Colombia, la tentación de la ruina y el arte de perder con dignidad

Colombia no amaneció en guerra el día en que la izquierda perdió el poder, y quizás esa sola frase debería bastarnos para medir la distancia entre lo que tememos y lo que en realidad ocurrió. No hubo tanques rodeando el Congreso ni una junta militar leyendo un comunicado marcial a las cinco de la mañana. No se clausuraron las urnas ni se desconoció con las armas la voluntad ciudadana. Ninguna columna insurgente bajó de las montañas a tomarse Bogotá como en los viejos manuales del miedo latinoamericano. Lo que hubo, sencillamente, fue una elección. Y hubo, como en todas las elecciones verdaderas, alguien que ganó y alguien que perdió, aunque a estas alturas de nuestra historia parezca que hemos olvidado que ambas palabras conviven en el mismo diccionario.

El 21 de junio de 2026 Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, y el Consejo Nacional Electoral, con la parsimonia de quien cuenta votos y no ilusiones, certificó doce millones novecientos sesenta mil ciento sesenta y seis sufragios para el ganador contra doce millones setecientos ocho mil trescientos doce para el vencido. Doscientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro votos de diferencia. Un país partido casi exactamente por la mitad, como esos frutos que al abrirse muestran dos mitades tan parecidas que cuesta creer que una de ellas haya perdido algo. En esa cifra, sin embargo, caben dos advertencias que ningún demócrata debería permitirse ignorar. La primera le pertenece a quien ganó: casi la mitad del país votó en su contra, de modo que gobernar con arrogancia o espíritu de revancha sería traicionar el sentido mismo de la investidura, porque la Presidencia no es propiedad privada de quienes marcaron una casilla, sino patrimonio de todos, incluidos quienes prefirieron al adversario. La segunda advertencia es para quien perdió, y duele más porque exige una palabra que en Colombia parece haberse vuelto casi obscena: derrota. Casi la mitad del país votó por Cepeda, es cierto, pero la otra mitad, apenas un poco más numerosa, votó distinto. Eso, en cualquier democracia adulta, tiene un nombre sencillo, y saber pronunciarlo sin rencor es también, aunque nadie lo enseñe en los colegios, una forma de virtud cívica.

Porque Colombia necesita oposición, y la necesita robusta, incómoda, casi implacable. Un gobierno sin contrapesos termina embriagado de su propio poder, y los funcionarios deben saber siempre que alguien revisará los contratos, preguntará por los nombramientos, auditará los presupuestos y denunciará los abusos antes de que se conviertan en costumbre. Protestar, en ese sentido, no es solamente legítimo: es necesario. Marchar es un derecho, criticar es un derecho, organizarse contra una reforma es un derecho, investigar al gobernante de turno es un derecho, y las democracias, si algo tienen de valioso, es que no fueron inventadas para garantizar libertad únicamente a quienes piensan como el que manda. Pero existe una frontera enorme, casi geológica, entre oponerse a un gobierno y negarse a reconocer su autoridad simplemente porque ganó el adversario, y es justamente ahí, en ese territorio incierto, donde Colombia parece haber tropezado otra vez con su propia sombra.

Antes incluso de la posesión presidencial, Iván Cepeda ya hablaba de desobediencia civil pacífica y deslizaba dudas sobre la legitimidad de De la Espriella, apoyado en cuestionamientos sobre su ciudadanía estadounidense y sobre la soberanía nacional. El 7 de agosto, mientras el nuevo mandatario juraba ante el país, Cepeda encabezaba en Barranquilla una concentración que él mismo definió como expresión de desobediencia, resistencia y soberanía popular, y que la agencia EFE describió como pacífica. Conviene detenerse en esa palabra, porque sería una injusticia atribuirle violencia a una manifestación que no la tuvo. Pero que una plaza permanezca en calma no vuelve automáticamente inocuas todas las ideas que en ella se pronuncian, y ese es, precisamente, el debate que este país debería estar dando con la cabeza fría en lugar de con las trincheras ya levantadas.

