La paz cambió de objeto social
Humberto de la Calle reprocha al presidente Abelardo de la Espriella no haber presentado una política de paz: “Quizá cree que no la necesita”.
La observación tendría más fuerza si todavía supiéramos qué significa una política de paz.
Antes se negociaba con guerrillas que decían querer llegar al poder para cambiar el sistema. Después la izquierda llegó por elecciones con un exguerrillero, gobernó cuatro años, obtuvo la bancada más grande del Congreso y estuvo cerca de conservar la Presidencia. El experimento confirmó que para entrar a la Casa de Nariño eran más útiles los votos que los cilindros bomba.
Las organizaciones que permanecieron en el monte no tomaron nota porque la lección no iba dirigida a ellas. Nunca aspiraron seriamente a ocupar la Casa de Nariño. Les basta con controlar corredores, conservar las rentas ilegales y alquilar por sectores al Estado que no logran comprar.
No quieren tomarse el poder. Prefieren subcontratarlo.
Tampoco abandonaron la ideología. La trasladaron al departamento de relaciones públicas.
Es el modelo empresarial colombiano más exitoso: economía ilícita con responsabilidad social revolucionaria.
A estas organizaciones se les ha ofrecido una “política de sometimiento”. La expresión es curiosa. Si van a someterse, no hay mucho que negociar. Y si van a negociar las condiciones de su sometimiento, quizá los sometidos seamos los demás.
El sometimiento no es una política de paz. Es un asunto penal. Debería comenzar en la Fiscalía y terminar ante un juez. Pero eso resulta demasiado prosaico para un país que convirtió la aplicación de la ley en un fracaso de la imaginación.
Un delincuente común recibe una orden de captura. Una banda numerosa recibe una delegación del Gobierno. La diferencia entre ambos no es moral ni jurídica: es de recursos humanos.
La institucionalidad de la paz ha perfeccionado esta alquimia. La banda se convierte en “estructura”; los capos, en “voceros”; la extorsión, en “control territorial”; el narcotráfico, en “economía de guerra”; y la suspensión de capturas, en “gesto de confianza”.
Solo las víctimas conservan su nombre original.
El Ejecutivo puede facilitar entregas, coordinar operaciones y ofrecer protección. Lo extraño es que pretenda conversar también sobre la cantidad de justicia aplicable y la porción de los bienes criminales que sus propietarios podrían conservar. En una república convencional, las condiciones las fija el Congreso, investiga la Fiscalía y deciden los jueces. En nuestra versión tropical, el derecho penal se vuelve discutible cuando el interesado llega acompañado de suficientes hombres armados.
En los mercados negros no hay jueces ni libre competencia. Los contratos se hacen cumplir a tiros, el territorio sustituye la escritura y la capacidad de daño funciona como capital. Quien controla la plaza fija los precios, cobra impuestos y compra funcionarios.
Cuando el negocio alcanza cierto tamaño, el Estado deja de ver un expediente y empieza a ver un conflicto histórico.
Después vienen los comunicados, las mesas y las fotografías. Los muertos permanecen fuera de la foto oficial.
El detalle más fino es que uno de estos clanes se haga llamar Ejército Gaitanista. En febrero de 1948, Gaitán reunió una multitud silenciosa para protestar contra los asesinatos políticos y la llamó “la mejor fuerza de paz en Colombia”. Setenta y siete años después, el gobierno de Petro aceptó que una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión y el control armado del territorio utilizara oficialmente su nombre.
María Gaitán, nieta del dirigente, renunció a la delegación gubernamental antes que participar en esa cortesía. Su familia protestó. La dirección del Partido Liberal no pareció darse por aludida.
Tal vez creyó que la Marcha del Silencio todavía continuaba.
La familia conservó la memoria. El clan recibió el nombre oficial.
Yo voté por la reelección de Santos y voté Sí en el plebiscito. En 2016 había una guerra que terminar, una guerrilla debilitada con razones para terminarla y una negociación bien elaborada que podía hacerlo. No me arrepiento.
El problema es que el Acuerdo no podía limitarse a establecer las condiciones para abandonar las armas. Debía incluir un extenso programa sobre el campo, las drogas, la participación política y la organización del Estado. Después lo llamamos política de Estado, una expresión útil para que el programa de un gobierno sobreviva a los gobiernos elegidos para cambiarlo.
La Corte aclaró que los sucesores conservaban margen para escoger los medios y estaban obligados a realizar sus mejores esfuerzos. La fórmula fue elegante: podían gobernar como quisieran, siempre que quisieran lo mismo.
Los gobiernos siguientes cumplieron unas partes, aplazaron otras y administraron el resto. Era previsible. Los acuerdos firmados con una guerrilla duran más que los programas votados por los ciudadanos, pero tampoco consiguen abolir las elecciones.
Humberto de la Calle fue el rostro decente y la inteligencia jurídica de aquella negociación. Es comprensible que todavía contemple el país desde esa mesa: uno conserva cierta ternura por el lugar donde hizo su mejor trabajo.
Pero las mesas sobreviven a sus comensales. Los de entonces aspiraban a dejar las armas para disputar el poder. Los de ahora descubrieron algo más sencillo: cooptarlo por partes.
Duque la llamó Paz con Legalidad, quizá porque la paz sin apellido ya daba desconfianza. Petro la llamó Paz Total, quizá porque la legalidad resultaba demasiado restrictiva. Uno administró el Acuerdo con desgano; el otro amplió la mesa hasta que dejó de saberse quién estaba negociando qué y en nombre de quién.
Han pasado diez años. Parte de la guerrilla se reincorporó, la izquierda gobernó y la experiencia quedó acumulada: procedimientos, oficinas, asesores, intermediarios, contratos, presupuestos y un vocabulario capaz de volver respetable casi cualquier cosa.
En 2026, el Estado enfrenta un dilema menos heroico: decidir si a las bandas que heredaron los territorios y los negocios les envía un fiscal o un negociador.
La tentación de negociar aumenta con la capacidad de daño. A pocos hombres armados les corresponde una orden de captura; a muchos, una agenda de conversaciones. La paz amenaza con convertirse en programa de fidelización: a mayor control territorial, mejores beneficios.
Después de la Paz con Legalidad y de la Paz Total, ¿sería demasiado pedir que De la Espriella ensayara una fórmula menos creativa y aplicara el derecho común a todos los violentos? Sin mesas especiales, nombres históricos ni descuentos por volumen.
De la Calle teme que De la Espriella no tenga una política de paz.
Otros empezamos a temer que sí.
