En el Centro Histórico de Manizales hemos conseguido una hazaña administrativa digna de conservación: crear una nueva institucionalidad para empeorar lo que ya funcionaba mal.
La aparición de la Secretaría de Cultura despertó alguna esperanza. Se suponía que la ciudad tendría, por fin, una autoridad capaz de comprender su patrimonio, aplicar las normas vigentes, coordinar a las entidades responsables y defender un centro histórico que lleva años deteriorándose.
No ocurrió.
La nueva institucionalidad no aclaró las competencias: las confundió. No ordenó los procedimientos: los hizo más inciertos. No fortaleció las normas: permitió que fueran modificadas, desplazadas o interpretadas por autoridades cuya competencia para hacerlo tampoco está clara. Y al desconocimiento inicial se agregó después un elemento mucho más resistente al aprendizaje: la arrogancia.
La Secretaría existe. La institucionalidad también. Lo que todavía no aparece es una autoridad patrimonial que sepa qué debe hacer, cómo debe hacerlo y con fundamento en cuál norma.
Es comprensible que una dependencia nueva no llegue sabiéndolo todo. La protección del patrimonio exige conocimientos técnicos, jurídicos, urbanos e históricos. También requiere entender que un centro histórico no es una colección de fachadas para servir de fondo a las fotografías oficiales, sino un lugar habitado.
Nadie podía exigir perfección desde el primer día. Sí podía esperarse que quienes aceptaron la responsabilidad estudiaran seriamente el régimen que debían aplicar.
Pero el tiempo pasó y el aprendizaje no llegó.
Después de un periodo razonable, la falta de conocimiento deja de ser una dificultad inicial y se convierte en una forma de gobierno. Cuando transcurren los años sin que los funcionarios profundicen en las normas, los antecedentes, los procedimientos y las competencias de su propio despacho, la ignorancia ya no puede presentarse como inocencia.
Es una decisión administrativa. A veces, incluso, una política pública.
Manizales cuenta con un Plan Especial de Protección vigente, aunque algunas administraciones parezcan considerarlo una excentricidad de quienes todavía leen las normas. En teoría, ese instrumento debía orientar la protección del Centro Histórico y actuar como determinante de las decisiones urbanísticas posteriores. En la práctica, ha sido modificado, debilitado o contradicho por normas de inferior jerarquía y por decisiones adoptadas sin suficiente claridad sobre la competencia para tomarlas.
No sabemos si esto ocurrió por ignorancia, negligencia o presión de quienes han encontrado más rentable transformar el centro que conservarlo. Tal vez sea una combinación eficiente de las tres. La administración, tan poco hábil para coordinar la protección, suele demostrar una sorprendente capacidad de coordinación cuando se trata de debilitarla.
Ahora esperamos un nuevo PEMP. Su formulación se ha prolongado tanto que empieza a adquirir valor patrimonial por antigüedad. Entretanto, nadie parece tener certeza sobre el régimen aplicable, aunque esa incertidumbre nunca haya impedido expedir normas, modificar procedimientos o tomar decisiones.
En nuestra administración, la duda jamás impide ejercer una competencia que no se tiene. Solo aparece cuando llega el momento de cumplir una obligación.
El resultado es un sistema en el que los procesos se han vuelto confusos incluso para quienes deben aplicarlos. Las funciones cambian de dependencia, se fragmentan o desaparecen dentro de organigramas que prometen coordinación. Planeación afirma que ya no ejerce algunas responsabilidades. Cultura no termina de descubrir cuáles asumió. La Junta de Patrimonio oscila entre órgano consultivo, invitada ocasional y destinataria de decisiones consumadas. El Ministerio de Cultura, desde Bogotá, se atribuye competencias que no tiene capacidad material para ejercer oportunamente.
Tenemos, por tanto, una institucionalidad completa: todos intervienen, nadie decide y, cuando ocurre el daño, resulta imposible identificar quién debía evitarlo.
Cuando el ciudadano intenta reconstruir el camino jurídico, descubre que las normas han sido modificadas por actos posteriores, que las funciones fueron redistribuidas sin suficiente fundamento y que el procedimiento aplicable depende de la interpretación ocasional del funcionario que atienda el asunto. La seguridad jurídica se convierte así en una experiencia personal.
En esta arquitectura de la confusión, los abogados desempeñan un papel esencial. No necesariamente para determinar cómo debe protegerse el patrimonio, sino para explicar por qué todavía no es posible hacerlo. Una obligación expresa se transforma en un “asunto sujeto a interpretación”; una omisión prolongada, en una “dificultad de articulación”; y la ausencia de autoridad, en un “conflicto de competencias”.
