja. No ocurre lo mismo con los salamineños porque la administración municipal no aportó la contrapartida requerida por el Departamento para hacer parte del programa de las cámaras para vigilancia. Esa decisión fue desatinada, máxime cuando la seguridad en el municipio reclama actuaciones inmediatas y contundentes. La sensación es que para asuntos de menor impacto si hay recursos, pero para lo importante, ¡NADA!
– GLOSA: Por cubrimiento de un accidente de tránsito en los medios regionales nos enteramos de que uno de los artistas que estará en la temporada de fin de año en Salamina es EL ANDARIEGO, artista de música popular, quien repite escenario. En su momento hubo reparos sobre el costo de esa contratación y se espera mayor transparencia en esta vigencia. Ya veremos.
– LO DICE LA HISTORIA. La falta de consideración y reconocimiento con quienes han escrito la historia del municipio bicentenario parece que no es un tema de estos días, al menos, así lo testimonia este fragmento extraído del libro “HISTORIA DE SALAMINA” escrito por el Pbro. Guillermo Duque Botero, quien, al reseñar la biografía del General Braulio Henao, dice: “1902- septiembre 14, fallece en Sonsón, cuando su edad frisaba en los cien años.
Nos extrañamos en verdad, que Salamina no le haya rendido un merecido homenaje a este intrépido guerrero, que llevó al “Batallón Salamina” a tantos campos de batalla para cubrirlo de laureles y de triunfos.” (pág. 228)
