Costos sociales y económicos del consumo de drogas
Ante la reiteración de las quejas por el expendio y consumo de drogas en la población joven de Salamina (Caldas), surge, además de la preocupación por la seguridad ciudadana, la inquietud por las consecuencias subsecuentes de esta situación, pues no se trata de una problemática de índole individual sino de un fenómeno que erosiona el tejido social y debilita la economía local. La tesis básica puede ser esta: cuando un joven cae en el consumo problemático, no se afecta solo su salud; también se reduce su estabilidad educativa, su capacidad laboral futura y su aporte al desarrollo local.
Socialmente, el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes se refleja en deterioro del rendimiento y mayor riesgo de deserción escolar, problemas de salud mental, conflictos familiares y rupturas en las relaciones interpersonales. También se asocia con conductas de riesgo, accidentes, violencia y mayor vulnerabilidad frente a explotación o involucramiento en economías ilegales. En términos comunitarios, esto debilita la convivencia y aumenta la percepción de inseguridad. Además, el entorno donde se ubican los sitios de expendio y consumo se transforma inhabitable con desplazamiento de los habitantes regulares. La salud mental es un desafío que debe ocupar lugar predominante en la agenda de las autoridades.
En el plano económico, el costo aparece en varias capas. Hay costos directos: atención médica, urgencias, salud mental, rehabilitación y, en algunos casos, intervención judicial o policial; y costos indirectos: ausentismo escolar y laboral, menor productividad, abandono educativo y pérdida de ingreso futuro. Estudios de impacto social y económico muestran que estos efectos se acumulan sobre la economía de hogares, municipios y sistemas públicos, con pérdidas por ausentismo, quizás muertes y menor productividad.
En un municipio de sexta categoría como Salamina, ese golpe se siente más porque la economía suele depender de pocos sectores y de redes de confianza. Si aumenta el consumo problemático entre jóvenes, también pueden disminuir la permanencia escolar, la inserción laboral temprana y la formación de capital humano, que es precisamente la base del crecimiento local. Además, cuando el problema se asocia con violencia o microtráfico, se desincentiva la inversión, cae el comercio y puede resentirse el turismo y la vida normal.
Como ya se mencionó, conviene subrayar que el problema no se explica solo por decisiones individuales. También intervienen factores como presión de pares, desprotección familiar, exclusión, desigualdad, estigmatización y falta de oportunidades. Por eso, el consumo problemático suele centrarse donde hay más fragilidad institucional, zonas subnormales y débiles o inexistentes redes de apoyo. Esta es una alerta ya advertida desde tiempo atrás. Ojalá que los sucesos judiciales ocurridos en días pasados en el área de influencia de un sector deprimido del municipio, reconocido como de expendio y consumo de drogas, sean hechos aislados y no el inicio de una cadena delictiva creciente. Lamentables de todas formas.
En salud pública, el consumo de drogas sigue siendo una carga importante a nivel mundial y regional. La OPS/OMS (Organización Mundial de la Salud), señala que más de 316 millones de personas usaron drogas en el último año, lo que equivale aproximadamente al 6% de la población de 15 a 64 años. En jóvenes, el inicio temprano se asocia con mayor riesgo de dependencia y con problemas persistentes en la vida adulta.
Consultadas algunas fuentes oficiales en este tema se puede concluir que, a nivel departamental, las autoridades judiciales y de policía (DECAL – Departamento de Policía Caldas y la Policía Metropolitana de Manizales) identifican el microtráfico (tráfico, fabricación o porte de estupefacientes) como la principal dinámica impulsora de la delincuencia común e instrumentalización de menores. La criminalidad en Salamina, por su parte, no se manifiesta mediante la violencia extrema (baja incidencia de homicidios), sino a través de una cadena de micro delitos (hurto de menor cuantía, riñas y alteración de la convivencia) directamente alimentada por la demanda de sustancias psicoactivas. Fuente: SIEDCO (Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional)
Para un municipio, esto implica más demanda de servicios de urgencias, atención psicológica, psiquiátrica y familiar, así como necesidad de prevención escolar y comunitaria. También hay un efecto sobre la salud colectiva: accidentes, autolesiones, violencia interpersonal y contagios asociados a prácticas de riesgo cuando existen consumos problemáticos. En otras palabras, el consumo no “queda en la persona”; se convierte en un asunto comunal y de protección social.
El impacto sobre el desarrollo local es profundo porque afecta el capital humano, la productividad y la cohesión social. Un municipio con más jóvenes fuera del sistema educativo, con trayectorias laborales interrumpidas y con hogares tensionados por el consumo ve reducirse su capacidad de crecimiento sostenido. A mediano plazo, eso se traduce en menor emprendimiento, más gasto social y menos atractivo para proyectos productivos. Cuando el entorno se vuelve más violento o más informal por economías ilegales, el territorio puede entrar en un ciclo negativo: menos inversión, más desempleo, más informalidad y más migración de familias que buscan ambientes más seguros. Para un pueblo pequeño, esta pérdida de confianza es decisiva, porque el desarrollo local depende mucho de la reputación del lugar, la estabilidad del entorno y la disposición de la gente a permanecer e invertir allí.
A manera de conclusión y desde la óptica de las teorías económicas se puede afirmar que las externalidades que impactan el desarrollo de una población, dejan ver que, el consumo no solo afecta al usuario; genera costos para la familia, la escuela, el barrio, la policía y el sistema de salud, es decir, costos que no paga solo quien consume y como ya se dijo, cuando el consumo se conecta con microtráfico, extorsión o inseguridad, cae la producción, sube el desempleo y se debilitan los negocios locales.
Como recomendación, tal vez como una obviedad, conviene insistir en que prevenir es más barato, más humano y más eficaz que reparar tarde los daños, y que una comunidad pequeña tiene una ventaja: puede reaccionar con más coordinación entre escuela, familia, iglesia, comercio, juntas de acción comunal y autoridades. El motivo de unión puede plantearse como: proteger a la juventud no es un gasto asistencial, sino una inversión en el futuro local. La necesidad de abordar la problemática no solo desde la persecución penal del expendio, sino mediante políticas de salud pública e inclusión social para evitar que el menudeo degrade el tejido social de nuestro municipio, orgullo patrimonial, que entre todos debemos proteger.