Cuando el ciudadano pregunta quién debía actuar, recibe un cuadro.
Los cuadros de competencias son una creación admirable. Permiten distribuir funciones con gran precisión, especialmente aquellas que ninguna entidad desea ejercer. Una vez terminados, todos los despachos aparecen relacionados con el problema, pero ninguno resulta responsable de su solución.
Es una forma geométrica de la impunidad.
Lo más preocupante, sin embargo, no es la confusión. Las instituciones pueden equivocarse y los funcionarios pueden desconocer inicialmente una materia compleja. Lo verdaderamente grave es la arrogancia con la que se administra ese desconocimiento.
Quien no sabe puede preguntar. Quien descubre que estaba equivocado puede corregirse. Pero quien desconoce sus funciones y considera impertinente que un ciudadano se las recuerde ha alcanzado una forma superior de incompetencia.
En ese punto aparece el señor alcalde.
Acaba de ser “elegido” el mejor alcalde del país. Las comillas no pretenden desconocer la distinción, sino protegernos de la solemnidad con que suelen recibirse estos reconocimientos. Ignoramos quiénes lo eligieron, qué evaluaron y, sobre todo, si tuvieron la precaución de recorrer el Centro Histórico antes de emitir su veredicto.
Tal vez no estaba incluido en el itinerario.
Los premios tienen una ventaja sobre las ciudades: no contradicen. Se reciben, se fotografían y se publican. No presentan derechos de petición, no preguntan por las normas aplicables y jamás cometen la descortesía de recordar una competencia incumplida.
El Centro Histórico, en cambio, resulta menos amable. Insiste en existir. Sus habitantes hacen preguntas. Sus edificios se deterioran. Sus problemas no caben bien en los comunicados oficiales. Quizá por eso uno termina preguntándose para quién gobierna el señor alcalde.
Seguramente no para el Centro Histórico de Manizales.
El alcalde es la cabeza de la administración, aunque algunas veces parezca aspirar únicamente a ser su jefe de comunicaciones. Nombra a los funcionarios, orienta las políticas, distribuye responsabilidades y responde por los resultados. No puede atribuirse cada anuncio favorable y declararse ajeno a cada fracaso de sus dependencias. Tampoco puede recibir personalmente los premios y repartir institucionalmente las culpas.
Pero nuestro alcalde parece tener una relación difícil con la crítica. La acepta siempre que sea favorable, breve y acompañada de aplausos. Cuando un ciudadano señala un error, documenta una omisión o contradice la versión oficial, la administración no examina el problema: examina al ciudadano.
Es un método de gobierno muy eficiente. Si toda crítica proviene de una mala intención, ningún error necesita corrección.
Su arrogancia es monumental. Y quizá sea esa su contribución más visible al patrimonio de la ciudad: una obra de gran escala, sólidamente construida y sin amenaza aparente de demolición.
La arrogancia del gobernante no es apenas un defecto de carácter. Tiene consecuencias administrativas. El alcalde que no admite críticas termina rodeado de personas que le dicen exactamente lo que desea escuchar. Los funcionarios aprenden que es más seguro confirmar la versión del superior que advertirle sobre la realidad. Los secretarios dejan de resolver problemas y comienzan a administrar impresiones. El gabinete entero se transforma en una sala de espejos.
La arrogancia baja entonces por el organigrama. Cada funcionario recibe una pequeña porción y la ejerce dentro de sus competencias, cuando logra identificarlas. El ciudadano deja de ser alguien a quien la administración debe responder y se convierte en un adversario incómodo que, además de padecer el problema, tiene la insolencia de señalarlo.
El señor alcalde debería comprender que una crítica sustentada no es una ofensa personal. Es información gratuita sobre las fallas de su gobierno. En el sector privado incluso habría que pagar por ella. Pero la administración municipal parece considerar una intromisión intolerable que los gobernados opinen sobre la forma en que son gobernados.
La nueva institucionalidad patrimonial también es responsabilidad suya. No basta con crear una Secretaría, nombrar funcionarios y anunciar una política. Hay que verificar si funciona. Y si las competencias continúan siendo confusas, los procedimientos se han vuelto más inciertos, las normas han sido modificadas sin suficiente fundamento y el Centro Histórico está peor, el alcalde solo tiene dos posibilidades: corregir o explicar.
Molestarse no constituye una tercera.
La demolición de un inmueble perteneciente al conjunto patrimonial, después de un incendio y sin una intervención patrimonial oportuna y claramente identificable, mostró las consecuencias de esta situación. Durante meses hubo actuaciones, remisiones, solicitudes, conceptos y expedientes. Cuando finalmente desapareció el edificio, quedó abierta una discusión jurídica muy interesante sobre cuál autoridad habría debido evitarlo.
