1.- En los prolegómenos del nuevo gobierno nacional que plantea la estrategia de reducir el tamaño del estado para solventar el déficit fiscal se estudia la opción de eliminar el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, lo que origina un serio debate sobre eficiencia estatal, descentralización y la política pública cultural en Colombia. No se puede, por analogía, asumir la posición que llevó a la liquidación del improvisado Ministerio de la Igualdad, dada la especial misión, objetivos y razón de ser del ente cultural del país.
La propuesta de eliminar el Ministerio de las Culturas puede formularse, no como una negación del valor de la cultura, sino como una crítica al diseño institucional con que el Estado colombiano ha intentado administrarla. En un país de fuerte diversidad territorial, étnica y simbólica, la pregunta no es si la cultura merece protección pública —eso está fuera de discusión—, sino si un ministerio centralizado es la mejor forma de garantizarla. La supresión de la cartera podría justificarse solo si se entiende como una reforma de racionalización del Estado, orientada a fortalecer la descentralización, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del gasto cultural.
Desde su origen, la institucionalidad cultural en Colombia ha estado asociada a la necesidad de desarrollar los mandatos constitucionales sobre identidad, patrimonio y acceso democrático a la cultura. La Ley 397 de 1997 estructuró el campo cultural como una política pública de alcance nacional, con funciones de fomento, protección patrimonial y coordinación interinstitucional. Sin embargo, que una materia sea de interés público no implica necesariamente que deba estar concentrada en una gran cartera ministerial. Por el contrario, la experiencia colombiana muestra que muchas de las tareas culturales dependen más de la acción territorial, de los municipios, de las gobernaciones, de las casas de cultura, de las bibliotecas, de los agentes comunitarios y de los circuitos educativos locales que de la capacidad de conducción del nivel central.
Uno de los principales argumentos a favor de eliminar el ministerio es el de la descentralización real. La cultura en Colombia no es homogénea: no se expresa de la misma manera en una capital departamental, en un municipio intermedio como Salamina (Caldas), en una zona rural dispersa o en territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes. Un aparato ministerial tiende a producir lineamientos generales que, aunque necesarios, suelen ser insuficientes para responder a la complejidad local. En ese sentido, la política cultural podría organizarse mejor mediante agencias técnicas, fondos territoriales, sistemas regionales de cultura y mecanismos de transferencia directa de recursos, con menor carga burocrática y mayor autonomía para los entes territoriales. La centralización del ministerio corre el riesgo de uniformar lo que por naturaleza obedece a la diversidad.
Un segundo argumento se relaciona con la burocratización de la gestión cultural. En los últimos años, el Ministerio de las Culturas ha recibido críticas por problemas de comunicación, demoras administrativas, dificultades de ejecución y percepciones de improvisación en su conducción política. Estas críticas no son menores, porque muestran una tensión estructural: cuando una cartera no logra traducir su presencia institucional en resultados claros, la pregunta por su permanencia adquiere legitimidad. La burocracia puede absorber energía, multiplicar trámites y reducir la capacidad de respuesta frente a necesidades urgentes del sector. En ese contexto, mantener una estructura ministerial no siempre equivale a tener mejor política pública. A veces, la forma institucional termina siendo parte del problema.
Un tercer elemento es el de la eficiencia fiscal. Toda estructura ministerial implica una carga administrativa considerable: despacho, viceministerios, direcciones, asesorías, oficinas territoriales, contratación de apoyo, gasto operativo y costos de coordinación. El debate debe preguntarse si esos recursos producen un retorno social proporcional o si podrían destinarse directamente a infraestructura cultural, formación artística, programas de memoria, estímulo a creadores, salvaguardia patrimonial o fortalecimiento de redes comunitarias. En un escenario de restricción fiscal, la justificación de una cartera completa debe basarse en resultados verificables. Si la mayor parte del presupuesto termina absorbida por la administración, el diseño institucional pierde legitimidad. La cultura requiere financiamiento, pero no necesariamente una gran superestructura para administrarla.
A ello se suma un argumento de gobernanza. La política cultural se cruza con educación, turismo, patrimonio, desarrollo regional, economía creativa, archivo, medios y cohesión social. Esa intersección sugiere que un ministerio aislado puede no ser la mejor forma de articular las distintas dimensiones del problema. Un modelo alternativo podría integrar la cultura en un sistema más amplio de coordinación intersectorial, con reglas técnicas claras y con una distribución de competencias menos dependiente del ciclo político de turno. En un país donde los cambios de gobierno suelen alterar la orientación de las carteras, la estabilidad de la política cultural podría depender menos de una entidad ministerial y más de un andamiaje institucional robusto, descentralizado y permanente.
Lo más importante es que la eliminación del ministerio podría debilitar la protección del patrimonio, la visibilidad política de la cultura y la capacidad del Estado para coordinar acciones nacionales. Esta objeción no debe subestimarse. La cultura, en efecto, necesita una voz institucional fuerte para defender presupuestos, gestionar conflictos normativos y sostener programas de largo plazo. Además, la Ley General de Cultura establece deberes concretos del Estado en materia de acceso, protección y promoción, lo cual demuestra que la cultura no puede quedar abandonada a la espontaneidad del mercado ni a la dispersión institucional. Si la eliminación del ministerio se plantea, debe hacerse con una transición cuidadosamente diseñada: competencias redistribuidas, fondos garantizados, fortalecimiento regional, mecanismos de evaluación y protección especial para patrimonio y memorias vulnerables. Sin esas condiciones, la medida sería riesgosa e incluso regresiva. Pero si se cumple ese requisito, la reforma podría corregir un defecto histórico del Estado colombiano: su tendencia a centralizar decisiones que deben construirse desde los territorios.
