Una norma que existe, pero no siempre se cumple
Colombia no llegó desprevenida, en el papel, al terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026. El país cuenta desde 2010 con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, conocido como NSR-10, adoptado mediante el Decreto 926 de ese año y heredero de una tradición normativa que se remonta a los años ochenta, cuando el país reaccionó a una serie de terremotos que dejaron al descubierto la fragilidad de sus construcciones. La norma exige que toda edificación formal resista temblores de baja intensidad sin daño alguno, temblores moderados sin daño estructural —aunque con posibles afectaciones en elementos no estructurales— y temblores fuertes con daños estructurales y no estructurales, pero sin llegar al colapso. El objetivo declarado nunca fue evitar cualquier daño material, sino proteger la vida de los ocupantes y permitirles evacuar antes de que la estructura ceda.
Ingenieros consultados por medios nacionales tras el sismo coincidieron en un punto central: las edificaciones formales, construidas bajo el estricto cumplimiento de la NSR-10 y de sus antecesoras de 1997 y 1984, mostraron en general un desempeño adecuado, absorbiendo el movimiento sin colapsar aunque sufrieran daños severos en fachadas, muros divisorios o acabados. El problema, entonces, no residiría tanto en la norma como en su aplicación real sobre el universo construido del país.
Y ese universo revela una brecha considerable. Según cifras del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura citadas en la cobertura posterior al sismo, al menos el 52 por ciento de las edificaciones existentes en Colombia en 2023 habían sido levantadas antes de que existiera el NSR-10, lo que las deja fuera del cumplimiento automático de sus exigencias, salvo que hayan sido objeto de reforzamiento estructural posterior. A esto se suma un dato aún más preocupante: de cada cinco unidades de vivienda que aparecen en el mercado colombiano, tres tendrían origen informal, es decir, construidas sin licencia y, por tanto, sin ninguna garantía de que cumplan los requisitos sismorresistentes vigentes. La expresidenta del gremio de constructores Camacol ha señalado en el pasado que hasta un 40 por ciento de las viviendas del país son producto de autoconstrucción, levantadas sin verificación técnica alguna.
Un ingeniero consultado por la Universidad de la Sabana tras el terremoto resumió el fenómeno de los colapsos en una fórmula que evita simplificaciones: rara vez se trata de una sola causa. Errores de diseño, mala calidad de la construcción, materiales deficientes, irregularidades estructurales y falta de cumplimiento normativo suelen combinarse, reduciendo de manera acumulativa la capacidad de una edificación para resistir el movimiento. El mismo experto insistió en que las construcciones antiguas que no cumplen los requisitos actuales deben ser evaluadas y, de ser necesario, reforzadas y actualizadas, una recomendación que cobra particular urgencia en ciudades como Manizales y Pereira, con un parque inmobiliario que combina edificaciones centenarias de bahareque y tapia con construcciones en concreto de distintas épocas normativas.
Esta investigación no encuentra, hasta el momento, evidencia pública de que las autoridades hayan identificado edificaciones específicas que hayan colapsado por incumplimiento comprobado de la norma vigente; ese es, precisamente, el tipo de determinación que corresponde a las investigaciones técnicas y periciales que suelen extenderse durante semanas después de un sismo de esta magnitud. Lo que sí es posible afirmar, con base en las cifras del propio sector de la construcción, es que una porción significativa del parque habitacional colombiano —ya sea por antigüedad, por informalidad o por ambas razones— no ofrece las mismas garantías que exige el reglamento vigente, y que esa brecha estructural ayuda a explicar por qué un mismo terremoto puede dejar en pie una torre moderna mientras derrumba, a pocas cuadras, una vivienda autoconstruida.
San José del Palmar: el epicentro que tardó en aparecer en el mapa de la ayuda
Mientras Cali, Pereira y Manizales acaparaban los balances horarios de fallecidos y las cámaras de televisión, el municipio donde efectivamente se originó el terremoto permanecía, durante buena parte del primer día, en un relativo silencio informativo. San José del Palmar, en el suroriente de Chocó, es un municipio de apenas cinco mil habitantes, de población mayoritariamente rural, ubicado en una zona montañosa que limita con Risaralda y Valle del Cauca. Antes de convertirse en el punto de origen del sismo más fuerte registrado en Colombia en una década, el municipio ya arrastraba una historia de abandono estatal, violencia armada sistemática y precariedad en sus servicios básicos: la cobertura de acueducto rural, según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se mantenía estancada en apenas 36 por ciento entre 2022 y 2024, prácticamente sin variación en tres años.
El terremoto no hizo más que profundizar esa vulnerabilidad preexistente. El alcalde León Fabio Marín Moncada reportó, en las primeras horas, un balance preliminar de cerca de 400 viviendas afectadas y 20 estructuras colapsadas por completo, cifra que otros reportes elevaron posteriormente a más de 500 viviendas con daños. La única vía de acceso al municipio, que lo conecta con Cartago, en el Valle del Cauca, quedó bloqueada por varios derrumbes provocados por el propio sismo, dejando a la población prácticamente aislada en las horas más críticas de la emergencia. La personera municipal, Helen Johana Cuero, describió una situación sin fluido eléctrico, con el acueducto fuera de servicio y varias escuelas rurales afectadas, mientras las autoridades locales intentaban improvisar centros de acopio para recibir ayuda humanitaria que, literalmente, no tenía cómo entrar por tierra.
