La historia de los gobiernos no la escriben los discursos, ni las fotografías cuidadosamente editadas para las redes sociales, ni los videos institucionales que buscan mostrar una realidad distinta a la que efectivamente viven los ciudadanos. La historia termina escrita por los resultados. Y cuando esos resultados provienen de organismos oficiales del Estado colombiano, dejan de ser una opinión más para convertirse en un espejo difícil de romper. Ese espejo acaba de reflejar una imagen preocupante para Salamina, y desde La Revista de Caldas consideramos que callarla sería una forma de complicidad con el silencio.
Los indicadores oficiales publicados para la vigencia 2025 por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública muestran un municipio rezagado en aspectos fundamentales de la gestión pública. No son cifras elaboradas por la oposición política, ni por un medio de comunicación con intereses particulares, ni por un ciudadano inconforme. Son indicadores construidos por el propio Estado colombiano para medir, con criterios técnicos y comparables, qué tan eficientemente gobiernan las administraciones municipales del país. Y la fotografía que dejan esos indicadores está muy lejos de la imagen de progreso que diariamente difunden las redes institucionales de la Alcaldía de Salamina.
Los resultados oficiales muestran un municipio ubicado entre los últimos lugares de Caldas en indicadores de desempeño administrativo. Esa realidad obliga a abrir, desde esta editorial, un debate serio y documentado sobre la gestión del gobierno municipal. Porque gobernar no consiste únicamente en comunicar. Gobernar significa ejecutar. Y allí aparece el primer gran contraste que esta publicación no puede pasar por alto: mientras las plataformas institucionales publican diariamente inauguraciones, reuniones, anuncios, visitas, fotografías, videos y mensajes optimistas, los indicadores oficiales muestran que el municipio no avanza al ritmo prometido. No es una percepción editorial. Es una medición del propio Estado. Y las mediciones existen precisamente para evitar que el éxito o el fracaso de un gobierno dependan únicamente de su capacidad para comunicar.
Durante estos años los salamineños han sido testigos de una presencia constante del alcalde en Facebook e Instagram. La administración produce una importante cantidad de contenido audiovisual mostrando actividades oficiales, reuniones, recorridos y anuncios de proyectos. Esa estrategia de comunicación es legítima dentro del ejercicio gubernamental, y esta redacción no cuestiona el derecho de ninguna administración a informar sobre su gestión. El interrogante que nos ocupa surge cuando esa narrativa institucional contrasta de manera tan marcada con los resultados medidos por organismos nacionales independientes. Porque una administración no se evalúa por la cantidad de publicaciones que realiza. Se evalúa por los resultados que efectivamente entrega a su comunidad. Y en ese terreno, las cifras oficiales hablan con una claridad que ninguna estrategia de comunicación puede ocultar.
Uno de los aspectos que más preocupa a esta dirección editorial es la escasa materialización de muchas de las promesas que acompañaron el plan de desarrollo. El matadero municipal continúa siendo una deuda pendiente para el sector productivo del municipio, un proyecto postergado que afecta directamente la economía ganadera y comercial de la región. San Félix permanece durante un prolongado período sin corregidor, situación que generó múltiples inquietudes entre sus habitantes y que evidenció una desatención institucional hacia uno de los corregimientos más representativos del municipio. Varias iniciativas anunciadas para ese territorio siguen esperando avances visibles. La infraestructura prometida no logra consolidarse. Y muchas expectativas creadas durante la campaña electoral permanecen, hasta el día de hoy, en el terreno de los anuncios sin materializar.
En materia cultural tampoco es posible identificar, desde el análisis que hace esta redacción, un proyecto transformador que marque de manera indeleble este gobierno. Paradójicamente, el Bicentenario de Salamina, una fecha llamada a convertirse en el mayor acontecimiento histórico y cultural de las últimas décadas, terminó sin dejar un legado proporcional a su importancia. La celebración pasó sin consolidar obras permanentes, procesos culturales de largo alcance o inversiones significativas que fortalecieran el patrimonio del municipio para las próximas generaciones. Muchas de las actividades culturales más relevantes desarrolladas durante este período provinieron de instituciones nacionales y departamentales, como el Banco de la República y la Secretaría de Cultura de Caldas, cuya programación enriqueció por cuenta propia la agenda local. Sin embargo, ello también plantea, desde esta editorial, una pregunta legítima sobre el liderazgo real de la administración municipal en la construcción de una política cultural propia y sostenible.
Mientras tanto, la agenda institucional pareció concentrarse con frecuencia en eventos recreativos, festividades y actividades que generaban una importante presencia en redes sociales, pero cuya incidencia estructural sobre el desarrollo del municipio resulta, cuando menos, difícil de identificar con evidencia concreta. Un gobierno necesita celebrar a su comunidad. Pero también necesita transformarla. Y la transformación, de acuerdo con los indicadores disponibles, todavía no aparece con la fuerza que se prometió en campaña.
El problema que esta editorial quiere subrayar no consiste en comunicar. Toda administración tiene el deber legítimo de informar a sus ciudadanos. El problema aparece cuando la comunicación comienza a ocupar el lugar de la gestión. Cuando las imágenes sustituyen los resultados. Cuando los videos reemplazan las obras. Cuando el relato institucional termina siendo más grande que la realidad que debería representar. Los indicadores oficiales parecen advertir, con toda su frialdad técnica, precisamente esa distancia.