¿Qué significa, después de unas elecciones escrutadas y certificadas, decir que no se reconoce la autoridad del vencedor? La pregunta importa mucho más que el propio De la Espriella, porque algún día, inevitablemente, la izquierda volverá a ganar, y cuando eso ocurra quienes hoy defendemos el valor sagrado de las urnas tendremos la misma obligación exacta: reconocer esa victoria si fue limpia. La democracia no consiste en aplaudir solamente los resultados que nos halagan. Si mañana la derecha pierde y decide llamar a una resistencia nacional para desconocer al presidente progresista recién elegido, estaremos obligados a rechazarla con idéntica firmeza, porque de lo contrario no estaríamos defendiendo instituciones sino una simple camiseta, y las camisetas, a diferencia de las repúblicas, se cambian según sople el viento.

Preocupa, entonces, que una parte de la izquierda colombiana todavía no logre digerir políticamente que dejó de ser gobierno. Puede combatir cada proyecto del nuevo mandatario, interpelar ministros, movilizar sindicatos, acudir a las cortes, llenar plazas enteras y construir con paciencia una alternativa para 2030: todo eso es saludable, incluso deseable. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es transformar la oposición en una especie de veto permanente al mandato que las urnas confirieron, porque entonces la consigna deja de ser vamos a impedir que gobierne mal y empieza a parecerse, peligrosamente, a vamos a impedir que gobierne. Son dos frases que apenas se diferencian en el papel y que, sin embargo, separan la democracia de su caricatura.

Quizás una de las enfermedades más profundas de nuestra política sea esta costumbre de no dejar nunca de hacer campaña. Terminan las elecciones pero seguimos hablando como candidatos, seguimos dividiendo el país entre buenos y malos, seguimos convirtiendo al contradictor en enemigo, como si reconocerle algo válido al otro equivaliera a una traición ideológica. Así no se construye una nación: se construye, apenas, un cuadrilátero permanente. Porque cuando un gobierno fracasa, no fracasa solamente el presidente: fracasa Colombia entera. Si sube el desempleo, el desempleado no se pregunta si esa crisis conviene electoralmente a la derecha o a la izquierda. Si una empresa cierra sus puertas, sus trabajadores no reciben salarios ideológicos para consolarse. Si cae la inversión, si el dólar se dispara, si la violencia recrudece, si el Estado pierde territorio, si un hospital deja de atender o una carretera sigue destruida, quienes sufren esas consecuencias son colombianos de izquierda, de centro y de derecha, y sobre todo millones de ciudadanos a quienes la política, francamente, les importa bastante menos que conseguir comida, empleo, seguridad y un futuro razonable para sus hijos. Por eso hay algo profundamente mezquino en cualquier estrategia —venga de donde venga— construida sobre la esperanza de que al gobernante le vaya mal para poder regresar al poder por la puerta de las ruinas ajenas.

La oposición tiene todo el derecho de querer derrotar electoralmente al gobierno. Lo que jamás debería desear es la derrota del país. Si De la Espriella se equivoca, que la izquierda lo denuncie con todas sus fuerzas; si viola la Constitución, que acuda a las instituciones; si aparece corrupción, que la persiga hasta el final; si gobierna mal, que construya algo mejor. Pero si una política pública da resultado, tendría que tener también la grandeza de reconocerlo, porque eso, y no otra cosa, se llama oposición democrática. Lo demás corre el riesgo de convertirse simplemente en sabotaje disfrazado de principios.

Existe, además, otro campo de batalla donde Colombia parece haber trasladado buena parte de sus odios más antiguos: las redes sociales, ese territorio donde ya casi nadie conversa porque todos combaten. Allí se insulta, se destruye reputaciones en segundos, se recorta un video hasta vaciarlo de contexto, se fabrica un meme y minutos después miles de personas se indignan por algo que probablemente nunca ocurrió como se lo están contando. La Misión de Observación Electoral advirtió, durante las elecciones de 2026, sobre altísimos niveles de hostilidad en la conversación digital, y detectó en la segunda vuelta narrativas de fraude, desinformación coordinada y publicaciones que degeneraban del insulto al llamado explícito a la aniquilación física y simbólica del adversario, además de convocatorias abiertas a desconocer resultados y salir a las calles. Un informe previo de esa misma entidad había identificado ciento noventa incidencias de desinformación entre mayo de 2025 y mayo de 2026, alertando sobre polarización, radicalización y erosión de la confianza en las autoridades electorales, mientras la Fundación para la Libertad de Prensa documentaba un aumento considerable de agresiones contra periodistas y medios, muchas de ellas gestadas precisamente en esos entornos digitales.

