Hay algo profundamente inquietante en la Colombia de hoy, y no es lo que los noticieros muestran cada noche. No es únicamente la inseguridad que devora barrios enteros, ni la corrupción que sangra las arcas públicas con la puntualidad de un reloj suizo, ni siquiera la pobreza que sigue siendo la condición de millones de colombianos a pesar de décadas de discursos sobre el progreso. Lo verdaderamente preocupante, lo que debería quitarle el sueño a cualquier ciudadano que todavía se tome en serio el futuro de este país, es la gigantesca fábrica de contradicciones en la que Colombia se ha convertido sin que nadie parezca estar demasiado alarmado por ello. Somos una nación que ha perfeccionado el arte de exigirle a los demás exactamente aquello que nosotros mismos somos incapaces de practicar, y esa hipocresía colectiva, silenciosa y profunda, puede resultar más destructiva que cualquier grupo armado o cualquier gobierno incompetente.
Las redes sociales han transformado a Colombia en un tribunal permanente donde millones de ciudadanos se levantan cada mañana dispuestos a ejercer simultáneamente los roles de juez, fiscal y verdugo. Desde la comodidad de una pantalla, se condena, se señala, se estigmatiza y se divide con una velocidad y una contundencia que el sistema judicial real nunca ha logrado alcanzar para los verdaderos delincuentes. La indignación se ha convertido en moneda de cambio, en capital social, en la forma más rápida de demostrar que uno pertenece a la tribu correcta. La verdad importa cada vez menos. Lo que importa es la narrativa, el bando, la etiqueta identitaria que uno lleva puesta como si fuera una camiseta de fútbol que nunca se quita, con la que uno duerme, despierta y ve el mundo. Y mientras ese circo digital consume la energía y la atención de millones de colombianos, el país real, el de carne y hueso, el de las calles sin pavimento y los hospitales sin medicamentos, sigue acumulando heridas que nadie está mirando.
Tomemos, por ejemplo, a esa clase empresarial que habla de justicia social en foros, conferencias y entrevistas de revista, que publica mensajes inspiradores sobre el bienestar de sus trabajadores, que financia campañas de responsabilidad corporativa con el mismo entusiasmo con que contrata diseñadores para que sus logos sean más modernos, mientras puertas adentro mantiene salarios que no alcanzan para pagar el arriendo, limita sistemáticamente las posibilidades de crecimiento de quienes generan su riqueza, y concentra los frutos del trabajo colectivo en unas pocas manos que nunca parecen llenarse del todo. Que quede claro: no hay nada moralmente incorrecto en la riqueza legítimamente obtenida. Al contrario, la capacidad de crear riqueza es uno de los motores más poderosos del progreso humano. Lo que resulta éticamente insoportable es la hipocresía de quienes predican solidaridad desde sus penthouses mientras practican la acumulación sin límites desde sus oficinas.
En numerosos municipios colombianos este fenómeno se reproduce con la regularidad de una enfermedad crónica: grandes propietarios, comerciantes exitosos, empresarios locales que disfrutan de una vida llena de comodidades en territorios donde la mayoría de la población no tiene acceso a agua potable, a salud digna, a una educación que realmente abra puertas. La pregunta incómoda que nadie quiere responder es tan sencilla como perturbadora: ¿cuántos de esos empresarios han dedicado una fracción real de su éxito a crear fondos de capital semilla para jóvenes emprendedores, a apoyar pequeños talleres familiares, a financiar proyectos agrícolas o iniciativas tecnológicas que transformen la dinámica económica de sus regiones? La respuesta, en la mayoría de los casos, es que prefieren financiar banquetes, ostentaciones políticas y campañas electorales para garantizar que el status quo que los favorece se mantenga intacto.
Sin embargo, sería demasiado fácil y demasiado cómodo dejar toda la responsabilidad en manos de los que tienen dinero. Las contradicciones colombianas no son un privilegio de las élites. También existen sectores sociales que han desarrollado una cultura de dependencia tan arraigada que ya ni siquiera la reconocen como tal. Ciudadanos convencidos de que la solución a cada uno de sus problemas debe provenir del Estado, que los subsidios son un derecho eterno y no una herramienta transitoria, que la prosperidad puede surgir de un decreto presidencial o de una transferencia bancaria mensual. Esta mentalidad, cultivada y alentada por décadas de clientelismo político de todos los colores y todas las banderas, ha producido comunidades enteras que esperan sin producir, que reclaman sin aportar, que demandan derechos sin asumir responsabilidades. Y los políticos, astutos como siempre, saben perfectamente que esa dependencia es el combustible perfecto para su maquinaria electoral. Un ciudadano que produce y se vale por sí mismo es mucho más difícil de manipular que uno que espera el próximo bono gubernamental para llegar a fin de mes.
