Una cosa es hablar de innovación y otra muy distinta saber cómo llevarla a un municipio. Esa distancia quedó a la vista en el Proyecto de Acuerdo N.º 012 de 2026, que la Alcaldía de Salamina presentó al Concejo para adoptar una política pública de ciencia, tecnología e innovación con enfoque en cultura y turismo.
La idea merece respaldo. Salamina necesita modernizar sus actividades productivas, mejorar la conectividad rural, llevar la tecnología a las escuelas y usar las herramientas digitales para conservar y divulgar su patrimonio. Sobre eso no debería haber discusión. Lo que preocupa es la calidad del documento con que se pretende lograrlo.
Después de revisar las 16 páginas del expediente, que incluyen el documento técnico, el proyecto de Acuerdo, la exposición de motivos y una certificación de Planeación, queda la impresión de que la Administración sabe muy bien lo que quiere anunciar, pero no ha explicado cómo lo va a hacer. Y una política que pretende orientar el desarrollo del municipio hasta 2035 exige mucho más trabajo que este.
Primero hay que saber dónde estamos
El diagnóstico reconoce problemas que todos conocemos: mala conectividad rural, poca inversión en investigación, jóvenes que se van, escasa formación tecnológica y débil relación entre los colegios y los sectores productivos. Hasta ahí, ninguna revelación. Cualquier salamineño que conozca las veredas podría enumerar varios de esos males sin contratar un estudio.
Pero una política pública se sostiene en datos que se puedan verificar, y aquí no hay ninguno. No sabemos cuántas familias rurales no tienen internet, cuántas escuelas cuentan con equipos suficientes, qué porcentaje de los productores usa herramientas digitales ni cuánto ha invertido el municipio en innovación en los últimos años. Tampoco hay una caracterización que distinga entre la cabecera, San Félix y las veredas. Es difícil entender cómo se pretende cerrar una brecha que nunca se midió.
El documento habla de fortalecer la conectividad, pero no dice cuántas personas están desconectadas. Promete fomentar la innovación, pero no sabe cuántos emprendimientos necesitan acompañamiento. Propone mejorar las competencias digitales, pero no describe cómo están hoy los estudiantes y los docentes. Así, dentro de cinco o diez años nadie podrá comprobar si hubo avance. Si una administración futura anuncia que aumentó la conectividad rural, alguien tendrá que preguntarle cuánto y frente a qué punto de partida. Con este expediente, no habrá respuesta.
Cinco ejes que se volvieron cuatro
Hay un detalle que dice mucho de cómo se preparó el expediente. El documento técnico establece cinco ejes estratégicos. El quinto, Gobernanza e Institucionalidad, incluye el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación y la articulación con universidades y otras entidades. Pero cuando se llega al artículo tercero del proyecto de Acuerdo, los cinco ejes son cuatro, y Gobernanza e Institucionalidad desaparece de la lista.
Es cierto que otro artículo crea el Consejo, pero eso no borra la contradicción. ¿Cómo es posible que uno de los componentes centrales de la política quede por fuera del artículo que define sus ejes? No hablamos de una coma mal puesta. Hablamos de un documento oficial que pretende orientar decisiones durante casi una década y que debió revisarse con cuidado antes de llegar al Concejo. Exigir que los textos de una misma propuesta coincidan entre sí no es pedir demasiado.
Las metas aparecen y luego se pierden
El documento técnico propone capacitar a 100 emprendedores rurales, instalar cinco nuevas zonas WiFi comunitarias antes de 2035, realizar una feria anual de ciencia y tecnología y firmar tres alianzas con instituciones educativas. Son metas concretas, aunque habría que discutir si alcanzan. Lo extraño es que el artículo cuarto del Acuerdo no las recoge. En su lugar aparecen indicadores generales sobre acceso a las tecnologías, innovación y una plataforma turística bilingüe.
Para ser exactos, el artículo primero incorpora el documento técnico como parte de la política, de modo que jurídicamente esas metas no desaparecen. Lo que ocurre es que se quedan sin una programación operativa y presupuestal precisa, y eso las deja en el aire. ¿Por qué 100 emprendedores y no 200? ¿Cómo se llegó a esa cifra? ¿Cuántos se formarían cada año, en qué veredas y quién pagaría los cursos? Con las zonas WiFi pasa igual: no se sabe dónde irían, a cuánta gente atenderían, con qué criterios se escogerían los lugares ni quién asumiría el mantenimiento y el funcionamiento.
Cinco puntos de conexión sirven para una foto de inauguración. Que funcionen durante años y que la comunidad los aproveche exige planeación, recursos y responsables, y eso es justamente lo que una política pública debería asegurar.
Una política rural sin voz rural asegurada
El proyecto crea un Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología, Innovación, Cultura y Turismo, con representantes de la Alcaldía, el Concejo, las instituciones educativas, los sectores productivos y las organizaciones culturales y comunitarias. Suena bien. Pero el artículo quinto no garantiza de forma expresa la representación de San Félix ni de las comunidades veredales. Menciona al sector agropecuario, pero no fija ningún mecanismo para que participen quienes viven y trabajan en el campo.