Conviene ser rigurosos aquí. Existen, sí, bodegas digitales, comportamientos coordinados, campañas de desprestigio y propaganda disfrazada de información. Pero convertir sin pruebas toda crítica digital al nuevo gobierno en producto de una gigantesca bodega comunista cometería exactamente el mismo pecado que decimos combatir: reemplazar los hechos por una narrativa cómoda. No hace falta exagerar, porque la realidad ya es suficientemente inquietante sin necesidad de maquillaje retórico. Lo verificable es que tenemos una conversación digital tóxica, radicalizada y vulnerable a la manipulación, y que sectores militantes de todas las orillas han convertido las redes en trincheras. Lo responsable, entonces, sería documentar caso por caso quién produce cada campaña, quién la financia, quién la amplifica y por qué mecanismos, porque eso sería periodismo de verdad. Lo otro sería apenas otra bodega peleando contra la bodega de enfrente, con el país entero de rehén.

Hay, sin embargo, una paradoja incómoda que esta nueva militancia de la resistencia prefiere no mirarse en el espejo. Mientras algunos sectores dedican todas sus energías a explicar por qué el nuevo gobierno constituye una amenaza inminente, siguen apareciendo investigaciones, denuncias y escándalos heredados de la administración anterior. El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dejó una de las manchas más profundas del gobierno Petro, cuando las pesquisas sobre los carrotanques destinados a La Guajira revelaron sobrecostos que abrieron la puerta a indagaciones mucho más graves sobre una presunta red de corrupción y posibles pagos a congresistas. A esto se sumaron controversias alrededor de figuras cercanas al gobierno saliente y a la campaña de 2022: en febrero de 2026, Ricardo Roa, quien fuera gerente de aquella campaña y presidente de Ecopetrol, enfrentó imputaciones por presuntas violaciones a los topes electorales y tráfico de influencias, aunque conviene recordar, como corresponde en un Estado de derecho, que una imputación no equivale a una condena. En julio, ya sobre el final del mandato Petro, denuncias cruzadas dentro del propio gobierno volvieron a poner en el centro de la discusión pública el tráfico de influencias, mientras el propio expresidente rechazaba varias acusaciones y pedía que la Fiscalía investigara.

Todo eso debería producir una autocrítica particularmente dolorosa en una izquierda que llegó al poder prometiendo cambiar las costumbres políticas del país, porque la corrupción no se vuelve progresista cuando roba alguien que habla de justicia social, ni se convierte en revolucionaria porque quien contrata irregularmente haya marchado alguna vez contra la oligarquía. La plata pública robada sigue siendo, siempre, plata de los pobres. Esa debería ser la primera pregunta que se haga quien hoy quiere encabezar la resistencia: no solamente cómo combatir al nuevo presidente, sino por qué millones de colombianos decidieron sacar a la izquierda del poder. Las derrotas electorales también hablan, y negarse a escuchar lo que dicen es apenas el primer paso para preparar la siguiente.

Pero tampoco existe un cheque en blanco para el vencedor, y eso también hay que decirlo con la misma claridad. Defender la legitimidad de De la Espriella no obliga a nadie a convertirse en su propagandista. El nuevo gobierno lleva apenas semanas y ya varias de sus decisiones han generado cuestionamientos razonables, como la suspensión temporal de la programación informativa en las emisoras de paz, que despertó críticas de quienes temen un impacto sobre la libertad de información y sobre compromisos derivados del Acuerdo de Paz, aunque el propio Ejecutivo haya defendido la medida como parte de una revisión de contenidos y de eventuales usos propagandísticos del pasado. Esa discusión merece vigilancia permanente, igual que las decisiones en seguridad, migración, política antidrogas, medios públicos y Ecopetrol, todas ellas materias que deberán examinarse sin contemplaciones. El presidente no recibió una licencia para hacer lo que se le antoje: recibió un mandato constitucional para gobernar, y por eso mismo necesitamos una oposición capaz de decir no cuando el gobierno se equivoca, pero también suficientemente madura para decir sí cuando una medida beneficia al país. Eso, que debería ser elemental, se ha vuelto en Colombia casi revolucionario.