Merece también una crítica sin anestesia el papel que ciertas corrientes progresistas han jugado en la creciente fragmentación social del país. Muchas de sus causas originales fueron legítimas, necesarias, urgentes incluso. Pero algunas de sus expresiones más radicales han terminado alimentando exactamente aquello que decían combatir: la división, la exclusión, el pensamiento único disfrazado de diversidad. La sociedad colombiana está siendo partida en bandos enfrentados permanentemente, como si la realidad fuera un campo de batalla donde cada interacción humana es una lucha de poder que alguien debe ganar y alguien debe perder. Ricos contra pobres, empresarios contra trabajadores, hombres contra mujeres, campo contra ciudad, víctimas contra victimarios, izquierda contra derecha, progresistas contra conservadores.
Cada semana aparece una nueva categoría para dividir a los colombianos, para construir un nuevo enemigo que justifique la indignación colectiva y mantenga encendida la hoguera de la confrontación. En algunos sectores se ha instalado una cultura de la cancelación que resulta tan autoritaria en sus métodos como cualquiera de los autoritarismos que dice combatir. Ya no se busca persuadir mediante argumentos, ya no se confrontan ideas, ya no se debate con la esperanza de convencer al otro. Se silencia, se descalifica, se destruye la reputación de quien piensa diferente con la misma eficiencia brutal con que los regímenes que estos mismos sectores critican han silenciado a sus disidentes. Paradójicamente, en nombre de la inclusión se excluye, en nombre de la tolerancia se practica una intolerancia feroz, en nombre de la diversidad se pretende imponer una nueva uniformidad ideológica que no admite matices ni disidencias.
Pero los extremos conservadores tampoco están limpios de culpa. Existen sectores que reaccionan con un fanatismo idéntico al que critican, que son incapaces de procesar cualquier cambio social o cultural sin convertirlo en una amenaza existencial, que alimentan el miedo y la sospecha como si fueran recursos naturales renovables. La radicalización, en Colombia, se ha convertido en un negocio político extraordinariamente rentable, precisamente porque mientras los ciudadanos se entretienen destruyéndose entre sí, los problemas reales permanecen intactos y los responsables reales permanecen impunes.
La inseguridad crece. La corrupción drena recursos con la tranquilidad de quien sabe que nadie lo está vigilando de verdad. La educación sigue rezagada. La productividad permanece estancada. Y millones de colombianos continúan atrapados entre la pobreza y la incertidumbre mientras sus representantes debaten en Twitter.
Lo que Colombia necesita con urgencia no es otro mesías político ni otro programa social bautizado con un nombre esperanzador. Necesita recuperar una idea que parece haber sido enterrada bajo toneladas de retórica ideológica: la idea de que cada ser humano tiene el derecho y la responsabilidad de construir su propio destino, que la libertad individual y la responsabilidad personal no son conceptos de derecha ni de izquierda sino la base mínima de cualquier sociedad que aspire a funcionar, que la riqueza no se redistribuye infinitamente sino que se crea mediante el trabajo, la innovación y el emprendimiento, y que un Estado más pequeño, más eficiente y menos corrupto no es una concesión a los poderosos sino una herramienta indispensable para que los menos poderosos puedan competir en igualdad de condiciones.
Miles de emprendedores colombianos enfrentan trámites interminables, cargas tributarias diseñadas para asfixiar a los pequeños mientras los grandes tienen ejércitos de contadores para eludirlas, y regulaciones tan complejas que terminan siendo el mejor aliado del que ya tiene poder y el peor enemigo del que intenta construirlo.
El mayor desafío de Colombia puede no ser económico ni político. Puede ser, en el fondo, un desafío cultural. El principal obstáculo para el progreso del país no siempre está en el gobierno, en la guerrilla, en el narcotráfico o en el imperialismo. Con demasiada frecuencia está en el espejo. Está en esa costumbre nacional, profunda y casi inconsciente, de exigir virtudes que uno mismo no practica, de señalar defectos ajenos con el dedo índice mientras los propios permanecen convenientemente en la sombra. Colombia no cambiará de verdad mientras no sea capaz de mirarse al espejo con la misma dureza con que mira a sus vecinos. La libertad, la responsabilidad y la coherencia siguen siendo la revolución más urgente y la más postergada.
