Veinticuatro horas después de que la tierra se rompiera bajo San José del Palmar, Chocó, las cifras oficiales del terremoto de magnitud 7,4 seguían en movimiento, casi con el mismo ritmo errático de las réplicas que continuaban sintiéndose en el occidente colombiano. Las primeras horas del lunes 10 de agosto dejaron un balance preliminar de 235 personas fallecidas y más de 3.000 heridas, reportado directamente por el Gobierno nacional. Esas cifras fueron calificadas desde el principio como preliminares, sujetas a modificación mientras avanzaban las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños.
Con el correr de las horas, el número de víctimas mortales fue creciendo de manera constante, aunque no siempre en línea recta. Hacia la noche del lunes, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales —Asocapitales— consolidó un reporte de 187 personas fallecidas y más de 1.500 heridas en todo el país, cifra que fue confirmada también por el propio presidente de la República tras una reunión con autoridades locales. Para la mañana del martes 11 de agosto, ese mismo organismo había actualizado el balance a 169 personas fallecidas y más de 1.200 heridas, en un ascenso que las autoridades atribuyeron no a nuevas muertes causadas por las réplicas, sino a la consolidación progresiva de reportes municipales y departamentales que apenas comenzaban a llegar desde las zonas rurales más golpeadas.
El tercer día de la emergencia confirmó ese patrón de ajuste permanente. El Informe Consolidado número 14 de Asocapitales, con corte a las cuatro de la tarde del martes 11 de agosto, fijó el balance en 188 personas fallecidas y 1.677 heridas dentro de las ciudades capitales, cifra que se elevaba a 2.595 heridos al contabilizar el total nacional, y en 243 las estructuras colapsadas. Horas más tarde, ya en la mañana de este miércoles 12 de agosto, con corte a las siete, Medicina Legal informó que había recibido 202 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, de los cuales 121 víctimas habían sido plenamente identificadas, entre ellas cinco menores de edad. Esta última cifra —202 fallecidos confirmados por el instituto forense, la entidad técnica encargada de la identificación definitiva de cuerpos— es, hasta el momento de cierre de esta actualización, el dato más consolidado disponible sobre el número real de víctimas mortales.
Esta investigación insiste, con la misma cautela que exige cualquier crisis en desarrollo, en que estas cifras no deben leerse como definitivas. La consolidación de un balance nacional después de un terremoto de esta magnitud puede tomar días o semanas, especialmente en departamentos como Chocó, donde la conectividad y el acceso terrestre a las zonas rurales ya eran limitados antes del sismo, y donde persiste el temor, expresado por las propias autoridades nacionales, de un subregistro de víctimas en los municipios más apartados.
Cali, epicentro del drama urbano
Ninguna ciudad concentró tanta atención mediática como Cali, capital del Valle del Cauca, donde el presidente Abelardo de la Espriella —quien había asumido el cargo apenas tres días antes del terremoto— instaló un puesto de mando para coordinar la respuesta estatal. El balance de la ciudad siguió creciendo con el correr de las horas: si el primer reporte presidencial habló de 45 fallecidos y cerca de 980 heridos, el Informe Consolidado número 14 de Asocapitales, con corte a la tarde del martes, ya fijaba la cifra en 95 personas fallecidas y 997 heridas, además de 180 personas reportadas como desaparecidas, 239 atrapadas y 87 rescatadas con vida. Cali se mantiene, con esos números, como la capital con la mayor afectación humana del país.
El impacto sobre la infraestructura de salud de la ciudad fue severo. De la Espriella había detallado que tres hospitales colapsaron por completo, otros dieciocho sufrieron daños estructurales de distinta gravedad, y treinta y nueve centros educativos resultaron afectados. El alcalde Alejandro Éder, por su parte, había informado que al menos 35 estructuras colapsaron en distintos puntos de la ciudad; el consolidado más reciente de Asocapitales precisa la cifra en 56 estructuras colapsadas, 93 viviendas averiadas y tres vías colapsadas dentro del perímetro urbano, mientras el presidente calculó en su momento que cerca de cinco mil viviendas resultaron averiadas o colapsadas solo en Cali.
