1.- No se puede hacer la entrega de esta columna sin empezar con una sincera expresión de solidaridad con todas las personas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico ocurrido el pasado lunes 12 de agosto en horas de la mañana. Tanto en nuestro municipio, Salamina, como en los demás del departamento se registraron afectaciones en residencias, colegios, locales comerciales, despachos oficiales, templos y hospitales. Si miramos más allá, las consecuencias fueron impactantes, tanto en Pereira como en Cali y zonas aledañas, sin imaginarnos los daños en los pueblos de Chocó más cercanos al epicentro del sismo, cuya magnitud confirmada fue de 7.4 puntos en la escala de Richter.
En un primer barrido a mano alzada en los municipios del departamento de Caldas se registraron 1.348 viviendas afectadas; 132 instituciones educativas; 37 sedes públicas y algunos tramos viales obstruidos. Pasan los días y se reportan nuevos casos, además de, personas muertas y desaparecidas. No es nuestra costumbre especular con cifras, pero los medios de comunicación masivos a diario hacen actualización de las mismas, lo que ha despertado el espíritu solidario de todos los colombianos en beneficio de los damnificados.
Por verificación directa y por el video que publicó la alcaldía municipal pudimos ver las afectaciones a algunas viviendas y al frontis de la Basílica Menor de la Inmaculada que, lamentamos, porque su efecto invade la esfera de los despachos públicos responsables de los trámites para intervenir los bienes ubicados en la zona histórica. Ojalá no sea la excusa para ver pasar el tiempo y nada de soluciones. Además del arreglo del templo esperamos que el de la “Casa del degüello” también se materialice cuanto antes, porque, siendo realistas, la casa contigua, hoy en manos de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) tendrá que esperar que la indolente y paquidérmica burocracia tome decisiones. Esperamos estar equivocados. Mientras tanto, ¿ya se hizo un barrido en el sector rural para conocer los efectos del temblor en los predios de los campesinos locales?
Esta es una oportunidad de oro para que la administración municipal salga al paso de las recientes críticas por ineficacia y demuestre con acciones lo contrario, más allá de los anuncios. Ya cosechados los “likes” de las redes es hora de actuar sin descanso.
2.- No se puede dejar pasar, sin al menos un comentario, el registro de prensa del pasado 07 de agosto en el que el diario LA PATRIA preguntó a los alcaldes del departamento de Caldas sobre qué quisieran pedirle al nuevo gobierno nacional para sus municipios. El alcalde de Salamina, Giraldo G. contestó: “Al nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella que confíe en las regiones y trabaje de la mano de ellas. Somos los que ponemos la cara a la comunidad, los que sabemos de las necesidades que existen en nuestros municipios.”
Fue una oportunidad desaprovechada porque, contrario a sus colegas que se centraron en necesidades específicas en sus territorios, la afirmación fue la misma que expresó en una sesión pasada en la Asamblea Departamental que no trascendió ni inquietó al auditorio. Esas expresiones comunes e insulsas (perogrulladas) solo sirven para nutrir titulares, pero no prestan ningún beneficio a la gestión de las necesidades reales de la comunidad. Lo de “mostrar la cara” es su fuerte y si no, que lo digan las redes sociales de la alcaldía, saturada con primeros planos de su engominada figura. Resta un año y cuatro meses para levantar la imagen y congregar la participación comunitaria que reclama a gritos liderazgos efectivos.
3.- Por colaboración de un reconocido profesional en sicología, quien solicita el anonimato, se listan algunas recomendaciones sobre salud mental después de un terremoto, las cuales compartimos complacidos.
“Tras un terremoto es normal —no patológico— sentir miedo intenso, insomnio, sobresaltos ante cualquier ruido o movimiento, dificultad para concentrarse, irritabilidad, llanto fácil o revivir el momento del sismo una y otra vez. Estas reacciones son la forma en que la mente procesa un evento que superó nuestra capacidad de control.
El cuadro que mejor describe esta situación en las primeras semanas es el de estrés postraumático agudo (o reacción aguda al estrés), que si persiste más de un mes y sigue interfiriendo con la vida diaria puede evolucionar hacia un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). También es común observar ansiedad generalizada, síntomas depresivos y, en niños, regresión conductual (volver a mojar la cama, apego excesivo, miedo a separarse de los padres).
Recomendaciones:
Hablar de lo vivido. Compartir lo que se sintió con personas de confianza; esto ayuda a procesar la experiencia; no reprimir las emociones.
Recuperar rutinas lo antes posible (horarios de comida, sueño, actividades cotidianas): dan sensación de seguridad.
