Caminar por la Calle Real de Salamina en una tarde despejada es un deleite para cualquiera que venga de afuera. La luz del sol pega de refilón contra los aleros tallados por el maestro Eliseo Tangarife, los helechos cuelgan rollizos de los balcones en chambrana de cedro y en cada esquina un grupo de visitantes levanta los celulares buscando el mejor ángulo. «La Ciudad Luz de Colombia», repiten con aire de postal. El guía turístico habla con pasión de la arquitectura de la colonización antioqueña, los cafés sirven tazas humeantes de café especial a precio internacional y desde los despachos de la Alcaldía no falta el boletín de prensa que infla el pecho celebrando que seguimos firmes en la Red de Pueblos Patrimonio.
Todo eso suena muy bonito en los discursos de inauguración y en los folletos a todo color que imprimen para las ferias de turismo. Pero basta cruzar el zaguán de cualquiera de esas casonas centenarias, cerrar el portón y quedarse a solas con el silencio del patio para que la postal se desmorone sin contemplaciones.
Adentro no hay aplausos. Lo que hay es un olor penetrante a madera vieja que pelea contra la humedad de la niebla caldense, un piso de tablón que cruje como si fuera a ceder al siguiente paso y un balde plástico —a veces dos, a veces cinco— puesto con resignación sobre una alfombra raída para atajar la gotera que empezó hace tres inviernos.
Ser dueño de una casa patrimonial en Salamina se ha convertido en una condena silenciosa que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Para el forastero y para la administración municipal, usted es el afortunado custodio de la memoria viva de la patria. Para su propio bolsillo, usted es un rehén amarrado a una mole de bahareque y teja de barro que devora salarios mínimos sin dar nada a cambio, salvo quebraderos de cabeza y cuentas de cobro.
El verdadero problema no es que las casas envejezcan. Toda obra humana se cansa con los años, y más en una cordillera donde llueve ocho meses al año y la tierra tiembla cuando le da la gana. El lío mayúsculo, la herida que no cierra, es la indolencia con la que el municipio trata a los propietarios de estas viviendas. Desde las oficinas del palacio municipal la consigna parece clara: exigir el cien por ciento del rigor patrimonial, pero desentenderse del cien por ciento de las soluciones.
Si a usted se le pudre un pie de amigo o una solera del balcón que da a la calle, intente arreglarlo rápido para que no le caiga en la cabeza a un transeúnte. Inmediatamente aparece la maquinaria burocrática. Que el Ministerio de Cultura dice esto, que la junta de patrimonio municipal dice aquello, que el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) prohíbe tocar tal viga sin un estudio técnico previo, que necesita contratar un arquitecto restaurador avalado, que la madera debe ser aserrada bajo ciertas especificaciones y que el trámite de la licencia puede tardar seis meses, un año, o lo que tarde en resolverse el papeleo entre Manizales y Bogotá.
Mientras los sellos y las firmas van y vienen por escritorios donde la tinta nunca se gasta, la carcoma no pide permiso ni descansa los fines de semana. La broma se cuenta sola: para sancionar si usted clava una puntilla fuera de norma, las autoridades locales tienen ojos de lince y reflejos de gacela; pero para ofrecer un subsidio, una rebaja tributaria real o un banco de materiales que le alivie el golpe al bolsillo, de repente quedan sordas, ciegas y mudas.
A los señores de la administración se les olvida un detalle elemental: la inmensa mayoría de quienes heredaron estas casas no son potentados terratenientes ni empresarios hoteleros que amasan fortunas. Son adultos mayores, viudas viviendo de pensiones mínimas, o familias trabajadoras que ya hacen malabares para pagar los servicios públicos y hacer el mercado de la quincena. Decirle a una familia salamineña que debe invertir cuarenta o cincuenta millones de pesos en restaurar una cubierta con métodos tradicionales de calicanto y guadua seleccionada, sin ofrecerle un solo peso de cofinanciación, no es política cultural; es cinismo puro y duro.
El resultado de ese desamparo institucional está a la vista de quien quiera caminar sin el filtro de Instagram puesto. Casas amarradas con lonas verdes para que no se desplomen sobre la calzada, patios clausurados porque el techo ya colapsó sobre las antiguas habitaciones del servicio, y propietarios arrinconados en dos piecitas del frente porque el resto del inmueble es zona de riesgo no declarada.
Ahí es donde empieza a rondar la tentación más peligrosa de todas, la que nadie confiesa en el parque pero todos comentan en voz baja en la botica: el desahucio por desgaste. El dueño se cansa de mendigar permisos que no llegan y de pedir rebajas en un predial que le cobran como si tuviera un palacio versallesco en vez de una trampa de madera podrida. Entonces, la decisión se toma sin pronunciar palabra: dejar que la naturaleza haga el trabajo sucio. Que la gotera abra camino, que la viga madre se quiebre por su propio peso en una noche de aguacero bravo, y que la tapia finalmente bese el pavimento. Total, cuando la ruina es irreversible y la casa termina convertida en un lote baldío, la pesadilla de mantenerla viva se acaba, aunque el alma del pueblo pierda un pedazo para siempre.
¿De verdad la administración municipal cree que el patrimonio se sostiene solo con orgullo patririo y proclamas líricas?
Si quisieran hacer la tarea en serio, empezarían por bajarse de la nube y mirar lo que otros lugares del mundo han entendido hace décadas. Cuidar la historia cuesta plata, y si la comunidad entera se beneficia de esa historia a través del turismo, del comercio y del renombre del municipio, la carga no puede caer exclusivamente sobre las espaldas del ciudadano que duerme bajo ese techo.
Hay caminos de sobra si existiera voluntad política de verdad. Se podría empezar por exenciones drásticas en el impuesto predial unificadas a la inversión comprobada que el dueño haga en su fachada o estructura. Podría crearse un taller escuela permanente de oficios tradicionales —que además daría empleo y rescataría la sabiduría de los viejos carpinteros y alarifes salamineños— para subsidiar la mano de obra en las viviendas más vulnerables. Se podrían gestionar fondos mixtos con el departamento y la empresa privada para compras conjuntas de madera legalizada y tejas de barro a precio de costo, sin intermediarios que le saquen el jugo a la necesidad ajena. Se podrían simplificar las ventanillas de trámites para obras de primeros auxilios estructurales, en lugar de tratar a cada dueño como si fuera un delincuente ambiental que planea derribar un templo.
Nada de eso es brujería ni requiere presupuestos multimillonarios. Requiere algo más escaso: empatía, calle y sentido común. Requiere entender que las casas patrimoniales no son museos de cera deshabitados ni maquetas para que los burócratas muestren indicadores de gestión en las rendiciones de cuentas. Son hogares donde vive gente de carne y hueso que sufre cada vez que truena duro en la cordillera.
Si la administración de turno sigue mirando para el techo mientras los techos de Salamina se caen a pedazos, llegará el día en que la Ciudad Luz se quede a oscuras, convertida en un cascarón vacío de parqueaderos y bodegas con fachadas falsas de cartón yeso. Para ese momento, no habrá festival cultural ni reinado que tape la vergüenza de haber dejado morir a fuego lento a los verdaderos guardianes de nuestra historia. Mantener viva la memoria colectiva es un deber de todos; dejar que la pague uno solo es una canallada.
