No por una pierna, un hombro o una cabeza oportunista. Por una uña. La tecnología descendió sobre el campo con la majestad de un tribunal infalible, amplió la imagen, trazó unas líneas de colores y descubrió que Colombia había intentado burlar el orden universal con una extremidad de queratina.
Vinieron los memes, naturalmente. También los expertos en anatomía reglamentaria, los geómetras del fuera de lugar y los patriotas que reconocieron en aquella línea una nueva conspiración internacional. El país examinó la uña desde todos los ángulos. Solo faltó llamar a Medicina Legal para establecer si estaba viva al momento de la infracción.
Mientras tanto, yo pensaba en los peculaditos.
No en los grandes saqueos del Estado, que ya pertenecen a la macroeconomía, sino en esos robos pequeños, domésticos, casi artesanales, con los que algunos funcionarios procuran no perder la práctica. Una cuenta, una comisión, un almuerzo, unos galones de gasolina, el carro oficial para llevar a la tía, un contrato apenas ladeado hacia un amigo. Cosas menores. Delitos de bolsillo. Corrupción sostenible.
El responsable suele encontrar consuelo en la cuantía. No robó lo suficiente para considerarse ladrón. Apenas tomó prestada una porción microscópica del patrimonio público, sin autorización del patrimonio público y sin la engorrosa intención de devolverla. Frente a los grandes corruptos, incluso puede sentirse honrado. La virtud, en ciertos ambientes, comienza donde termina la capacidad de contratación.
La justicia debe entonces sacar la regla.
Tiene que decidir si la gravedad de una conducta se mide por el tamaño del daño o por la malicia de la decisión. Un peso es un peso. Mil millones son mil millones. La aritmética, que posee pocas inclinaciones filosóficas, distingue perfectamente entre ambos. Pero quien toma deliberadamente un peso que no le pertenece ha causado un daño de un peso y ha tomado una decisión completa.
La deshonestidad no siempre viene por kilos.
A veces cabe entera en una suma miserable. Esto resulta incómodo porque preferimos imaginar el mal con dimensiones respetables: bóvedas, testaferros, helicópteros, cuentas en paraísos fiscales. Nos decepciona encontrarlo viajando en taxi, cobrando viáticos o falsificando una factura de papelería. Parece indigno movilizar jueces, fiscales, procuradores, abogados, secretarios, peritos y archivadores para perseguir un robo inferior al costo del proceso.
Hay delincuentes que le salen demasiado caros al Estado precisamente porque robaron demasiado poco.
El derecho penal intenta resolver el asunto mediante palabras solemnes: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, proporcionalidad. Después añade agravantes, atenuantes, cuantías, grados de participación e intenciones, hasta que la conducta queda jurídicamente irreconocible pero debidamente numerada. El expediente engorda. El peculado sigue siendo pequeño. Los honorarios no.
En el fútbol todo parece más sencillo. La uña estaba adelante o no estaba adelante. La máquina no pregunta si produjo una ventaja apreciable, si cambió la jugada o si el jugador había concebido desde niño el perverso proyecto de adelantarla. La encuentra fuera de la línea y anula el gol. Justicia al milímetro: limpia, precisa y ligeramente absurda.
En los tribunales, en cambio, el milímetro tiene antecedentes, familia, motivaciones, jurisprudencia y un abogado que sostiene que nunca existió.
Tal vez el problema sea que confundimos con facilidad la pequeñez del daño con la pequeñez de la decisión. El funcionario que roba poco puede ser un hombre moderado, un cobarde o simplemente alguien a quien interrumpieron. También puede tratarse de un servidor público con una rigurosa ética de la proporcionalidad: jamás tomar más de lo que pueda explicar durante una entrevista radial.
Pero la alternativa tampoco tranquiliza. Si la justicia atendiera únicamente a la malicia, tendría que medir algo que no aparece en las cuentas bancarias ni en las cámaras de seguridad. Habría que determinar cuánta perversidad cabe en un almuerzo, qué porcentaje de depravación contiene un tanque de gasolina y en qué momento exacto un favorcito administrativo se convierte en una decisión moral completa.
Para eso todavía no existe el VAR.
Quizá algún día lo inventen. El acusado comparecerá ante una pantalla gigante. Los jueces repetirán la escena en cámara lenta: allí recibe la factura, aquí mira hacia la puerta, en este fotograma vacila y en el siguiente guarda el dinero. Una línea roja señalará el límite entre la debilidad humana y la corrupción. Los comentaristas discutirán la intención. El abogado pedirá otra toma.
Y mientras el tribunal amplía la imagen, alguien descubrirá que al acusado le sobresale una uña.