La emergencia sanitaria se tradujo en alerta roja hospitalaria por ocupación del cien por ciento de la capacidad en la red pública de la ciudad, que ha recibido apoyo especializado procedente de Bogotá y Medellín. A la crisis médica se sumó, en los primeros días, un problema de orden público: el alcalde Éder decretó un toque de queda entre las ocho de la noche y las seis de la mañana, luego ampliado y reinstaurado entre las nueve de la noche y las seis de la mañana, después de que se registraran reportes de amenazas de saqueo en distintos sectores de la ciudad. Las comunas 17 y 19 fueron militarizadas, con patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional y el Ejército, mientras la ciudad recibía refuerzos de decenas de rescatistas adicionales provenientes de otras regiones del país y, ya en la jornada de este miércoles, de un equipo de rescatistas expertos mexicanos —los llamados «topos»— que llegaron a la ciudad tras concluir una misión humanitaria previa en Venezuela y un contingente del Grupo de Topos de la Provincia de Córdoba en Argentina, que a la hora de publicar esta crónica estaban aterrizando en Bogotá y poniéndose a la orden del presidente De La Espriella.
El tercer día trajo también hallazgos dolorosos que ilustran la dimensión humana de la tragedia caleña. En el Conjunto Residencial Guadalupe, en el sector de Cuarto de la Legua, fueron encontradas sin vida una niña de siete años y su abuela de setenta y uno, que habían permanecido desaparecidas desde el colapso parcial de la estructura donde se encontraban; la menor había viajado desde Bogotá para pasar unos días de vacaciones. En otro hecho que conmovió a la opinión pública, el periodista y presentador José Fernando Patiño confirmó, tras casi 48 horas de búsqueda encabezada por él mismo desde el edificio colapsado, la recuperación del cuerpo de su padre. No todas las noticias, sin embargo, fueron de duelo: equipos de rescate lograron ubicar con vida, entre los escombros de un edificio de cuatro pisos en el barrio Capri, a una mujer de 31 años, en uno de los rescates que las autoridades describieron como signos de esperanza dentro de la ventana crítica de las primeras 72 horas.
El Eje Cafetero: Pereira y Manizales bajo escombros
La región cafetera, tan próxima a la memoria y a la vida cotidiana de buena parte de los lectores de esta publicación, resultó severamente golpeada. Pereira, capital de Risaralda, concentró la segunda cifra más alta de fallecidos entre las ciudades capitales, después de Cali: el Informe Consolidado número 14 la sitúa en 79 personas fallecidas y 278 heridas, con 37 personas desaparecidas y 15 atrapadas bajo escombros. En materia estructural, la ciudad reporta 92 edificios colapsados, 26 viviendas averiadas, 60 centros educativos comprometidos y alrededor de catorce vías y puentes afectados; la Alcaldía declaró calamidad pública y urgencia manifiesta, habilitó seis albergues temporales y mantenía desplegados 267 rescatistas, con otros 79 equipos de refuerzo previstos. El alcalde Mauricio Salazar había advertido desde el primer día sobre cinco centros de salud colapsados por la demanda de heridos, cortes en el suministro eléctrico, suspensión del servicio de gas y cierre total del aeropuerto de la ciudad.
Pereira fue también escenario de uno de los rescates más celebrados de toda la emergencia. Este miércoles, tras 36 horas atrapada bajo los escombros, equipos de emergencia y bomberos de Bogotá lograron rescatar con vida a Daniela Largo Sánchez, de 32 años, en un operativo que el propio presidente De la Espriella calificó como una noticia que devuelve la esperanza y motiva a continuar con los esfuerzos de recuperación en toda la zona afectada.
En Manizales, capital de Caldas, el balance más reciente registra cinco personas fallecidas y 112 heridas, cifras que se suman a los reportes iniciales del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo sobre entre veinte y treinta viviendas colapsadas, además de daños en templos religiosos y en la catedral de la ciudad, donde imágenes difundidas en redes sociales mostraron el desprendimiento de elementos religiosos y la aparición de grietas visibles en la estructura. La Alcaldía habilitó tres albergues temporales para atender a la población damnificada, mientras continuaban las inspecciones técnicas para determinar el alcance total de los daños estructurales. El presidente De la Espriella visitó personalmente la ciudad el martes, en el marco de una gira que también lo llevó a Quibdó y a Cali. El aeropuerto de Manizales fue uno de los siete —junto con los de Pereira, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y, posteriormente, el Alfonso Bonilla Aragón de Cali— que suspendieron operaciones tras el sismo, después de que la Aeronáutica Civil ordenara evaluar posibles daños estructurales en sus instalaciones.
Armenia, capital del Quindío, completa el cuadro de las cinco capitales que permanecen en alerta roja junto a Cali, Pereira, Quibdó y Manizales: aunque no registra víctimas mortales en el consolidado más reciente, sí reporta 174 personas heridas y una cantidad significativa de daños materiales.