El contraste presupuestal resulta elocuente: reportes periodísticos indicaron que San José del Palmar contaba apenas con 32 millones de pesos disponibles para atender una emergencia de esta magnitud, una cifra que el propio alcalde reconoció como insuficiente frente a la dimensión del desastre, razón por la cual hizo un llamado directo al Gobierno nacional para que asumiera la mayor parte de la respuesta. La Cruz Roja Colombiana, por su parte, identificó no solo a San José del Palmar sino también a los municipios de Río Iró y Nóvita como zonas del Chocó que requerían atención urgente, advirtiendo que hasta ese momento no existía un balance consolidado para el conjunto de la región epicentral.
Es necesario señalar, con el mismo rigor que ha guiado esta investigación desde su primera entrega, que hasta la tarde del primer día no se habían reportado víctimas fatales confirmadas dentro del propio San José del Palmar, un dato que en principio podría leerse como una buena noticia relativa. Sin embargo, esa ausencia de cifras no equivale a ausencia de daños: la falta de conectividad, de energía eléctrica y de señal celular en las zonas rurales del municipio hace que cualquier balance sobre víctimas, viviendas y afectaciones deba tomarse como provisional, sujeto a revisión a medida que las comunidades más apartadas logren finalmente comunicar su situación. El relieve montañoso de la región, atravesado por las estribaciones del parque Tatamá y la serranía de Los Paraguas, no solo complica la evaluación de daños, sino que multiplica el riesgo de deslizamientos que pueden aislar comunidades enteras aunque sus viviendas no hayan sufrido daños estructurales graves.
Dos velocidades de respuesta
La comparación entre la velocidad de respuesta institucional en Cali y en San José del Palmar no busca minimizar la tragedia vivida en la capital del Valle del Cauca, donde el número de víctimas fue considerablemente mayor. Busca, en cambio, documentar un patrón que se repite en la historia reciente de los desastres naturales en Colombia: las zonas urbanas grandes, con mayor capacidad de comunicación, cobertura mediática y peso político, tienden a consolidar sus balances de daños y a recibir apoyo estatal con mayor rapidez que los territorios rurales y periféricos, incluso cuando estos últimos son, como en este caso, el punto exacto donde se originó la catástrofe.
El propio Gobierno nacional pareció reconocer esta asimetría en las horas posteriores al sismo. El presidente Abelardo de la Espriella se trasladó personalmente a Quibdó, capital de Chocó, antes de continuar hacia Cali, mientras delegaba en su vicepresidente y en su canciller la coordinación de la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, y enviaba a distintos ministros hacia el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. La gobernación de Antioquia dispuso aeronaves para apoyar las operaciones en los departamentos más golpeados, y Antioquia declaró alerta roja hospitalaria para desplegar su propia red de urgencias y rescatistas hacia el Chocó, en un gesto de solidaridad interdepartamental que buscó compensar, al menos parcialmente, la limitada capacidad de respuesta propia del departamento epicentro.
Aun así, el expresidente Gustavo Petro había señalado públicamente, ya en las primeras horas de la emergencia, la necesidad de reforzar la atención en Chocó ante lo que describió como una preocupante falta de información sobre la situación real en la zona. Esa observación, formulada por fuera del Gobierno de turno, coincide con un patrón documentado por organizaciones humanitarias como la Cruz Roja: la información desde las zonas rurales del epicentro llegó de manera más lenta, fragmentada e incompleta que la proveniente de las capitales departamentales, no por falta de voluntad de las autoridades locales, sino por las mismas limitaciones estructurales de conectividad que el propio terremoto había profundizado.
Una conclusión provisional
Esta tercera entrega deja planteadas dos conclusiones que, por su propia naturaleza, seguirán siendo objeto de verificación en las próximas semanas. La primera es que Colombia cuenta con un marco normativo sismorresistente robusto en el papel, pero enfrenta una brecha considerable entre esa norma y el parque construido real, una brecha que la informalidad habitacional y la antigüedad del inventario inmobiliario explican en buena parte, y que corresponderá a las investigaciones técnicas de las próximas semanas determinar con precisión edificio por edificio. La segunda es que la respuesta institucional frente a un desastre de esta escala no llega con la misma velocidad a todos los territorios, y que el propio epicentro del terremoto, el municipio chocoano de San José del Palmar, ilustra con crudeza cómo el abandono estructural previo de una región puede convertirse en un multiplicador de vulnerabilidad cuando la tierra, finalmente, se rompe.
La próxima entrega de esta investigación dará seguimiento a los resultados del censo de daños que las autoridades locales del Chocó continúan levantando, así como a las primeras evaluaciones técnicas sobre las edificaciones colapsadas en el Eje Cafetero.