El inmueble, menos versado en derecho administrativo, no pudo esperar a que se resolviera.
Esa experiencia debió producir una revisión profunda de la actuación municipal. Debió servir para aclarar las competencias, ordenar los procedimientos y garantizar que ninguna nueva demolición pudiera realizarse sin la participación efectiva de una autoridad patrimonial.
Pero nuestras instituciones poseen una singular capacidad para transformar los hechos graves en antecedentes que nadie vuelve a consultar. Cada caso comienza como si fuera el primero. Cada funcionario hereda la amnesia de su antecesor y, con frecuencia, también su seguridad.
La responsabilidad comienza en quien nombra.
Dirigir la protección cultural de una ciudad no puede ser una recompensa política, una estación burocrática ni un programa estatal de capacitación. Quien designa a una persona sin la preparación necesaria entrega bienes irreemplazables a alguien que quizá solo descubra su valor cuando hayan desaparecido.
El nominador no queda exonerado porque la persona escogida reúna formalmente los requisitos del cargo. La mediocridad también sabe diligenciar hojas de vida. Nombrar no consiste únicamente en verificar títulos y años de experiencia; implica establecer si la persona posee el conocimiento, el criterio y la humildad intelectual necesarios para ejercer una responsabilidad pública.
Cuando el funcionario fracasa durante años y permanece en el cargo, ya no estamos ante un error de selección. Estamos ante una decisión del alcalde.
También existe una responsabilidad personal de quien acepta.
No todo ofrecimiento debe recibirse como una confirmación del propio talento. Hay una forma elemental de honradez que consiste en reconocer aquello para lo cual no se está preparado. Aceptar una función sin experiencia específica puede ser comprensible si existe la voluntad seria de estudiar, rodearse bien y aprender con rapidez. Lo indefendible es permanecer durante años sin dominar siquiera los deberes esenciales del cargo.
Después de cierto tiempo, la ignorancia deja de ser una circunstancia y se convierte en una elección.
Un funcionario puede llegar sin conocer el PEP, la distribución de competencias o los antecedentes del Centro Histórico. Lo que no puede es continuar desconociéndolos después de años y conservar, al mismo tiempo, la certeza de que quienes sí los han estudiado están equivocados.
Mucho menos puede transformar su desconocimiento en una excusa para remitir cada asunto a Bogotá, como si la autonomía territorial consistiera en enviar correos al Ministerio.
El centralismo resulta especialmente útil cuando se practica desde la provincia. Permite que el municipio renuncie a sus responsabilidades y que el Ministerio las reclame desde lejos, sin capacidad para conocer oportunamente cada caso ni intervenir antes de que el daño sea irreversible. Todos conservan la competencia en los documentos. El patrimonio asume las consecuencias en el terreno.
Mientras tanto, el Centro Histórico continúa perdiendo vivienda, actividad cultural, comercio tradicional, seguridad y calidad ambiental. Las casas permanecen en pie, cuando permanecen, pero el tejido que les daba sentido se debilita. Después nos explicarán que conservar las edificaciones es difícil porque el centro ya no es habitable, sin recordar que su falta de habitabilidad también fue el resultado de años de decisiones, tolerancias y omisiones públicas.
La sociedad civil ha intentado llenar parte de ese vacío. Ha estudiado las normas, documentado los casos, formulado preguntas y advertido sobre los riesgos. Pero una asociación cívica no puede sustituir a la autoridad. Mucho menos puede dedicar sus esfuerzos, indefinidamente, a enseñarles sus funciones a quienes reciben un salario para ejercerlas.
La Secretaría de Cultura podía haber marcado el comienzo de una política patrimonial seria. Hasta ahora, la nueva institucionalidad ha servido principalmente para aumentar el número de oficinas, confundir las responsabilidades y ampliar la distancia entre el problema y su solución.
No estamos igual. Estamos peor.
Antes teníamos una institucionalidad insuficiente. Ahora tenemos una institucionalidad más compleja, unas competencias más confusas, unas normas alteradas sin claridad jurídica y unas autoridades convencidas de que reconocer un error sería más grave que permitir la pérdida del patrimonio.
Quizá algún día llegue un nuevo ciclo político y aparezca alguien que pueda y quiera asumir la recuperación del Centro Histórico. Para entonces encontrará abundantes diagnósticos, planes, actas, conceptos, mesas de trabajo y cuadros de competencias.
También encontrará menos centro histórico.
El señor alcalde, naturalmente, podrá exhibir su reconocimiento como el mejor del país.
Tal vez lo fue.
Solo queda por establecer de cuál ciudad.