Limitar la exposición a noticias e imágenes repetitivas del desastre; la sobreexposición reactiva el miedo.
Cuidar el cuerpo: dormir, comer e hidratarse, aunque sea en condiciones difíciles, sostiene la estabilidad emocional.
Estar atento a los niños: necesitan explicaciones simples y honestas, y mucho contacto físico y presencial.
Buscar ayuda profesional si después de 3-4 semanas los síntomas no disminuyen, o si aparecen pensamientos de desesperanza.
La mayoría de las personas se recupera de forma natural en semanas o pocos meses con apoyo social adecuado. Pedir ayuda no es debilidad: es parte del proceso de sanar.
4.- Este aparte fue escrito con el aporte de varias personas estudiosas de la geología, ingeniería y derecho a quienes se propuso construir un texto a dos manos, como en un concierto de piano, sobre la frecuencia de la sismicidad en el país y las normas que regulan las construcciones para evitar consecuencias que lamentar, como las que se viven por estos días. He aquí el resultado.
“Colombia tiembla y, cada vez que tiembla, descubre lo mismo: que la memoria sísmica del país dura menos que el estruendo de una sacudida, pero más que la voluntad política de corregir a tiempo; por eso, hablar de terremotos en Colombia no es solo evocar ruinas, muertos y mapas quebrados; Es contar una historia de aprendizaje tardío, de reformas que llegan después del desastre y de una cultura de prevención que aún no termina de arraigar en la vida cotidiana.
El país está parado sobre una geografía incómoda. La costa Pacífica recibe la fuerza de la subducción de la placa de Nazca; el norte y el nororiente sienten la presión del Caribe; el interior vive bajo el tironeo de fallas activas que recorren el territorio como cicatrices profundas. Colombia no es un país sísmicamente excepcional por accidente: lo es por ubicación. Y esa condición convierte cada gran terremoto en una lección dolorosa sobre vulnerabilidad urbana, precariedad constructiva y desigualdad territorial.
Si se quiere entender la historia sísmica colombiana, el punto de partida obligado es el gran terremoto del Pacífico de 1906. Fue el mayor registrado instrumentalmente en el país, con una magnitud monstruosa, y dejó además un tsunami que afectó la costa nariñense y ecuatoriana. No se trató solo de un temblor: fue una advertencia oceánica, una demostración de que en Colombia el riesgo no termina cuando cesa el movimiento del suelo. El mar también puede llegar como castigo. Aquel evento marcó una referencia que todavía pesa en la manera como se piensa la amenaza en Tumaco, Nariño y todo el litoral Pacífico.
Décadas después, en 1958 y 1979, la costa volvió a recordar que los grandes sismos no son episodios aislados, sino parte de una secuencia geológica recurrente. El terremoto de 1979 en Tumaco fue especialmente significativo por su potencia y por el tsunami que lo acompañó. La región volvió a sufrir daños severos, y la lección era ya imposible de ignorar: el Pacífico colombiano no solo tiembla, sino que puede producir los escenarios más destructivos del país. Allí la tragedia tiene doble dimensión: la sacudida y la ola, el derrumbe y la inundación, el desastre que viene del subsuelo y el que regresa desde el mar.
Pero si el Pacífico enseñó el riesgo de la subducción, el interior recordó otra verdad: no hacen falta magnitudes descomunales para producir catástrofes urbanas. El terremoto de Popayán en 1983 dejó una marca indeleble en la conciencia nacional. La ciudad, de valor histórico y patrimonial, quedó expuesta como un ejemplo doloroso de la fragilidad de las construcciones tradicionales frente a una amenaza real y conocida. Popayán no fue solo una tragedia local; fue el sismo que obligó al país a dejar de improvisar. De sus ruinas salió la primera gran respuesta normativa moderna: el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes de 1984.
Ese punto es central para comprender la relación entre terremoto y Estado en Colombia. La norma sismorresistente no nació de la previsión, sino del duelo. Fue una reacción. Una corrección hecha bajo presión. Durante años, el país construyó como si la amenaza fuera abstracta, como si la tierra no tuviera memoria. Popayán demostró lo contrario. Y, aun así, la respuesta fue lenta, parcial y desigual. La existencia de una norma no garantiza por sí solos edificios seguros: hace falta control, diseño responsable, inspección técnica, formación profesional y vigilancia urbana. Sin eso, todo se queda en papel.
