Hay noticias que uno lee dos veces porque la primera vez cree haber entendido mal. Un juzgado laboral de Bogotá le ordenó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, disculparse públicamente —en alocución de radio y televisión, con fecha y hora fijadas como quien cita a un deudor moroso— por haber invocado a Dios y por haber permitido que una imagen de la Virgen de Fátima presidiera su ceremonia de posesión el pasado 7 de agosto en Cali. Lo acompaña en la sanción el presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, obligado también a excusarse ante el país por la parte que le tocó organizar.
El origen de todo esto es una tutela presentada por un ciudadano que sintió vulnerada su libertad de conciencia al ver un momento de «invocación y alabanza» con un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote católico compartiendo el mismo atril. Más allá de si el fallo se ajusta o no a la letra de la Constitución del 91 y a la jurisprudencia sobre laicidad que arrancó con la sentencia C-350 de 1994 —materia que corresponde a los jueces de superior instancia y no a esta columna—, lo que queda flotando es una pregunta que no cabe en un expediente: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la modernidad?
Porque ahí está el asunto de fondo. No se trata de si un Estado laico debe mantener distancia de las iglesias —eso lo sabe cualquiera que haya leído el preámbulo de la Constitución—, sino de si esa distancia exige que un hombre público esconda lo que cree cuando ejerce su cargo. El juez fue explícito: no importa que hayan estado representadas tres tradiciones religiosas distintas, el problema no es la exclusión sino la sola presencia de lo religioso en un acto oficial. Léase con calma esa frase, porque ahí está la médula del debate. Ya no basta con no discriminar ni con abrir el escenario a todos los credos por igual; el pecado, según esta lectura, es que Dios haya sido nombrado, punto. Y si eso es así, entonces la pregunta que planteo no es retórica: ¿tendremos que pedir perdón por mencionar su nombre en un acto público, por elevar una oración en los momentos que consideramos trascendentales, por coronar una imagen que para millones de personas no es adorno sino consuelo?
De la Espriella cumplió el fallo el domingo 30 de agosto, minuto veintisiete de su alocución, con la disciplina de quien acata una sentencia sin dejar de ser quien es. Pidió disculpas «si ofendió a alguien», reafirmó su fe católica, pidió la bendición de Dios sobre el país y cerró con un grito de «¡Viva Cristo Rey!» que, para bien o para mal, dejó claro que una orden judicial puede torcerle el brazo a un protocolo, pero no a una convicción.
Ese gesto – disculparse y, en el mismo aliento, reafirmar la fe – es quizás el retrato más honesto de lo que le está pasando a buena parte de nuestra sociedad: cumplimos las formas que nos exige la modernidad institucional mientras seguimos creyendo exactamente lo mismo que creíamos antes de que nos pidieran perdón por ello. Y ahí hay una tensión que ningún fallo judicial resuelve, porque la fe no se legisla ni se administra desde un despacho: se vive, se hereda, se practica en la plaza y en la casa, y cuando un funcionario público la nombra en voz alta no está fundando una teocracia, está siendo, sencillamente, quien es.
Yo he pasado buena parte de mi vida bajo los tres palos, aprendiendo que hay pelotas que se atajan y otras que uno debe dejar pasar porque no van a portería. La libertad religiosa, tal como la entendemos desde Salamina hasta Bogotá, no es una pelota que amenace el arco de la neutralidad estatal: es parte del terreno de juego mismo, del suelo sobre el que se para el creyente y el no creyente por igual. Confundir la neutralidad con el silencio obligatorio es, me parece, jugar mal el partido: uno no defiende la cancha prohibiendo que se pise, la defiende garantizando que todos puedan pisarla sin que nadie les arrebate el balón. Un Estado laico no es un Estado sin alma; es un Estado que no impone una fe, pero que tampoco debería avergonzarse de que sus gobernantes, en los momentos que sienten trascendentales, la nombren.
Lo que me inquieta, entonces, no es tanto el fallo en sí —que tendrá su recorrido en las instancias que corresponda, con las apelaciones y matices que el derecho colombiano permite— sino la lógica que empieza a instalarse detrás de él: la idea de que la modernidad avanza en la medida en que la fe se repliega, se privatiza, se esconde detrás de la puerta de la casa para no incomodar a nadie en la plaza pública. Si esa lógica se consolida, no habremos ganado más libertad, habremos ganado más miedo: miedo a nombrar a Dios, miedo a persignarse frente a una cámara, miedo a que una oración se convierta en materia de tutela. Y un país que le teme a sus propias convicciones más profundas no es un país más moderno, es un país que ha decidido, sin decirlo del todo, que ciertas verdades solo pueden decirse en voz baja.