Buenaventura, el puerto aislado
Uno de los focos de atención de esta actualización es Buenaventura, en el Valle del Cauca, cuya situación había recibido menos cobertura en las primeras horas de la emergencia. El principal puerto del país reporta 16 personas fallecidas y 258 heridas, además de 1.802 viviendas comprometidas y 127 personas damnificadas en su zona rural, en una emergencia agravada por el cierre de su única conexión terrestre con el interior del país y por una red hospitalaria que ya operaba al límite antes del sismo. La Policía Nacional desplegó capacidades adicionales en el distrito para acompañar a la comunidad y contribuir a salvaguardar el orden público, en un contexto en el que, según reportes locales, una confrontación entre integrantes de estructuras criminales derivó en un incendio dentro de un centro de detención transitoria de la ciudad.
Chocó, el epicentro que no deja de temblar
Pese a haber sido el punto de origen del terremoto, Chocó —uno de los departamentos históricamente más golpeados por el abandono estatal en Colombia— recibió inicialmente menos atención mediática que las grandes capitales. La gobernadora Nubia Córdoba reportó heridos y daños graves en las edificaciones de Quibdó, la capital departamental, sin precisar cifras exactas en las primeras horas tras el sismo. El balance más reciente de Asocapitales sitúa a Quibdó en nueve personas fallecidas y 116 heridas, cifra que se suma a las afectaciones reportadas en municipios más cercanos al epicentro, incluidos El Litoral del San Juan y Sipí.
La dificultad de acceso a estas zonas rurales, sumada a la limitada infraestructura de comunicaciones de la región, generó preocupación entre las propias autoridades nacionales sobre la posibilidad de un subregistro de víctimas. El propio expresidente Gustavo Petro pidió públicamente reforzar la atención en Chocó ante lo que describió como falta de información suficiente sobre la situación real en el epicentro del sismo. El presidente De la Espriella viajó personalmente a Quibdó antes de trasladarse a Manizales y Cali, y anunció subsidios de arriendo para las familias damnificadas en la capital chocoana, además del traslado de heridos graves hacia Medellín para garantizar su atención médica.
El departamento, además, sigue siendo escenario de nuevos episodios sísmicos. En la noche del martes 11 al miércoles 12 de agosto, un nuevo evento sísmico obligó a buena parte de los habitantes de San José del Palmar —el municipio más próximo al epicentro original— a pasar la noche en vela, en medio de una secuencia de réplicas que, según el Servicio Geológico Colombiano, superaba ya las cien: con corte a las seis de la tarde del martes se habían registrado 106 réplicas desde el sismo principal, ocho de ellas con magnitud superior a 3,0 y una superior a 4,0. Quibdó fue además escenario de un hecho que conmovió a la comunidad: Luis Alberto Rivas Salguero, conocido como «Lucho», murió tras volver a ingresar a una vivienda agrietada para auxiliar a otra persona, cuando la estructura cedió por completo.
La respuesta institucional y los riesgos que persisten
El Gobierno nacional declaró el desastre de carácter nacional pocas horas después del terremoto, una figura jurídica que permite agilizar la disposición de recursos y la coordinación entre entidades territoriales y nacionales, y decretó posteriormente tres días de duelo nacional tras confirmarse más de 180 víctimas mortales. El presidente De la Espriella ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —UNGRD— elaborar un informe integral de daños y necesidades, mientras cancelaba su agenda pública para supervisar directamente la respuesta estatal. En el ámbito educativo, el balance nacional preliminar reportó al menos cincuenta y dos escuelas afectadas en distintas regiones del país, cifra que en Pereira solamente ya asciende a sesenta centros educativos comprometidos, incluida una institución en Nilo, Cundinamarca, con daños estructurales considerados graves pese a la distancia respecto al epicentro.
La institucionalidad encargada de gestionar la emergencia también sufrió cambios en plena crisis. El Gobierno nacional oficializó este miércoles el nombramiento de David Santiago Tamayo como director en propiedad de la UNGRD, mediante decreto firmado por el propio presidente De la Espriella, en momentos en que la entidad concentra buena parte de la coordinación de la respuesta humanitaria. De manera similar, Arnaud Penent D’Izarn asumió como nuevo director de la Aeronáutica Civil, entidad responsable de la evaluación estructural de los siete aeropuertos suspendidos tras el sismo.