Eso es muy difícil de justificar en una propuesta que apunta, en buena parte, a la innovación rural. ¿Quién va a explicar en el Consejo las necesidades de un productor de San Félix? ¿Quién llevará los problemas tecnológicos de las veredas, o los de las comunidades que todavía batallan por tener comunicaciones básicas? Decir que habrá participación no basta. Hay que definir cómo se eligen los representantes, cuántos serán, qué sectores tendrán voz y cómo rendirán cuentas. Si no, el resultado será otro organismo que se reúne de vez en cuando, firma algunas actas y no pesa en las decisiones que afectan a la gente.
¿Y la plata de dónde saldrá?
Aquí está uno de los asuntos más graves. El proyecto menciona recursos municipales, aportes departamentales y nacionales, cooperación internacional y alianzas con particulares. El documento técnico agrega los recursos del Sistema General de Regalías, que, curiosamente, no aparecen de manera expresa en el artículo sexto del Acuerdo. Pero lo más delicado es que no hay un presupuesto detallado.
No sabemos cuánto costaría ejecutar la política hasta 2035. No se conoce el valor estimado de las capacitaciones, los laboratorios rurales, las becas, las ferias científicas ni la plataforma turística, y tampoco hay una programación financiera que indique cuánto habría que invertir cada año. Se enumeran posibles fuentes, pero no se distingue entre el dinero que ya existe y el que habría que conseguir, y esa diferencia es enorme. Identificar oportunidades de financiación es una cosa; tener los recursos en la mano es otra muy distinta.
La ciencia necesita investigadores, equipos y continuidad. La tecnología necesita infraestructura y mantenimiento. La innovación pide inversión y acompañamiento. Nada de eso se paga con discursos. Nadie exige que hoy esté asegurado hasta el último peso de 2035. Se pide algo elemental: saber cuánto podrían costar las promesas que se llevan al Concejo.
El turismo no se desarrolla con una plataforma
Salamina pertenece a la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y tiene condiciones culturales y naturales que se podrían aprovechar mucho mejor. Su arquitectura, sus paisajes, la historia de sus artesanos, San Félix y el Valle de la Samaria ofrecen posibilidades que aún esperan organización y proyectos bien armados. Sin embargo, una de las principales metas específicas del articulado es diseñar e implementar una plataforma turística bilingüe.
La herramienta puede servir. Lo inaceptable es confundir una página web con el desarrollo turístico del municipio. El turismo necesita prestadores capacitados, servicios de calidad, información confiable, protección ambiental y una estrategia comercial, además de coordinación entre quienes ofrecen alojamiento, comida, transporte, recorridos y experiencias culturales. Una plataforma puede ayudar a reunir y divulgar esa oferta, pero antes hay que saber qué problema resolvería, cómo se articularía con las iniciativas que ya existen y quién la mantendría actualizada.
Sería lamentable gastar en una herramienta costosa que termine como otro sitio abandonado en internet. En Salamina conocemos bien los proyectos que arrancan con entusiasmo y se quedan sin nadie que los sostenga. Convendría aprender de esas experiencias antes de comprometer nuevos recursos.
La cultura merece mucho más
El proyecto lleva la cultura en el título, pero la desarrolla poco. Habla de patrimonio y de apropiación social del conocimiento, y propone clubes de ciencia, ferias y actividades comunitarias. No hay, en cambio, metas concretas para digitalizar archivos históricos, preservar documentos antiguos, registrar testimonios, investigar oficios tradicionales ni crear herramientas que divulguen el patrimonio arquitectónico.
Y Salamina tiene con qué. Muchos documentos familiares, fotografías, archivos y testimonios andan dispersos, algunos expuestos al deterioro y otros en riesgo de perderse con sus dueños. La ciencia y la tecnología podrían ayudar a conservarlos y ponerlos al alcance de estudiantes, investigadores y ciudadanos. Ese sería un ejemplo real de innovación aplicada a la cultura. Pero eso exige inventarios, equipos, personal preparado, convenios y recursos. Escribir que se fortalecerá la identidad cultural no alcanza.
La participación que no aparece
La introducción asegura que la política se construyó de manera participativa. Sería bueno saber cómo. En las 16 páginas revisadas no hay actas de reuniones comunitarias, resultados de encuestas, lista de participantes ni una explicación de la metodología. Eso no significa que esas actividades no se hayan hecho; los soportes podrían estar en otros documentos. Pero el expediente entregado no permite comprobarlo, y tratándose de una política que comprometería decisiones hasta 2035, la participación de la comunidad debería estar bien documentada.
¿Se consultó a los docentes rurales, a los productores agropecuarios, a los prestadores turísticos, a los jóvenes, a los habitantes de San Félix? El Concejo debería conocer esas respuestas. Una política no se vuelve participativa porque sus redactores repitan la palabra. La participación tiene que poder demostrarse.
