Salamina ya está en campaña, aunque ningún aspirante haya dicho en voz alta que lo es. Faltan casi once meses para las elecciones de octubre de 2027 y los nombres circulan por el parque, por los grupos de WhatsApp y por las mesas de tinto con la misma soltura con que antes circulaba el santoral. Nadie ha inscrito nada y pocos han confirmado algo, pero ya hay videos, ayudas, encuentros, alianzas que se insinúan y candidaturas que se dan por hechas.
Aspirar a gobernar el municipio es un derecho, y que haya muchos interesados es señal de buena salud democrática. Lo que preocupa no es la cantidad de nombres, sino la forma en que se está empezando a competir. Una campaña que arranca con rumores, con favores y con fotos junto a la necesidad ajena suele terminar mal: en insultos, en resentimientos y en familias que dejan de saludarse.
Por eso La Revista de Caldas propone algo que a los más cínicos les parecerá ingenuo: que quienes suenan para la Alcaldía y el Concejo se sienten a una misma mesa, antes de que empiece lo duro, y firmen un pacto de caballeros.
No hablamos de un acto protocolario ni de una foto de reconciliación. Hablamos de unas reglas mínimas, públicas y por escrito, que cada aspirante pueda cumplir y que los ciudadanos puedan exigir.
La primera, y la más importante, es que las necesidades de la gente no se usen como herramienta electoral. Salamina conoce el mecanismo, aunque nadie lo confiese: el mercado que llega con nombre propio, el arreglo de techo que se agradece con el voto, el material de construcción que deja una deuda que se cobra en las urnas. La solidaridad no tiene por qué suspenderse, y nadie pide que el que ayuda deje de ayudar. Lo que debe desaparecer es el condicionamiento, la idea de que quien recibió un favor queda obligado a pagarlo. Una familia con hambre o con goteras merece respeto, no una deuda política, y el voto tiene que seguir siendo libre, que es lo único que de verdad pertenece a cada ciudadano.
La segunda regla tiene que ver con el dinero. Quien aspira a manejar un presupuesto público debe demostrar que sabe manejar el propio, y eso empieza por decir cómo se financia su actividad política: de dónde salen los recursos de las ayudas, de los eventos y de la publicidad, y si cumple las obligaciones de información y rendición de cuentas que fijan las autoridades electorales. No es una acusación contra nadie, sino la forma más barata de evitar sospechas, y quien no tiene nada que esconder no debería tener problema en contarlo. Lo mismo vale para los servidores públicos con aspiraciones: que respeten las restricciones legales, los tiempos de renuncia cuando correspondan y la prohibición de poner el cargo, el vehículo oficial o la nómina al servicio de una candidatura.
La tercera es que la cultura no se vuelva tarima disfrazada. Salamina tiene escritores, músicos, artistas y gestores que han sostenido su identidad durante generaciones, y nada de eso necesita padrinos con ambición electoral. Nadie debe abstenerse de apoyar un evento cultural por querer ser alcalde, pero el público tiene derecho a saber quién organiza, quién paga y para qué se hace, de modo que quien llegue a escuchar a un escritor no termine, sin saberlo, en un acto de promoción personal. Cuando sea cultura, que sea cultura; cuando sea política, que se llame política.
La cuarta es la que más se echa de menos: campañas con proyectos y no con favores. ¿Qué piensa hacer cada aspirante con las vías rurales que se llevan los inviernos? ¿Cómo atenderá el hospital y los puestos de salud? ¿Qué ofrece al campo, al empleo y al turismo? ¿Qué hará con el patrimonio arquitectónico y con las expresiones culturales del municipio? ¿Qué le dirá a los jóvenes que terminan sus estudios y se van porque aquí no encuentran dónde trabajar? ¿Qué propone para las familias sin vivienda y para unos servicios públicos que todavía fallan? Y, sobre todo, ¿de dónde saldrá la plata? Prometer es fácil. Lo difícil es explicar cómo se cumple, y esa explicación es lo que separa un programa de gobierno de un discurso.
Habrá quien diga que un pacto así no sirve de nada porque no tiene sanciones. Es cierto que ningún documento firmado sustituye a la ley, y que las conductas irregulares, cuando existan pruebas, deben denunciarse ante las autoridades competentes. Pero el pacto cumple otra función: fija un estándar público contra el cual medir a cada quien. Quien lo firme y lo incumpla quedará retratado por sus propios actos, y quien se niegue a firmarlo tendrá que explicar por qué. Ambas cosas le sirven al elector.
La vigilancia le corresponde a todos. A los ciudadanos, que tienen memoria aunque algunos candidatos la subestimen; a los medios, que tenemos la obligación de contar lo que pasa sin ponernos de parte de nadie; y a las organizaciones comunitarias y las autoridades, cada una dentro de sus competencias. La Revista de Caldas asume la parte que le toca: preguntaremos por los programas, por las fuentes de financiación y por los compromisos, publicaremos lo que cada aspirante diga y lo que decida callar, y lo haremos con respeto, pero sin pedir permiso.
Hay una razón que pesa más que todas las anteriores, y es la más sencilla. Salamina es un pueblo donde la gente se encuentra en el parque, en la plaza, en las fiestas, en el hospital y en el cementerio. Terminadas las elecciones, gane quien gane, todos seguiremos viviendo aquí. Los candidatos se saludan al final, pero muchos de sus seguidores quedan peleados por diferencias que nunca fueron suyas, y esas heridas tardan más en cerrar que un período de cuatro años. Una campaña de insultos, de ataques a las familias y de vida privada puesta en la vitrina deja un costo social que ningún programa de gobierno alcanza a reparar.
Invitamos entonces a todos, sin distinción: liberales, conservadores, del Pacto Histórico, de otros partidos o de movimientos ciudadanos; empresarios, campesinos, maestros, comerciantes, militares retirados o juristas. Todos tienen derecho a aspirar si cumplen los requisitos legales, y a todos se les pide lo mismo: que compitan con ideas, que discutan con respeto y que acepten que sus promesas se puedan revisar. Alguien tiene que dar el primer paso. Quien lo dé gana, además, algo que ninguna encuesta mide: la autoridad moral de haber empezado limpio.
Los lectores dirán si esto es ingenuidad o sentido común. Nosotros apostamos por lo segundo. Porque al terminar la campaña, Salamina quiere poder encontrarse en las calles del pueblo sin tener que cambiarse de acera.