Hay un huequito en la calle que llevaba tres años ahí, indiferente, acumulando agua cada vez que llovía, y que de un día para otro amaneció tapado. Nadie mandó una cuadrilla de Planeación. Nadie firmó una orden de trabajo. Lo tapó, dicen, “un vecino solidario”, con su propia gente, su propia mezcla y su propio celular grabando cada palazo de recebo para subirlo esa misma noche a las redes. Qué generosidad tan oportuna, pensará el distraído. Qué campaña tan bien armada, pensará el que lleva rato mirando este pueblo.
Porque no nos digamos mentiras: en Salamina todavía no se puede hacer campaña. La ley es clara y el calendario también. Y sin embargo hay quien ya reparte mercados casa por casa, quien ya entrega ayudas para el mercadito de la abuela sola, quien ya aparece en video ayudando al viejito a cruzar la calle con una edición tan cuidada que parece comercial de aceite de cocina. Todo bajo el disfraz impecable de la solidaridad, esa palabra que en boca de algunos ya no significa ayudar al que lo necesita, sino sembrar el nombre propio en la memoria del que vota.
¿Quién paga esos mercados? ¿Quién paga esas anchetas para las reuniones con las mujeres, con los viejitos, con las juntas de acción comunal? ¿Con qué presupuesto se tapan huecos que no están en ningún plan de obras, con qué cuadrilla, con qué materiales, contratados por quién? Estas no son preguntas retóricas de columnista aburrido: son las preguntas que cualquier veedor ciudadano tiene el derecho —y el deber— de hacer en voz alta, antes de que la costumbre nos convenza de que esto es normal.
Y es que este pueblo tiene memoria, aunque a veces finja no tenerla. Aquí hemos visto, alcaldía tras alcaldía, el mismo librito repetido con distintos actores: el que hoy jura lealtad eterna a un patrón político mañana amanece jurándole lealtad al que le ganó, con la misma sonrisa y el mismo discurso de “siempre he estado con el pueblo”. Hemos visto sueldos que no aparecen en ninguna nómina pagados por “gestión social”, cargos de gerencia que se reparten como agradecimiento y no como mérito, secretarías que cambian de dueño según quién puso los votos y no según quién sabe del oficio. Hemos visto anchetas navideñas que llegan puntuales en diciembre y desaparecen en enero, cuando ya no hay elección cerca que las justifique.
Lo más grave no es que estas cosas pasen: es que casi nunca queda nada firmado. Ese es el vicio maestro, la trampa perfecta del clientelismo criollo: todo se pacta de palabra, en la sala de un despacho o en el asiento trasero de una camioneta, y cuando llega la hora de las cuentas —porque siempre llega— no hay contrato que exigir, no hay recibo que mostrar, no hay juez que pueda obligar a devolver lo que nunca existió en papel. Se presta plata para una campaña al senado o a la cámara con la sola promesa verbal de votos entregados, y cuando esos votos terminan repartidos entre dos bandos a la vez —porque también hemos visto eso, el doble juego de asegurar cuota en ambas orillas por si acaso— el que puso el dinero se queda sin plata y sin poder reclamarla, porque ¿ante quién se queja el que pagó por algo ilegal desde el principio?
Así opera el vicio: sin membrete, sin testigo notarial, sin rastro. Se mueve en la lógica perversa de que la palabra empeñada en la política local vale más que cualquier documento, hasta que conviene que no valga nada. Y así, quien hoy reparte mercados con cámara en mano bajo el disfraz de la solidaridad, mañana puede estar cobrando una deuda de gratitud que nadie más que él sabe cuánto pesa, ni a quién más se la debe.
El mecanismo del clientelismo
El clientelismo no es un invento nuevo ni un rumor de pasillo: es un sistema aceitado que se repite administración tras administración. Funciona como una cadena de favores que nunca se rompe: cada alcalde hereda compromisos de quienes lo antecedieron, y cada concejal sabe que su lealtad se paga con sueldos invisibles, anchetas para las reuniones y promesas de oficinas creadas a la medida.
• El sueldo invisible: hay pagos mensuales que no aparecen en ninguna nómina oficial, pero que sostienen la lealtad de concejales, líderes barriales o dirigentes comunitarios. Es un salario paralelo, disfrazado de “apoyo social”, que se paga con recursos que nadie audita.
• Las reuniones con dádivas: cada encuentro con mujeres, adultos mayores o juntas comunales se convierte en escenario para repartir anchetas, regalos o ayudas. No son actos de solidaridad: son inversiones políticas con retorno asegurado en votos.
• La oficina como botín: proyectos de acuerdo que deberían fortalecer la institucionalidad terminan siendo moneda de cambio. No se crean por convicción, sino para garantizar que alguien tenga un espacio de poder y presupuesto propio.
• El trueque de partidos: las alianzas no se hacen por ideología, sino por conveniencia. Hoy se pacta con un partido, mañana con otro, y pasado mañana con todos a la vez. Lo que importa no es la coherencia política, sino la capacidad de recibir beneficios de varias orillas.
• La extorsión política: cuando el alcalde no cumple con las dádivas prometidas, la relación se rompe y se convierte en chantaje. El poder se negocia como mercancía: si no hay regalos, no hay apoyo en el concejo.
El resultado es un pueblo que empieza a acostumbrarse. La gente recibe la bolsa de víveres, agradece el gesto, se toma la foto y guarda silencio. El silencio es el fertilizante del clientelismo. Cada vez que alguien calla, cada vez que alguien acepta sin preguntar, cada vez que alguien se convence de que “algo es algo”, se fortalece la maquinaria que convierte la política en negocio privado. Y esa maquinaria no se detiene sola: necesita que alguien la nombre, que alguien la denuncie, que alguien la exponga.
La costumbre como enemigo
El problema no es solo la ilegalidad disfrazada de bondad. El problema es que la comunidad empieza a acostumbrarse. El clientelismo se alimenta del silencio ciudadano y de la resignación de pensar que “así funciona la política”. Esa resignación es la victoria más grande de quienes convierten la solidaridad en mercancía.
Majencio no está señalando a nadie en particular, porque no hace falta: quien se sienta aludido es porque se reconoce en el espejo. Lo que sí está exigiendo, como corresponde a un veedor ciudadano que no se deja comprar con un bulto de papa, es transparencia real: que quien reparte tanto, ayuda tanto y se graba tanto, le explique a Salamina de dónde sale esa plata, bajo qué figura jurídica opera esa “fundación” o ese “grupo de amigos”, y por qué el afán de hacer el bien coincide, casualmente, con el calendario electoral. Que los partidos expliquen por qué premian la lealtad cambiante en vez de castigarla. Que alguien, alguna vez, se atreva a dejar por escrito lo que durante años se ha resuelto de palabra.
La solidaridad de verdad no necesita cámara. La que sí la necesita, generalmente, está cobrando algo por adelantado. Y los vicios que no se nombran, con el tiempo, terminan sintiéndose como costumbre.