La evolución normativa avanzó, sí, pero siempre detrás del desastre. En 1997, la Ley 400 reorganizó el marco legal y abrió paso a una arquitectura más moderna de regulación. Luego, la NSR-98 y, más tarde, la NSR-10 consolidaron un sistema más técnico, más robusto y basado en estudios actualizados de amenaza sísmica. Fue un progreso real. Pero la pregunta sigue vigente: ¿cuánto de esa norma se cumple efectivamente en las ciudades y municipios colombianos, especialmente en los territorios más expuestos y más desiguales? La brecha entre la ingeniería ideal y la construcción real sigue siendo enorme.
El terremoto del Eje Cafetero en 1999 volvió a exponer esa fractura. Armenia, una ciudad que no era percibida como epicentro de una gran amenaza, quedó devastada. Lo más aleccionador de ese sismo no fue solo su destructividad, sino el hecho de que golpeó una región con intensa actividad económica, urbana y social, demostrando que el riesgo sísmico no es un problema lejano ni exclusivo de la costa. Puede irrumpir en el corazón del país productivo, en zonas donde la densidad urbana amplifica la catástrofe y donde la calidad de la construcción decide entre la vida y la muerte.
La historia reciente no ha sido menos reveladora. Los sismos en Chocó, Santander, Huila, Cauca y el Eje Cafetero han seguido recordando que Colombia vive bajo amenaza permanente. Cada temblor reabre la discusión sobre edificaciones, hospitales, escuelas, vías, redes de servicios y capacidad de respuesta institucional. Cada uno expone lo mismo: la prevención sigue siendo más retórica que política pública sostenida. La cultura del simulacro no ha logrado convertirse del todo en cultura del cumplimiento. A veces se torna en un divertimento.
Y, sin embargo, el problema no es solo técnico. También es político y social. La sismorresistencia exige Estado, pero también mercado regulado, responsabilidad profesional y ciudadanía informada. No basta con una buena ley si la licencia se tramita con laxitud, si la informalidad urbana crece más rápido que la supervisión, o si las viviendas populares quedan al margen de los estándares por razones de costo. La desigualdad sísmica en Colombia no se mide solo en la intensidad del movimiento, sino en la calidad desigual del lugar donde a cada quien le toca resistirlo.
Por eso la conversación sobre terremotos no debería limitarse al instante del pánico o al inventario de víctimas. Debería incluir la pregunta por la ciudad que queremos construir antes del próximo sismo. En Colombia, el gran problema no es que la tierra tiemble. Eso seguirá ocurriendo. El problema es que todavía construimos como si fuera posible negociar con la geología, como si la amenaza pudiera aplazarse con la burocracia, como si el recuerdo de una tragedia bastara para cambiar hábitos de largo plazo.
La verdadera crónica de los terremotos colombianos no termina en el derrumbe. Empieza allí. Porque entre una sacudida y la siguiente se juega la diferencia entre la repetición del desastre y la posibilidad de una prevención seria. Y esa, más que una cuestión técnica, es una decisión de avanzada.
5.- MERCURIOSIDADES: Se recogen acá inquietudes propias y de algunos lectores sobre temas de actualidad y de interés general.
Con datos precisos y con énfasis en las normas específicas relacionadas con la legislación sobre sismorresistencia, complementamos el aparte 4 de esta entrega, a manera de resumen.
– En Colombia, la norma sismorresistente evoluciona en tres grandes hitos: 1984, 1997-1998 y 2010, todos impulsados por terremotos que mostraron fallas estructurales y urbanas graves.
Secuencia normativa
– Decreto 1400 de 1984: adopta el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, el primer marco obligatorio de alcance nacional, expedido tras el sismo de Popayán de 1983.
– Ley 400 de 1997: crea el marco legal moderno de la sismorresistencia en Colombia y deroga el código de 1984, abriendo el camino a reglamentos más técnicos y actualizables.
– NSR-98 (Decreto 33 de 1998): reglamenta la Ley 400 y reemplaza al CCCSR-84; incorpora una visión más sistemática del diseño estructural y de la amenaza sísmica.
– NSR-10 (Decreto 926 de 2010): actualiza de fondo el reglamento con un nuevo estudio nacional de amenaza sísmica y se mantiene como la norma vigente, con ajustes posteriores en 2010, 2011, 2012 y 2017.
Qué cambió en cada etapa
– La primera etapa, la de 1984, fue una respuesta urgente al desastre de Popayán: el país pasó de recomendaciones dispersas a una obligación normativa real.
– La segunda, en 1997-1998, profesionalizó el sistema al separar la ley marco del reglamento técnico, lo que permitió actualizar mapas de amenaza, criterios de diseño y exigencias de control.
– La tercera, en 2010, refinó el conocimiento sísmico nacional y fortaleció el diseño con base en estudios más completos de amenaza, especialmente relevantes para zonas como Chocó, Nariño, el Eje Cafetero y Santander.
