Un juzgado ordenó este miércoles 2 de septiembre el arresto por tres días del alcalde de Salamina, Manuel Fermín Giraldo Gutiérrez, y de la comisaria de Familia del municipio, Claudia Patricia López Valencia, tras encontrarlos responsables de desacatar la sentencia N.º 73 del 26 de noviembre pasado. La medida deberá cumplirse en la estación de Policía local y viene acompañada de una multa de 2 millones 629 mil pesos para cada uno de los sancionados, según conoció LA PATRIA.
El origen del caso está en la tutela interpuesta por una mujer que denunció hechos de violencia intrafamiliar y reclamó que se le informara sobre las acciones adelantadas frente a su caso, así como la entrega de los documentos que las respaldaran. La accionante también pidió que se explicaran las razones por las que no se continuó con el trámite de la medida de protección provisional ya iniciada, ni se activaron las demás rutas contempladas en los protocolos de atención a víctimas de violencia intrafamiliar.
La sentencia original había ordenado dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 2126 de 2021, que exige remitir este tipo de casos a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el delito de violencia intrafamiliar y los posibles delitos conexos.
Ante el incumplimiento, la apoderada de la mujer, Jeniffer Cotacio Monsalve, promovió el incidente de desacato el 17 de julio. Cuatro días después, mediante el Auto 398, el despacho judicial requirió por primera vez tanto a la comisaria como al alcalde —en su condición de superior jerárquico— para que en dos días acreditaran el cumplimiento de la sentencia. La funcionaria respondió el 24 de julio asegurando que el fallo ya se había cumplido de manera material y continua, mientras que el alcalde guardó silencio frente al requerimiento.
El juzgado no encontró satisfactoria esa respuesta. En el Auto 442 del 30 de julio consideró que se trataba de afirmaciones genéricas de gestión, sin fecha ni soporte documental que probara la realización de la audiencia de pruebas y fallo exigida por el artículo 11 de la Ley 294 de 1996. Frente al silencio persistente del alcalde, el despacho formuló un segundo y último requerimiento, advirtiendo que, de no obtener una respuesta satisfactoria, procedería directamente a abrir el incidente contra ambos funcionarios.
Ese fue finalmente el desenlace. El juzgado concluyó que a la fecha no se ha acreditado el cumplimiento del fallo y calificó la conducta de los sancionados como «negligencia y desinterés en dar cumplimiento al fallo judicial», un comportamiento que, según la decisión, permite inferir dolo o culpa grave y que hacía procedente la sanción como medio para garantizar el cumplimiento de la orden constitucional. La providencia advierte además que, pese al arresto y la multa, ambos funcionarios continúan obligados a cumplir lo ordenado en el fallo de tutela, y dispuso compulsar copias de todo lo actuado ante la autoridad penal para que se investigue un posible delito de fraude a resolución judicial.
Consultada por LA PATRIA, la abogada de la afectada señaló que las medidas de protección hacen parte de una obligación constitucional de cumplimiento obligatorio, y que la demora en su ejecución termina profundizando la vulneración de derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar.
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Colofón
Esta noticia llega apenas unos días después de que la Junta Administradora Local de San Félix denunciara públicamente, en la crónica «San Félix lleva tres años sin corregidor y el alcalde mira para otro lado», el mismo patrón que hoy confirma un juzgado: silencios que se prolongan, requerimientos que no se responden a tiempo y una Administración que parece administrar la dilación con la misma disciplina con la que debería administrar el municipio. Un alcalde que guarda silencio ante un juzgado que le exige cuentas por el incumplimiento de una tutela sobre violencia intrafamiliar es, apenas, la misma figura que durante tres años ha guardado silencio ante un corregimiento entero que reclama una autoridad propia.
Por eso, y como corolario directo de ambas historias, convocamos a las fuerzas activas de San Félix, a los sanfeleños residenciados en Salamina y a todos los salamineños que quieran acompañar, a un plantón de respaldo a los integrantes de la Junta Administradora Local de San Félix, este próximo sábado a las 10:00 a.m., frente al Palacio Municipal de Salamina. Es momento de que la comunidad se haga presente y le recuerde a la Administración que ni San Félix ni las víctimas de violencia intrafamiliar en Salamina están dispuestas a seguir esperando.