En conclusión, la eliminación del Ministerio de las Culturas puede defenderse como una propuesta de reorganización del Estado, no como una renuncia a la responsabilidad pública frente a la cultura. El debate de fondo no es administrativo sino político e institucional: ¿cómo garantizar mejor la diversidad cultural de una nación compleja? La respuesta no exige necesariamente un ministerio más grande, sino un Estado más inteligente, más territorial y menos burocrático. En esa dirección, la crítica a la cartera cultural abre una discusión más amplia sobre la relación entre cultura, autonomía regional y eficacia gubernamental en Colombia.
Si se hace extrapolación del debate nacional al nivel local, (Salamina- caldas), la premisa inicial es qué tan pertinente es el papel de la Casa de Cultura como ente articulador de las actividades y representaciones culturales locales y hasta dónde su autonomía facilita la eficiencia para los propósitos o ¿estamos ante una dependencia ejecutora más que rectora y planificadora de las actividades culturales? No puede seguir siendo un medio para pago de favores políticos. Otra glosa, la conmemoración bicentenaria tuvo énfasis en fiestas y parrandas con excesos de licor y promoción de marcas comerciales y unos tímidos asomos de las expresiones culturales autóctonas.
Hacemos memoria también del planteamiento, en uno de los debates públicos de la última campaña para la alcaldía local, cuando el actual mandatario habló entre sus propuestas, de la creación de una “super-secretaría” que agruparía turismo, deporte y cultura. Todo quedó en un aviso para la tribuna y mediático, antes que algo serio y con sustento real. Es el eterno manejo improvisado de algo tan sustancial en la identidad de los pueblos. No se avizoran noticias positivas tanto a nivel nacional como local, máxime cuando la condición del centro histórico de Salamina requiere interacción permanente con el Ministerio que se cuestiona.
2.- Otro tema que empata, como anillo al dedo, con el que hacer de la salvaguarda del patrimonio local son las facultades delegadas para las intervenciones en los bienes que conforman el inventario del Centro histórico, del cual hace parte la edificación que ocupa La Casa de la Cultura, ubicada en la carrera sexta con calle seis, afectada con el agregado de un marco adicional a una de las puertas, con calados y faroles en madera que afectan en grado sumo la fachada de la edificación, según se puede ver en la foto que se adjunta.
Se debe aclarar quién autorizó la instalación de este elemento que, de acuerdo con la normatividad vigente, debe surtir unos requisitos especiales ante las autoridades competentes que, para este bien, según el reglamento del centro histórico de Salamina y el PEMP, Plan Especial de Manejo y Protección, es de “Conservación Integral”. Cuando se notificó la declaratoria de Monumento Nacional a la administración municipal en diciembre de 1981 se expresó: “Con gran complacencia infórmole Consejo de Monumentos Nacionales su última reunión ha declarado Monumento Nacional el casco urbano esa ciudad y sus inmuebles- Queda por lo tanto a partir de la fecha amparado por la Ley 163 de 1959 y Decreto Reglamentario 264 de 1963. Cualquier intervención en sus calles o edificios debe ser aprobada Consejo Monumentos. No se permitirán sin previo concepto cambios en estructuras existentes ni modificaciones color fachadas, carpintería, ornamentación…” (Subrayado nuestro)
A su vez, el PEMP define la “conservación integral” para inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor, los cuales, por ser irremplazables deben ser preservados en su integralidad. Además, también es claro que la Ley General de Cultura en el artículo 11 indica la prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural de la nación y son de mayor jerarquía lo que obliga a la consulta ante los entes nacionales para la aprobación de cualquier intervención, estilo la que cuestionamos.
¿Quién, entonces, autorizó la instalación de los elementos cuestionados? La ciudadanía exige una explicación o el desmonte inmediato del “adefesio” que muestra la fotografía. Las veedurías deben ser respetadas sean oficiales o de facto.
3.- MERCURIOSIDADES: Se recogen acá inquietudes propias y de algunos lectores sobre temas de actualidad y de interés general.
– Recibimos un apunte de un lector y nos sirve de pausa ante lo delicado de los dos temas aludidos en los numerales anteriores. En razón de la popularidad y simpatía del equipo de Noruega, en especial su goleador, se dice que algunos de los niños nacidos después del mundial de futbol de este año presumiblemente se llamarán: “Erling Tatiana”, si es niña y “Haaland Stiven” si es niño.
– Otro apunte del mundial hace relación al comportamiento ejemplar de los aficionados japoneses, quienes ingresaron a los estadios con unas bolsas azules que sirvieron para animar a su selección durante los encuentros y al finalizar los partidos para depositar la basura, dejando las tribunas impecables. Una demostración de cultura y comportamiento muchas veces escasos en las “barras bravas” cuyas costumbres copiaron inicialmente de los “hooligans”, barras violentas inglesas.