Una certificación que pide explicaciones
Entre los anexos aparece una certificación de la Secretaría de Planeación Municipal, fechada en octubre de 2026, según la cual el proyecto está incluido en el Plan de Desarrollo 2024-2027, es viable y se relaciona con los instrumentos de inversión del municipio. Merece atención, no porque haya razones para desconocerla de entrada, sino porque convendría conocer los estudios que la respaldan.
¿Cómo se evaluó la viabilidad de una política cuyo expediente no trae un presupuesto detallado? ¿Qué proyectos concretos se examinaron? ¿Dónde está el análisis financiero? ¿Qué metas del Plan de Desarrollo corresponden a lo que se propone? La Administración debe facilitar esa información. Una certificación oficial es importante, pero no sustituye la obligación de explicar técnicamente cómo se ejecutará una política de largo plazo.
¿Quién va a responder?
Las responsabilidades institucionales también quedaron flojas. El documento técnico dice que la Secretaría General y de Gobierno coordinará la ejecución, y el artículo séptimo dispone que Planeación presentará un informe anual al Concejo. Las dos funciones pueden convivir, pero el proyecto debería aclarar qué dependencia dirige el proceso, quién formula los proyectos, quién gestiona los recursos y quién verifica los resultados.
Tampoco exige que los informes se presenten por zonas. Así, dentro de unos años una administración podrá mostrar cifras globales de personas capacitadas o proyectos ejecutados sin que los concejales puedan saber qué llegó realmente a San Félix o a las veredas. La información pública debe permitir comprobar dónde se invirtió el dinero y qué recibió cada comunidad. No es cuestión de más papeleo, sino de saber si la inversión cumple su propósito.
El problema no es la idea, es cómo se presenta
El documento tiene planteamientos que vale la pena desarrollar: la formación tecnológica de los docentes, las oportunidades para los jóvenes, las herramientas digitales para los productores y la conservación del patrimonio. Por eso decepciona encontrar una propuesta tan llena de generalidades y tan escasa en herramientas de ejecución.
Esto no es un proyecto para instalar unos cuantos computadores el año entrante. Se le pide al Concejo que adopte una política con horizonte en 2035, una responsabilidad que trasciende a la administración que la presenta. En ese tiempo pasarán varios gobiernos, y por eso el Acuerdo debería dejar una estructura lo bastante sólida para que las próximas administraciones continúen los proyectos, evalúen los avances y corrijan las fallas. En cambio, el texto deja demasiadas decisiones esenciales para después. Y cuando una política pública aplaza sus presupuestos, cronogramas, responsables y mecanismos de evaluación, corre el riesgo de quedarse en el papel.
Al Concejo le toca hacer su trabajo
El Concejo Municipal tiene una responsabilidad concreta. No le basta con verificar que el proyecto trae citas legales, exposición de motivos y las firmas correspondientes. Debe examinar el contenido: preguntar por los costos, revisar las metas, exigir el diagnóstico, escuchar a las comunidades y pedir que se corrijan las contradicciones entre el documento técnico y el articulado antes de aprobarlo.
Nadie pretende impedir que Salamina tenga una política de ciencia, tecnología e innovación. Lo que se quiere es que tenga una buena. Si para lograrlo hay que devolver el texto para que lo completen, corregir sus artículos o pedir documentos adicionales, eso hace parte del trabajo de los concejales. Aprobar un proyecto débil para luego celebrar que el municipio ya tiene otra política pública sería un pésimo servicio a la comunidad. Los acuerdos no se miden por las páginas que ocupan ni por los comunicados que generan, sino por lo que permiten hacer.
Derecho de réplica
Este análisis se basa en el expediente tal como fue entregado al Concejo, y puede haber soportes, estudios o actas que no hacen parte de él. Por eso La Revista de Caldas ofrece sus páginas a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Planeación y a la Secretaría General y de Gobierno para que expliquen el presupuesto de la política, los soportes del proceso participativo y las diferencias entre el documento técnico y el articulado. Cualquier respuesta, aclaración o documento que nos hagan llegar será publicado íntegro y con el mismo despliegue que este texto. Criticar con firmeza una propuesta no impide escuchar a quienes la presentan; al contrario, obliga a hacerlo.
Salamina merece algo mejor
Lo que más inquieta es que el proyecto llega justo cuando la tecnología podría ayudar a resolver problemas concretos del municipio: estudiantes rurales que necesitan mejores oportunidades, productores que podrían beneficiarse de herramientas digitales, jóvenes con ganas de emprender y un patrimonio cultural que urge documentar y proteger. La ciencia y la innovación pueden contribuir a todo eso, pero necesitan proyectos serios, con información, presupuestos, responsables y metas que se puedan comprobar.
El documento presentado al Concejo trae propósitos razonables, pero aún no desarrolla las condiciones para cumplirlos. No hay que descartarlo del todo. Hay que trabajarlo mucho mejor, y eso es lo que debería hacer la Administración antes de pedir su aprobación definitiva. Resulta contradictorio proponer una política de innovación que, desde su formulación, muestra tan poco rigor en lo más elemental de la planeación.
Salamina necesita ciencia y tecnología. Lo que no necesita es otra política pública que termine archivada después de la foto de su aprobación.
