Salamina tiene derecho a saber
Han pasado más de dos semanas desde el terremoto del 10 de agosto y Salamina continúa esperando algo elemental en cualquier emergencia pública: un balance oficial, completo, organizado y verificable de lo ocurrido en el municipio. No un video más. No una foto más. Un balance.
No estamos pidiendo un favor. Estamos reclamando información pública, que es distinto y que es un derecho, no una concesión graciosa de quien gobierna.
Queremos saber cuántas familias resultaron afectadas; cuántas viviendas presentan daños; cuáles deben ser evacuadas; qué ocurrió en el área rural; cuál es la situación de San Félix; qué daños sufrieron nuestros bienes patrimoniales; cuál es el diagnóstico técnico de la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción; qué instituciones educativas fueron afectadas; qué ayudas han llegado; de dónde provienen; cuántas se han recibido; dónde están almacenadas y bajo qué procedimiento se están entregando.
Son preguntas sencillas. Pero, sobre todo, son preguntas que una administración pública debería estar interesada en responder sin necesidad de que los ciudadanos tengan que insistir, rogar o exigir en tono de reclamo lo que ya les pertenece por derecho propio.
La emergencia no comenzó ayer. El terremoto ocurrió el 10 de agosto. Han pasado catorce días y contando, y en ese tiempo un municipio entero ha aprendido a vivir con la incertidumbre como si fuera una condición normal, como si preguntar por lo que pasó con la casa del vecino, con la escuela del corregimiento o con la Basílica que ha visto pasar generaciones fuera un exceso de curiosidad y no una necesidad legítima.
Mientras tanto, información proveniente de otras fuentes permite saber que Salamina sí está generando datos y haciendo requerimientos ante organismos departamentales y nacionales. Al 24 de agosto aparecían registradas 392 familias, correspondientes a 856 personas, y 238 viviendas averiadas en el municipio. Son cifras sujetas a actualización y verificación, pero existen. La Gobernación de Caldas también ha informado públicamente que fueron destinados a Salamina 310 kits alimentarios y 310 kits de aseo.
Entonces surge una pregunta inevitable: si la información existe para solicitar, gestionar y recibir ayudas, ¿por qué no existe también, debidamente consolidada y explicada, para informar a los ciudadanos? ¿Por qué los números aparecen cuando hay que pedir recursos, pero desaparecen cuando hay que rendir cuentas?
Gobernar una emergencia también significa informar
La comunicación pública durante una emergencia no puede reducirse a fotografías, transmisiones, reels o videos en las redes sociales personales o institucionales del alcalde. Un municipio no se gobierna desde un carrete de Instagram, por bien producido que esté.
Valoramos que el mandatario visite comunidades, entregue ayudas y acompañe a las familias. Eso forma parte de sus responsabilidades y es positivo que lo haga. Nadie en esta Revista pone en duda que recorrer las veredas, sentarse con los damnificados y mostrar la cara sean gestos que un alcalde debe hacer.
Pero una cosa es comunicar la presencia del alcalde y otra muy distinta rendir cuentas sobre la emergencia. Son dos ejercicios diferentes y no pueden confundirse ni mezclarse, porque cuando se mezclan, termina ganando la imagen y perdiendo la verdad.
Los salamineños necesitan documentos, cifras, inventarios, informes técnicos y actualizaciones oficiales. Necesitan algo que puedan consultar sin depender del algoritmo de una red social, sin esperar a que aparezca la próxima publicación, sin tener que adivinar entre líneas de una historia de veinticuatro horas.
La página web de la Alcaldía debería contener un espacio claramente visible dedicado al terremoto del 10 de agosto, actualizado permanentemente, donde cualquier ciudadano pueda conocer el estado real de la emergencia. Allí debería aparecer el número de familias censadas; viviendas destruidas, inhabitables o averiadas; afectaciones urbanas y rurales; situación de San Félix y sus veredas; edificios públicos afectados; instituciones educativas evaluadas; daños en infraestructura; conceptos técnicos disponibles y estado de los bienes patrimoniales. No es una petición extraordinaria. Es lo mínimo que cualquier administración seria hace en cualquier emergencia seria.
Especial preocupación merece precisamente nuestro patrimonio. Salamina no es cualquier conjunto urbano. Su arquitectura constituye uno de sus principales valores históricos, culturales y turísticos, ese mismo valor que nos distingue en Caldas y que ha llevado el nombre del municipio más allá de sus límites. Después de un terremoto de esta magnitud, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con la Basílica, qué inmuebles patrimoniales presentan daños, cuáles requieren intervención inmediata y cuáles pueden representar riesgos para habitantes o transeúntes.
No basta con acordonar un lugar. Necesitamos saber qué dicen los técnicos, con nombre propio, con fecha y con firma. El silencio técnico también es una forma de opacidad.
¿Dónde están las ayudas y cómo se administran?
Existe además una inquietud que merece una explicación inmediata y transparente. Ciudadanos han observado ayudas humanitarias descargadas en una vivienda particular. Si efectivamente se está utilizando una propiedad privada como lugar de almacenamiento, la Administración Municipal debe explicar públicamente por qué se tomó esa decisión, quién autorizó ese sitio, qué entidad tiene la custodia de los elementos y qué mecanismos de inventario, vigilancia y control se están aplicando.
No afirmamos que exista irregularidad alguna. Precisamente por eso pedimos información: porque la duda que no se resuelve con datos, se resuelve sola con desconfianza, y la desconfianza es el peor combustible para una emergencia.
En una emergencia, las ayudas humanitarias deben administrarse con procedimientos que no solamente sean correctos, sino que además sean visibles, verificables y capaces de generar confianza pública. No alcanza con que estén bien hechas puertas adentro; tienen que poder mostrarse puertas afuera.