La solidaridad internacional no se hizo esperar y, con el paso de los días, se tradujo en compromisos concretos. El Gobierno nacional informó que ha recibido ofertas de cooperación internacional por 1.300 millones de dólares, provenientes de distintos países que ofrecieron asistencia directa con insumos, apoyo económico y envío de personal especializado; los recursos serán destinados, según la administración, a la atención de damnificados, las labores de rescate y la reconstrucción en las zonas más afectadas. Los gobiernos de Chile, República Dominicana, Panamá y Venezuela —este último también afectado por el sismo en sus zonas fronterizas— habían ofrecido desde el primer día apoyo logístico y humanitario a Colombia. A nivel interno, ciudades no directamente golpeadas por el terremoto, como Bogotá y Medellín, enviaron equipos de rescate y ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas; en la capital, el Palacio de los Deportes fue habilitado como centro de acopio de ayudas destinadas específicamente al Chocó, mientras la Universidad Pedagógica Nacional y su instituto pedagógico abrieron sus instalaciones para recibir agua, alimentos no perecederos, elementos de aseo y artículos de primeros auxilios.
No toda la conversación pública en torno a la respuesta ha sido de consenso. Un médico y exvoluntario de la Cruz Roja Colombiana generó debate al plantear públicamente que el país no necesita sumar más brigadas internacionales de rescate, argumentando que Colombia ya cuenta con una estructura amplia para emergencias urbanas de búsqueda y rescate —23 equipos USAR, un contingente de mil rescatistas, un núcleo de 170 especialistas del USAR COL-1 y una red de decenas de miles de voluntarios de la Cruz Roja y la Defensa Civil— y que el verdadero desafío radica en la coordinación, la certificación y la capacidad de actuar dentro de las primeras 72 horas, el tramo en el que se define la mayor parte de los rescates con vida.
Persisten, sin embargo, los riesgos que ya advertía el informe técnico del Servicio Geológico Colombiano analizado en la primera entrega de esta investigación. La secuencia de réplicas, aunque decreciente en frecuencia según los patrones estadísticos esperables, mantiene la amenaza de nuevos colapsos en estructuras ya debilitadas por el sismo principal, como lo demostró el nuevo evento sísmico registrado en la madrugada de este miércoles en San José del Palmar. La inestabilidad de laderas en las zonas montañosas del Chocó y del Eje Cafetero continúa siendo motivo de vigilancia, especialmente en un país donde las lluvias pueden agravar el riesgo de deslizamientos sobre suelos ya removidos por el movimiento telúrico. Y la capacidad hospitalaria, ya al límite en ciudades como Cali y Pereira, enfrenta el desafío adicional de sostener la atención médica mientras se reconstruyen o refuerzan las instalaciones dañadas.
Un dato que merece verificación adicional, y que esta investigación no da por confirmado, es la cifra total de edificaciones colapsadas a nivel nacional: mientras el más reciente consolidado de Asocapitales sitúa la cifra en 243 estructuras colapsadas en ciudades capitales —frente a las 86 reportadas apenas veinticuatro horas antes—, otros medios internacionales han citado cifras superiores a mil estructuras afectadas o colapsadas al sumar el universo completo de viviendas, comercios e infraestructura pública en todo el territorio nacional. Esta discrepancia refleja, más que un error informativo, la dificultad inherente de consolidar un catastro completo de daños en las primeras setenta y dos horas posteriores a un terremoto de esta escala, y subraya la necesidad de esperar los informes técnicos definitivos de la Ungrd antes de fijar una cifra oficial.
Lo que viene
La reconstrucción del occidente colombiano apenas comienza, y con ella se abren preguntas que trascienden el recuento inmediato de daños: la capacidad de la institucionalidad —hoy con nuevas cabezas al frente de la Ungrd y de la Aeronáutica Civil— para sostener la atención humanitaria en el mediano plazo, el estado real de la infraestructura crítica en departamentos históricamente desatendidos como Chocó, y la evaluación técnica definitiva sobre la vulnerabilidad sísmica de ciudades como Pereira, Manizales y Cali frente a futuros eventos de similar magnitud. A ello se suma ahora el interrogante sobre el destino y la fiscalización de los 1.300 millones de dólares en ayuda internacional comprometidos hasta el momento, y sobre si la ventana crítica de las 72 horas —que este miércoles todavía permitía rescatar con vida a personas como Daniela Largo en Pereira— seguirá arrojando noticias de esperanza en las horas por venir. Estas líneas de investigación, junto con el seguimiento a la evolución de la secuencia de réplicas —que al cierre de esta actualización superaba ya el centenar de eventos registrados—, seguirán siendo objeto de las próximas entregas de esta crónica.
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Fuentes
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales, Informe Consolidado N.° 14 / Boletín 151)
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)
Servicio Geológico Colombiano (SGC)
residencia de la República
Reportes de las alcaldías de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Buenaventura