Otro aspecto que esta dirección editorial considera que merece una reflexión profunda es el acceso a la información pública. Durante este gobierno se presentó un conflicto jurídico relacionado con el ejercicio periodístico y el acceso a información de interés ciudadano, situación que incluso llegó al conocimiento de la jurisdicción constitucional mediante una acción de tutela. Más allá de las posiciones asumidas por cada una de las partes dentro del proceso judicial, el episodio evidencia una relación compleja entre la administración y algunos sectores del periodismo independiente que ejercen su labor en el municipio. En una democracia sólida, la crítica periodística no debería interpretarse como un ataque personal, sino como una herramienta legítima de control ciudadano. Los gobernantes pasan. Las instituciones permanecen. Y el periodismo cumple precisamente la función de vigilar el ejercicio del poder, tarea que esta publicación asume como parte irrenunciable de su misión.
La contratación pública constituye otro tema sobre el cual esta redacción considera legítimo plantear preguntas abiertas. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones de gasto, cuáles fueron los criterios técnicos utilizados en determinadas adquisiciones y cómo se garantiza la pluralidad de oferentes en los procesos contractuales del municipio. La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos en plataformas oficiales. También implica generar confianza mediante explicaciones claras, oportunas y verificables frente a los cuestionamientos que puedan surgir desde la sociedad civil y desde la prensa. Porque cada peso administrado por un alcalde pertenece a los ciudadanos. Y toda decisión pública debe soportar el escrutinio ciudadano sin excepciones.
Algunos procesos contractuales conocidos durante esta administración han despertado interrogantes públicos sobre sus costos, la participación reiterada de determinados proveedores y los criterios utilizados para la adjudicación. Corresponde a los organismos de control y a las autoridades competentes determinar si existe alguna irregularidad en dichos procesos. Entretanto, el deber de este medio consiste en preguntar, documentar y promover el debate público sobre la correcta utilización de los recursos del Estado en Salamina. Esa es, precisamente, la esencia del control político y social que esta publicación se propone ejercer: preguntar, contrastar, verificar y publicar. No para destruir gobiernos, sino para fortalecer la democracia municipal. Porque ningún alcalde debería temerle a las preguntas cuando los resultados acompañan su gestión. Pero cuando las cifras oficiales muestran un desempeño preocupante, las preguntas dejan de ser una opción editorial para convertirse en una obligación institucional de la prensa regional.
La administración del alcalde Manuel Fermín Giraldo todavía tiene tiempo para corregir el rumbo. Aún restan decisiones importantes por tomar y proyectos que podrían recuperar la confianza ciudadana antes de que concluya el periodo de gobierno. Sin embargo, esta editorial no puede dejar de advertir que el tiempo político avanza más rápido que el tiempo administrativo. Cada año que pasa sin resultados pesa más que cualquier campaña institucional, por bien producida que esté. Cada promesa incumplida erosiona la credibilidad de las instituciones locales. Cada oportunidad perdida termina convirtiéndose en un costo colectivo para todo el municipio y para las generaciones que heredarán sus consecuencias.
Salamina no necesita únicamente una administración que comunique con eficacia. Necesita una administración que transforme. Que gestione con rigor. Que ejecute con transparencia. Que convierta los planes de desarrollo en realidades visibles, medibles y verificables para todos sus ciudadanos, sin distinción de sector político ni de cercanía al poder. Porque al final los gobiernos no serán recordados por la calidad de sus fotografías ni por el alcance de sus publicaciones en redes sociales. Serán recordados por las escuelas que construyeron, las vías que pavimentaron, los hospitales que fortalecieron, los proyectos productivos que impulsaron, el patrimonio cultural que protegieron y las oportunidades que dejaron sembradas para las nuevas generaciones.
Las redes sociales podrán acumular miles de «me gusta». Pero la historia, como bien lo sabe cualquier lector atento de la vida pública colombiana, siempre termina escribiéndose con resultados. Y hoy, esos resultados oficiales invitan a esta redacción, y a toda la comunidad salamineña, a una reflexión profunda sobre el presente y el futuro del municipio. El mayor desafío de esta administración ya no consiste en convencer a los ciudadanos de que las cosas marchan bien. Consiste en demostrar, con hechos medibles y verificables, que el municipio puede recuperar el rumbo y traducir las promesas de campaña en una gestión que deje huella más allá de los discursos institucionales.
Sólo así, con obras y no con relatos, podrá cerrarse la brecha cada vez más ancha entre la narrativa institucional que se difunde a diario y la realidad que reflejan, sin concesiones, los indicadores oficiales del Estado colombiano. Y solo así, también, esta publicación podrá dar cuenta, en su próxima edición, de un municipio que empieza a cerrar esa distancia entre lo que se anuncia y lo que efectivamente ocurre en el territorio.
Un comentario
Salamina no merece ese Alcalde que tiene un verdadero desastre no lo digo yo lo dicen laa estadísticas entonces tres años perdidos da tristeza que solo esta para llenar sus bolsillos no debio hacerse elegir para gobernar a Salamina reclama obras de envergadura que paso con los dineros del Bicentenario bién manejados no habria necesidad de ese empréstito acá es donde va a sacar plata verguenza quién nos gobierna