Cuando un editorial sin nombres provoca una respuesta
La Revista de Caldas publicó un editorial titulado «La pobreza no puede ser una tarima». No mencionó concejales, no mencionó candidatos, no señaló apellidos, no acusó a persona alguna de cometer un delito, y tampoco sostuvo que ayudar a una familia necesitada fuera reprochable. Hizo algo mucho más sencillo y, quizás por eso mismo, más incómodo: formuló preguntas.
Preguntó qué sucede cuando una ayuda destinada a una persona humilde termina convertida en contenido para redes sociales, preguntó dónde termina la solidaridad y dónde puede comenzar la promoción política, y preguntó de dónde salen los recursos cuando alrededor de una figura pública aparecen ayudas, desplazamientos, fotografías, videos, edición y difusión permanente en redes. Y preguntó algo que cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse: ¿es indispensable mostrar al beneficiario para demostrar que se ayudó?
Después de publicado ese editorial, una concejal decidió responder públicamente mediante un video. Está en todo su derecho, y nosotros estamos en la obligación de escucharla. Lo hicimos. Pero escuchar una respuesta no significa que las preguntas desaparezcan.
El debate nunca fue si ayudar está bien o está mal
Hay que comenzar por despejar algo que jamás debió confundirse. Ayudar está bien, gestionar está bien, tocar puertas para conseguir soluciones para una comunidad está bien. Conseguir un mercado para quien tiene hambre, materiales para una familia que perdió su vivienda o cualquier apoyo para una persona que atraviesa una situación difícil puede ser un acto profundamente humano. Nuestro editorial jamás sostuvo lo contrario.
Por eso una respuesta basada únicamente en enumerar ayudas, gestiones, recorridos o personas beneficiadas no resuelve el asunto planteado, porque esa nunca fue la pregunta. La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando la necesidad de quien recibe la ayuda también se convierte en material para construir la imagen pública de quien la entrega? Ahí comienza una discusión distinta, y esa discusión no desaparece afirmando que se trabaja por la comunidad. Precisamente porque se trabaja en política, porque se ostenta una representación pública y porque existe exposición ante los ciudadanos, las preguntas son legítimas.
No toda cámara es propaganda
También queremos ser absolutamente claros en esto: la Revista nunca afirmó que fotografiar una gestión social fuera incorrecto por definición. Una institución debe informar, un concejal puede rendir cuentas, una organización puede documentar una actividad y una fundación puede mostrar sus resultados. El problema comienza cuando el centro de la publicación deja de ser la gestión y pasa a ser la persona vulnerable, cuando su necesidad se convierte en escenografía, cuando su gratitud adquiere valor promocional y, especialmente, cuando una ayuda termina asociada a mensajes de respaldo político.
Esa diferencia es fundamental. Informar que se consiguieron treinta mercados para determinada comunidad es una cosa; convertir el agradecimiento de quien recibió uno de esos mercados en una pieza de exaltación de una figura política es otra muy distinta. Por eso esta discusión no debería reducirse a quién ayuda más, quién visita más veredas o quién tiene mejores intenciones. Las intenciones pertenecen al terreno personal, los hechos pertenecen al escrutinio público, y de los hechos es de lo que debe ocuparse el periodismo.
Quedan preguntas
La respuesta pública de la concejal merece respeto, pero también deja intactas varias preguntas que no constituyen acusación alguna: ¿de dónde provienen las ayudas que aparecen públicamente asociadas a su gestión? ¿Son adquiridas con recursos personales, son donaciones de comerciantes o empresarios, son aportes de ciudadanos o provienen de gestiones realizadas ante instituciones? Cuando existen terceros que aportan, ¿se identifica públicamente quiénes son? ¿Las personas que aparecen en fotografías y videos conocen y autorizan el uso público de su imagen? ¿La comunicación busca informar una gestión o promover una figura política?