Gustavo Petro, por su parte, no ha desaparecido de la escena. Convertido en uno de los principales referentes de la oposición, participa junto a Iván Cepeda en iniciativas como el llamado Gabinete por la Vida, y tiene todo el derecho de hacerlo, porque fue presidente de la República y representa a millones de ciudadanos. Pero su responsabilidad histórica es hoy quizás mayor que nunca, precisamente porque puede ayudar a convertir la oposición en una fuerza democrática que vigile al gobierno sin incendiarlo, o puede contribuir a prolongar esa lógica de confrontación permanente que ha desgastado al país durante años enteros. Un expresidente puede ejercer oposición sin volverse incendiario, puede criticar sin deslegitimar las instituciones, puede defender su legado sin transformar cada decisión de su sucesor en una batalla existencial, y puede incluso demostrar algo que nuestra política parece haber olvidado por completo: que entregar el poder también forma parte, con toda dignidad, del ejercicio del poder.

Volvemos entonces a la pregunta que abre esta crónica. ¿Dónde termina la protesta pacífica y dónde comienza una estrategia de erosión de la autoridad democrática? No hay una línea pintada sobre el asfalto, pero sí hay señales que cualquiera puede reconocer si mira con honestidad. La protesta sigue siendo democrática mientras exige, cuestiona, denuncia, marcha y vigila, y comienza a resultar peligrosa cuando convierte cualquier decisión del adversario en prueba de tiranía antes de siquiera analizarla, cuando desconoce sistemáticamente la legitimidad del gobernante elegido, cuando sustituye argumentos por campañas de odio, cuando utiliza información falsa porque conviene a la causa, o cuando deja de aspirar a derrotar políticamente al gobierno y empieza a desear que el país entero fracase para poder cobrar electoramente sus ruinas. Esa advertencia vale hoy para la izquierda, y deberá valer mañana, sin excepciones, para la derecha, porque Colombia ya perdió demasiado tiempo creyendo que destruir al adversario era una forma de construir nación. No lo es, ni lo ha sido nunca.

Iván Cepeda obtuvo más de doce millones setecientos mil votos y representa una fuerza política formidable que merece respeto. Abelardo de la Espriella obtuvo más votos todavía, y por eso gobierna. Ninguna de esas dos cifras convierte en santos a quienes ganaron ni en enemigos de la patria a quienes perdieron: simplemente establece responsabilidades distintas para cada bando. Al vencedor le corresponde gobernar para todos, respetar las instituciones, contener cualquier tentación autoritaria, combatir la corrupción incluso dentro de sus propias filas y demostrar con hechos que merecía llegar hasta la Casa de Nariño. A la oposición le corresponde vigilarlo sin tregua, enfrentarlo políticamente cuando haga falta, denunciarlo cuando existan razones fundadas y prepararse, con paciencia, para volver a pedirle la confianza al país. Pero hay una responsabilidad superior que pertenece a ambos por igual, y es no incendiar a Colombia con tal de ganar la próxima elección, porque las presidencias pasan, los partidos suben y bajan, los líderes envejecen y las ideologías cambian de nombre cada cierto tiempo, pero detrás de esa gigantesca pelea política sigue existiendo, terca y silenciosa, un país de más de cincuenta millones de personas que solamente quieren vivir, trabajar, educar a sus hijos y llegar tranquilas a casa cada noche.

Tal vez haya llegado el momento de entender algo tan sencillo que casi avergüenza tener que explicarlo: que a un gobierno puede irle bien sin que eso signifique que la oposición perdió, que una oposición puede ser fuerte sin convertir al país entero en un campo de batalla, y que si al presidente de Colombia le va bien porque gobierna con acierto, también debería alegrarse quien votó en su contra, porque no es el presidente quien consigue empleo, seguridad, hospitales, carreteras o estabilidad: es Colombia. El desafío de la izquierda después de la derrota no debería ser demostrar que el nuevo mandatario es incapaz de gobernar, sino demostrar que ella misma es capaz de hacer una oposición mejor de la que hizo gobierno. Y si dentro de cuatro años considera que merece regresar al poder, que vuelva entonces a las plazas, presente sus argumentos, convenza a los ciudadanos y gane limpiamente las elecciones. Así, sin atajos ni trampas, funciona la democracia. Lo demás —la mentira organizada, la deslegitimación sistemática, el deseo secreto de que el país fracase, la política entendida como una guerra que jamás termina— no construye oposición: construye ruinas. Y Colombia, esta Colombia nuestra tantas veces herida y tantas veces necia, ya ha vivido demasiado tiempo entre ellas.