Cada mercado, cada kit de aseo, cada teja, cada colchón y cada elemento recibido tiene un origen y debe tener un destino identificable dentro de los procedimientos institucionales correspondientes. La ciudadanía debería poder conocer cuánto llegó de la Nación, cuánto del Departamento, cuánto de organizaciones privadas, fundaciones, empresas y ciudadanos; dónde se almacenó; qué entidad lo recibió; quién elaboró los inventarios; cuáles fueron los criterios de priorización y cuántas familias han sido atendidas.
La solidaridad no puede administrarse como si fuera propiedad de quien aparece entregándola. Nadie dona un mercado, una teja o un colchón para que se convierta en protagonismo de nadie.
Las ayudas no tienen dueño político
También es necesario hacer una precisión institucional. Celebramos toda gestión realizada por el alcalde para conseguir recursos y apoyos. Esa es precisamente una de sus responsabilidades como jefe de la administración municipal, y sería absurdo reprocharle que la cumpla.
Pero la atención de una emergencia no es una gestión personal ni una campaña de promoción individual. Existe un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Existen organismos departamentales y municipales. Existe un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y existe una coordinación técnica local en la que intervienen funcionarios y entidades con responsabilidades determinadas.
Bomberos, Policía, organismos de socorro, funcionarios municipales, Gobernación, Nación, empresas privadas, voluntarios y ciudadanos forman parte de una enorme cadena institucional y solidaria. Nadie construye esa cadena solo. Y nadie debería apropiarse de ella como si la hubiera tejido con sus propias manos.
Por eso resulta inconveniente que la comunicación pública pueda producir la impresión de que cada ayuda conseguida o entregada constituye una dádiva personal del mandatario. Las ayudas no son del alcalde. Son para los damnificados. Los recursos públicos tampoco pertenecen a quien gobierna. Pertenecen a la sociedad. Y las donaciones privadas conservan el propósito que motivó a quienes las entregaron: ayudar a las personas afectadas, no engalanar la imagen de nadie.
Reconocer esa cadena institucional no disminuye el liderazgo del alcalde. Por el contrario, lo engrandece, porque un liderazgo que se apoya en instituciones sólidas siempre resulta más creíble que uno que se sostiene únicamente en su propia figura.
Timoteo ya preguntó. La ciudadanía también
La semana pasada, desde El Rincón de Timoteo, esta Revista planteó varias de estas inquietudes. No se hizo para obstaculizar la atención de la emergencia ni para convertir una tragedia en confrontación política. Se hizo porque preguntar es una obligación del periodismo, quizás la más elemental de todas: alguien tiene que pararse en el arco y no dejar pasar lo que no se sostiene.
Hoy debemos volver a hacerlo porque las respuestas siguen siendo insuficientes.
¿Dónde está el balance consolidado de Salamina? ¿Cuántas familias están realmente afectadas? ¿Cuántas viviendas han sido inspeccionadas? ¿Cuántas son habitables, cuántas requieren reparación y cuántas representan riesgo? ¿Qué ocurrió en las veredas? ¿Cuál es el balance específico de San Félix? ¿Qué daños sufrieron la Basílica y los demás bienes patrimoniales? ¿Cuánto ha recibido Salamina en ayudas? ¿De quién? ¿Dónde están almacenadas? ¿Cuánto se ha entregado? ¿A cuántas familias? ¿Con qué criterios?
No deberían ser preguntas incómodas para una administración pública. Deberían ser preguntas fáciles de responder cuando existen inventarios, censos, actas y procedimientos debidamente organizados. Si resultan incómodas, la incomodidad no está en quien pregunta.
No queremos más propaganda: queremos información
Salamina necesita ahora menos protagonismo y más institucionalidad. Los videos pueden continuar. Nadie pretende impedir que el alcalde informe mediante Instagram o cualquier otra red social. Pero las redes sociales son complementarias; no pueden sustituir la información pública organizada, permanente y verificable que debe ofrecer una administración municipal.
Un video desaparece entre publicaciones. Un informe permanece. Una fotografía muestra una entrega. Un inventario permite saber cuánto llegó y cuánto salió. Un discurso dice que se está trabajando. Un balance permite comprobar qué se ha hecho. Esa es la diferencia, y es una diferencia que no admite atajos.
Desde La Revista de Caldas hacemos entonces un llamado respetuoso, pero firme, al alcalde de Salamina y a la Administración Municipal: publiquen el balance. No mañana. No cuando termine la emergencia. Ahora. Y manténganlo actualizado.
Publiquen las cifras, los censos consolidados que legalmente puedan divulgarse, los informes técnicos, las ayudas recibidas, sus procedencias, los inventarios, las entregas realizadas y los criterios utilizados para priorizar a las familias. Informen qué está ocurriendo en San Félix y en las veredas. Expliquen qué sucede con nuestro patrimonio. Y aclaren, con absoluta transparencia, dónde se están almacenando y cómo se están custodiando las ayudas humanitarias.
No estamos pidiendo fotografías de quién entrega un mercado. Estamos pidiendo saber cómo está Salamina.
Porque después de un terremoto la reconstrucción no comienza solamente levantando paredes y reparando techos. También comienza reconstruyendo certezas. Y para conseguirlo hay un material indispensable que no llega en camiones, no necesita bodegas y no cuesta millones de pesos: la confianza.
Pero la confianza pública tiene una condición elemental. Se construye con información, se fortalece con transparencia y comienza diciendo la verdad completa a los ciudadanos. Salamina no está pidiendo protagonismo para nadie. Está pidiendo, con toda la firmeza que merece un pueblo que ha vivido un terremoto, el derecho más básico de todos: saber.