Estas preguntas no contienen una condena ni presuponen una irregularidad. Son preguntas, y responderlas documentalmente sería muchísimo más útil para los ciudadanos que convertirlas en una confrontación personal.
Tampoco aceptamos cambiar la discusión
En el video aparecen referencias a sentirse violentada y a una eventual persecución política. Respetamos que una persona pueda experimentar una publicación de esa manera, pero una percepción personal no modifica el contenido escrito de un editorial. El texto está publicado, puede leerse y puede verificarse palabra por palabra. Y allí no aparece el nombre de la concejal, no aparece una acusación penal, no aparece la afirmación de que determinadas ayudas provengan de recursos ilegales, ni aparece tampoco la afirmación de que toda su actividad social tenga propósitos electorales.
Por eso no vamos a entrar en una discusión acerca de quién persigue a quién. No nos interesa. La Revista no existe para perseguir dirigentes políticos ni para protegerlos. Existe para preguntar y, cuando las respuestas llegan, para examinarlas.
No vamos a convertir esto en un ring
Esta será nuestra posición y no pensamos transformar el asunto en una interminable sucesión de videos, publicaciones, respuestas, contrarrespuestas y ataques personales. Salamina tiene problemas demasiado importantes para convertir el debate público en una pelea de Facebook.
Si alguien considera que una afirmación publicada por La Revista de Caldas es falsa, que lo diga, pero que señale cuál: una frase, un dato, una fecha, una cifra, un documento. Entonces la revisaremos, y si nosotros afirmamos algo que no es cierto, lo rectificaremos —sin excusas, sin esconder la corrección, sin borrar silenciosamente lo publicado, con la misma responsabilidad con la que exigimos explicaciones a los demás. Eso también es periodismo.
Las puertas están abiertas
La concejal, cualquier dirigente político, cualquier funcionario y cualquier ciudadano mencionado directa o indirectamente en una publicación de esta Revista tiene abiertas estas páginas para ejercer su derecho a responder. Si existen documentos que expliquen el origen de determinadas ayudas, podemos conocerlos; si existen precisiones sobre las gestiones realizadas, podemos publicarlas; si alguna interpretación nuestra es equivocada, podemos escuchar los argumentos; y si un dato nuestro es falso, esperamos que nos lo demuestren para proceder a corregirlo.
Lo que no haremos será renunciar a preguntar por temor a que alguien considere incómoda la pregunta, porque existe una diferencia enorme entre una acusación y una pregunta. Y una sociedad democrática necesita periodistas capaces de comprender esa diferencia, pero también dirigentes públicos dispuestos a aceptarla.
La pregunta sigue siendo la misma
Después del video, después de la respuesta y después de toda la discusión que pueda generarse, el fondo del asunto permanece intacto. Cuando se ayuda a una persona vulnerable, ¿la protagonista debe ser la persona que ayuda o la solución conseguida? ¿Necesitamos conocer el rostro de quien tiene hambre para comprobar que recibió un mercado? ¿Necesitamos escuchar su agradecimiento? ¿Necesitamos convertir su necesidad en contenido? ¿O sería posible hacer política social, gestión comunitaria y solidaridad conservando algo que vale infinitamente más que una fotografía? Su dignidad.
Ese era el debate antes del video, y sigue siendo el debate después del video. No estamos interesados en saber quién gana una pelea en redes sociales. Nos interesa algo mucho más importante: que la ayuda llegue, que se conozca de dónde procede, que las gestiones sean transparentes y que ninguna persona tenga que pagar con su imagen, su gratitud o su simpatía política aquello que recibió cuando más lo necesitaba.
La Revista de Caldas seguirá abierta a las respuestas, también a las críticas y, por supuesto, a las rectificaciones cuando correspondan. Pero seguirá haciendo preguntas, porque una publicación que solamente pregunta cuando sabe que nadie se va a molestar no está haciendo periodismo.
Está haciendo relaciones públicas.